Lasvocesdelpueblo y Agencias – El Gobierno sostiene que la resolución es inconstitucional porque «supone un nuevo intento del Parlament de iniciar un proceso unilateral que desemboque en la proclamación de una hipotética República». La portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, ha destacado que el dictamen, señala, no obstante, que esa resolución supone un «grave atentado al principio de lealtad institucional» y una declaración política que degrada las formas de Estado español y los principios democráticos que la Constitución consagra, y que comportan una «total falta de respeto» a la más alta magistratura del Estado. Madrid (España), viernes 26 de octubre de 2018. Fotografía: BARCELONA (ESPAÑA), 11.10.2018. El presidente de la Generalitat Quim Torra (d) el vicepresidente, Pere Aragonès y la consejera de la Presidencia, Elsa Artadi al inicio del pleno del Parlamento de Cataluña. El Parlamento de Cataluña ha aprobado hoy una resolución que rechaza y condena el posicionamiento del Rey en el «conflicto catalán» así como su «justificación de la violencia» policial el 1-0, y aboga por la abolición de la institución monárquica, que califica de «caduca y antidemocrática». Efe
La portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, ha anunciado hoy que el Ejecutivo recurrirá al Tribunal Constitucional la resolución del Parlament de Cataluña en la que se reprueba al Rey pese a que el Consejo de Estado ha considerado que este recurso no es el cauce «idóneo».
En la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, que se ha celebrado en Sevilla, Celaá ha explicado que el Gobierno lo hace por «sentido de Estado», ya que entiende que la resolución del Parlament es «inconstitucional», aunque, en todo caso, «respeta» la resolución del Consejo de Estado.
El Gobierno sostiene que la resolución es inconstitucional porque «supone un nuevo intento del Parlament de iniciar un proceso unilateral que desemboque en la proclamación de una hipotética República».
Considera además que su «intento de abolición de la monarquía» y su «atraque injustificado al Rey» es inadmisible y representa una «extralimitación de sus funciones».
El Consejo de Estado, sin embargo, entiende que la resolución del Parlament es «netamente política, no jurídica» y señala que ese tipo de mociones parlamentarias «no se integran en el ordenamiento ni producen efectos jurídicos».
Celaá ha destacado que el dictamen, señala, no obstante, que esa resolución supone un «grave atentado al principio de lealtad institucional» y una declaración política que degrada las formas de Estado español y los principios democráticos que la Constitución consagra, y que comportan una «total falta de respeto» a la más alta magistratura del Estado.
