Agencias – En relación a la posibilidad de que el Gobierno de la Generalidad se plantee denunciar a la Guardia Civil o al juez que ha ordenado los interrogatorios a altos cargos del Gobierno catalán por el referéndum ilegal del 1-O -entre ellos al secretario general de Presidencia de la Generalidad, Joaquim Nin, y al director general de Atención Ciudadana- el ministro ha dicho que se encuadra dentro de las «reglas del Estado de derecho». Madrid (España), miércoles 26 de julio de 2017. Fotografía: La secretaria de Relaciones de la Administración de Justicia de Cataluña, Patricia Gomá, frente al ministro de Justicia, Rafael Catalá, durante la Conferencia Sectorial celebrada junto con los consejeros de Justicia de las comunidades autónomas que tienen transferida esta competencia, hoy en el Ministerio de Justicia de Madrid. Efe.
«Si estimamos que la decisión incumple la normativa estatal o autonómica procederíamos a su impugnación», ha dicho el ministro en la rueda de prensa celebrada al término de la conferencia sectorial de Justicia.
Sin embargo, Catalá ha precisado que lo primero es «estudiarlo» por parte de los servicios jurídicos del Gobierno, de la Abogacía del Estado y del Consejo de Estado pero que, en cualquier caso, «la obligación de todos los gobiernos es que se cumpla las leyes en España porque nadie esta por encima de la ley».
Precisamente hoy el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha solicitado un dictamen urgente del Consejo de Estado sobre la citada reforma, que pretende acotar los plazos de debate y tramitación de propuestas legislativas con las que los partidos separatistas catalanes quieren impulsar una separación rápida de España.
Catalá también ha hecho hincapié en la «responsabilidad tan relevante que tiene el poder legislativo» de aprobar leyes, la cual «parece que debería estar acompañada de un procedimiento de debate y análisis».
Por eso, para Catalá, «suprimir todas esas formalidades para hacer trámites exprés no parece muy concorde con la labor de un Parlamento».
«Algunos que promueven y solicitan el diálogo para algunas cosas parece que no quieren diálogos sino fórmulas exprés que imponen las minorías a las mayorías de forma inmediata», ha añadido.
En relación a la posibilidad de que el Gobierno de la Generalidad se plantee denunciar a la Guardia Civil o al juez que ha ordenado los interrogatorios a altos cargos del Gobierno catalán por el referéndum ilegal del 1-O -entre ellos al secretario general de Presidencia de la Generalidad, Joaquim Nin, y al director general de Atención Ciudadana- el ministro ha dicho que se encuadra dentro de las «reglas del Estado de derecho».
Y ha recordado que «si consideran que se ha violentado algún derecho» pueden ponerlo en conocimiento de un tribunal y que éste decida.
