rtve – La Comisión Europea había fijado un objetivo para 2015 del 4,2% del PIB. La cifra de déficit público no incluye las ayudas a la banca del pasado año. Montoro señala a las autonomías como las responsables del desvío. Anuncia la aplicación de la ley de estabilidad financiera a las incumplidoras. Bruselas muestra su «gran sorpresa» y pide al Gobierno que «reaccione». El Gobierno defendió hasta febrero que cumpliría con sus compromisos. Barcelona, 31 de marzo 2016. Fotografía: El ministro de Hacienda del gobierno en funciones de España, Cristobal Montoro, durante la rueda de prensa. Foto imágenes del vídeo de rueda de prensa. lasvocesdelpueblo.
Diferencias entre INE y Hacienda: Las cifras ofrecidas por el Ministerio de Hacienda son ligeramente diferentes a los datos publicados también este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (ver .PDF). Ambos coinciden en señalar que el déficit público de España en 2015 fue de 56.608 millones de euros (incluidas las ayudas bancarias), cifra equivalente al 5,23% del PIB.
La diferencia viene al cuantificar las ayudas al sector financiero -que no computan en el procedimiento de déficit excesivo- y que el INE estima en 547 millones y Hacienda, en 853 millones. Descontándolas, el déficit público de España sería de 56.061 millones según Estadística (5,18% del PIB) y de 55.755 millones de euros según Hacienda (5,16% del PIB).
España cerró el año 2015 con un déficit público de 55.755 millones de euros, equivalente al 5,16% del PIB, según ha anunciado este jueves el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas en funciones, Cristóbal Montoro, quien ha responsabilizado «principalmente» a las comunidades autónomas del desvío en casi un punto del objetivo del 4,2% fijado por Bruselas que supone más de 10.650 millones de euros.
La cifra de déficit del año pasado, que no incluye las ayudas a la banca, es inferior al 5,8% de 2014. Si se incluyen las ayudas al sector financiero, España habría reducido el déficit público en el último año en 4.711 millones, desde los 61.319 millones de euros de 2014 a los 56.608 de 2015.
Según las cifras de Hacienda, el desvío de las regiones ha sido de casi un punto ya que finalizaron con un déficit del 1,66% del PIB frente al 0,7% pactado. Por este motivo, Montoro ha anunciado que -siguiendo las recomendaciones de la Comisión Europea- el Gobierno ha decidido aplicar la Ley de Estabilidad Presupuestaria y «exigir el cumplimiento estricto» de la ‘regla de gasto’ a las incumplidoras, todas salvo Canarias, Galicia y País Vasco. Estas tres regiones demuestran, según Montoro, «que el objetivo era ambicioso, pero posible».
«El trámite (para aplicar la ley de estabilidad) empieza con el envío de una carta en la que se insta a las comunidades autónomas que hagan un acuerdo de no disponibilidad (de gasto) que garantice que los recursos (que se les destinan) no van a ir a incrementar el gasto este año», ha asegurado el ministro de Hacienda en funciones, que ha subrayado que «no se le piden recortes» sino que se les insta «a que no aumenten el gasto público sobre lo que ya están haciendo».
En la rueda de prensa donde ha presentado los datos, Montoro ha anunciado que pedirá la comparecencia ante la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas del Congreso para explicar los datos y las actuaciones de su Departamento para corregir la desviación de las comunidades autónomas.
La Seguridad Social duplica el objetivo de déficit
Montoro ha reconocido también que la Seguridad Social ha duplicado su objetivo de déficit (cerró en el 1,26% del PIB, frente al objetivo 0,6%), pero que su desvío se podría haber compensado gracias a los resultados de la Administración Central -que, según el ministro en funciones ha «cumplido sobradamente» al cerrar con un déficit del 2,76% frente a su objetivo del 2,9%- y al superávit de las corporaciones locales, que fue del 0,44% del PIB (inferior al 0,57% de 2014 y superior al equilibrio estimado).
El ministro de Hacienda en funciones ha defendido, no obstante, que el déficit de la Seguridad Social procede de la necesidad de financiar las pensiones. «Nosotros no congelamos las pensiones. Y si (el gasto en pensiones) está creciendo al 3%, hay que decirlo también a la sociedad. Y si hay que financiar el incremento de las pensiones de otra forma, hagámoslo», ha defendido Montoro, para quien este es un debate que deben hacer todas las fuerzas políticas ya que «las cotizaciones no son suficientes».
Según los datos proporcionados por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, los ingresos por cotizaciones aumentaron un 1,75% en 2015 (132.333 millones de euros) respecto al año anterior, lejos del 6,8% presupuestado pese al aumento del empleo. Esta circunstancia se puede explicar en buena parte -según denuncian los sindicatos- por la política de bonificaciones para contratar desplegada por el Ejecutivo, por la precariedad del empleo creado y por la devaluación salarial fruto de la reforma laboral del Gobierno del PP.
Defensa del impacto de la reforma fiscal
Según Hacienda, el efecto de la reforma fiscal es una reducción de ingresos por IRPF y Sociedades de 7.867 millones de euros en el periodo acumulado 2015-2016, un incremento del PIB de 0,36 puntos y un aumento del empleo de 0,6 puntos. «¿Si no hubieramos bajado impuestos habríamos tenido esa recaudación tributaria, ese crecimiento y ese empleo? Mi respuesta es ‘no'», ha defendido Montoro.
Los datos publicados por el Ministerio señalan una subida de los ingresos tributarios totales del 4% respecto al año anterior. No obstante, también reflejan una caída de la recaudación por IRPF del 0,4% respecto a 2014, hasta los 72.346 millones de euros, algo a lo que Montoro ha restado importancia por dos motivos: apenas se ha perdido recaudación y la liquidación se encuentra en niveles similares a los de 2007.
El ministro de Hacienda en funciones sí que ha admitido que aún queda camino por recorrer en el caso de del Impuesto de Sociedades, que alcanzó los 20.649 millones de euros, un 10,3% más que en 2014, pero que está lejos de los 44.823 millones recaudados en 2007.
Mientras, el secretario de Estado de Hacienda en funciones, Miguel Ferre, ha destacado el aumento de la recaudación por IVA, que creció un 7,4%, gracias -en su opinión- a la buena marcha de la demanda doméstica y del consumo por la mayor liquidez que tienen los hogares gracias a la rebaja del IRPF. Los gastos totales, mientras, aumentaron un 0,45% respecto al año anterior, hasta los 468.056 millones de euros. Del total, el 40% correspondió a la partida de ‘gasto en protección social’.
España cerró el año 2015 con un déficit público de 55.755 millones de euros, equivalente al 5,16% del PIB, según ha anunciado este jueves el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas en funciones, Cristóbal Montoro, quien ha responsabilizado «principalmente» a las comunidades autónomas del desvío en casi un punto del objetivo del 4,2% fijado por Bruselas que supone más de 10.650 millones de euros.
La cifra de déficit del año pasado, que no incluye las ayudas a la banca, es inferior al 5,8% de 2014. Si se incluyen las ayudas al sector financiero, España habría reducido el déficit público en el último año en 4.711 millones, desde los 61.319 millones de euros de 2014 a los 56.608 de 2015.
Según las cifras de Hacienda, el desvío de las regiones ha sido de casi un punto ya que finalizaron con un déficit del 1,66% del PIB frente al 0,7% pactado. Por este motivo, Montoro ha anunciado que -siguiendo las recomendaciones de la Comisión Europea- el Gobierno ha decidido aplicar la Ley de Estabilidad Presupuestaria y «exigir el cumplimiento estricto» de la ‘regla de gasto’ a las incumplidoras, todas salvo Canarias, Galicia y País Vasco. Estas tres regiones demuestran, según Montoro, «que el objetivo era ambicioso, pero posible».
«El trámite (para aplicar la ley de estabilidad) empieza con el envío de una carta en la que se insta a las comunidades autónomas que hagan un acuerdo de no disponibilidad (de gasto) que garantice que los recursos (que se les destinan) no van a ir a incrementar el gasto este año», ha asegurado el ministro de Hacienda en funciones, que ha subrayado que «no se le piden recortes» sino que se les insta «a que no aumenten el gasto público sobre lo que ya están haciendo».
En la rueda de prensa donde ha presentado los datos, Montoro ha anunciado que pedirá la comparecencia ante la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas del Congreso para explicar los datos y las actuaciones de su Departamento para corregir la desviación de las comunidades autónomas.
La Seguridad Social duplica el objetivo de déficit
Montoro ha reconocido también que la Seguridad Social ha duplicado su objetivo de déficit (cerró en el 1,26% del PIB, frente al objetivo 0,6%), pero que su desvío se podría haber compensado gracias a los resultados de la Administración Central -que, según el ministro en funciones ha «cumplido sobradamente» al cerrar con un déficit del 2,76% frente a su objetivo del 2,9%- y al superávit de las corporaciones locales, que fue del 0,44% del PIB (inferior al 0,57% de 2014 y superior al equilibrio estimado).
El ministro de Hacienda en funciones ha defendido, no obstante, que el déficit de la Seguridad Social procede de la necesidad de financiar las pensiones. «Nosotros no congelamos las pensiones. Y si (el gasto en pensiones) está creciendo al 3%, hay que decirlo también a la sociedad. Y si hay que financiar el incremento de las pensiones de otra forma, hagámoslo», ha defendido Montoro, para quien este es un debate que deben hacer todas las fuerzas políticas ya que «las cotizaciones no son suficientes».
Según los datos proporcionados por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, los ingresos por cotizaciones aumentaron un 1,75% en 2015 (132.333 millones de euros) respecto al año anterior, lejos del 6,8% presupuestado pese al aumento del empleo. Esta circunstancia se puede explicar en buena parte -según denuncian los sindicatos- por la política de bonificaciones para contratar desplegada por el Ejecutivo, por la precariedad del empleo creado y por la devaluación salarial fruto de la reforma laboral del Gobierno del PP.
Defensa del impacto de la reforma fiscal
Según Hacienda, el efecto de la reforma fiscal es una reducción de ingresos por IRPF y Sociedades de 7.867 millones de euros en el periodo acumulado 2015-2016, un incremento del PIB de 0,36 puntos y un aumento del empleo de 0,6 puntos. «¿Si no hubieramos bajado impuestos habríamos tenido esa recaudación tributaria, ese crecimiento y ese empleo? Mi respuesta es ‘no'», ha defendido Montoro.
Los datos publicados por el Ministerio señalan una subida de los ingresos tributarios totales del 4% respecto al año anterior. No obstante, también reflejan una caída de la recaudación por IRPF del 0,4% respecto a 2014, hasta los 72.346 millones de euros, algo a lo que Montoro ha restado importancia por dos motivos: apenas se ha perdido recaudación y la liquidación se encuentra en niveles similares a los de 2007.
El ministro de Hacienda en funciones sí que ha admitido que aún queda camino por recorrer en el caso de del Impuesto de Sociedades, que alcanzó los 20.649 millones de euros, un 10,3% más que en 2014, pero que está lejos de los 44.823 millones recaudados en 2007. Mientras, el secretario de Estado de Hacienda en funciones, Miguel Ferre, ha destacado el aumento de la recaudación por IVA, que creció un 7,4%, gracias -en su opinión- a la buena marcha de la demanda doméstica y del consumo por la mayor liquidez que tienen los hogares gracias a la rebaja del IRPF.
Los gastos totales, mientras, aumentaron un 0,45% respecto al año anterior, hasta los 468.056 millones de euros. Del total, el 40% correspondió a la partida de ‘gasto en protección social’.
El Gobierno dijo que cumpliría, pero rectificó
El Gobierno mantuvo hasta el pasado día 11 de febrero que cumpliría con el objetivo déficit gracias, fundamentalmente, a la recuperación económica -y por consiguiente al incremento de la recaudación fiscal-. Incluso después de concentrar en 2015 toda la bajada de impuestos prevista en la reforma fiscal para dos años, el Ejecutivo insistía en que España iba a cumplir. Sin embargo, el pasado 15 de octubre el Ejecutivo notificó a Bruselas que no lo haría y anticipaba que cerraría el año con un déficit del 4,4% (un desvío de dos décimas).
La Comisión Europea ha alertado en numerosas ocasiones al Gobierno el riesgo de incumplir con el déficit. En octubre de 2015 estimó que España cerraría el año con un 4,5%, cifra que elevó al 4,8% en el mes de noviembre. Aún entonces el Ejecutivo negaba de forma tajante un incumplimiento de los compromisos adquiridos y rechazaba la necesidad de hacer nuevos recortes ante el aviso de Bruselas.
El discurso cambió el pasado 11 de febrero, cuando el presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, adelantó que el déficit de 2015 se había situado en el 4,5% del PIB.
El incumplimiento del déficit por parte de España
De esta forma, y teniendo en cuenta el cambio del cálculo del Producto Interior Bruto y la mayor flexibilidad concedida por Bruselas, España vuelve a incumplir con sus compromisos con Bruselas, lo que le puede acarrear incluso sanciones económicas.
En 2012 el país acabó con un déficit de 108.903 millones, el 10,3% del PIB (en concreto 10,32%). Según Eurostat, entonces, sin contar las ayudas a la banca el déficit de España se situó en el 6,7% (6,69% en concreto), que equivalen a 70.614 millones de euros. Estadística cuantifica las ayudas al sistema financiero en 38.289 millones, el 3,6% del PIB (en concreto el 3,63%). El país no cumplió con el objetivo fijado en julio de 2012 pese a que entonces Bruselas dio aire a España y le permitió cerrar el año con un déficit del 6,3%, sin ayudas bancarias.
En 2013, el déficit español se situó en el 6,3% sin contar las ayudas a la banca, por debajo del 6,5% comprometido con Bruselas antes de la revisión del cálculo del PIB, por el cambio del cálculo del PIB. El déficit total (incluyendo las ayudas a la banca) fue del 6,8%. Sin la revisión del PIB, España había cerrado el año 2013 una décima por encima de lo comprometido con sus socios, en el 6,6%.
En 2014, España cerró con un déficit público del 5,8% de su Producto Interior Bruto (PIB), excluida la ayuda pública a la banca. Ese porcentaje se eleva hasta el 5,9% si se incluyen dichas ayudas. Esto supone que el país cumplió con el objetivo marcado por Bruselas para ese año y que era del 5,8% sin contar las ayudas bancarias.
