Ceuta/Madrid (España), martes 25 de agosto de 2026 (Efe).- El Gobierno de España ha aprobado este martes el real decreto que declara la «Situación de Interés para la Seguridad Nacional» en Ceuta, una medida que permanecerá inicialmente vigente hasta el 31 de diciembre de 2026, aunque podrá prorrogarse si las circunstancias lo hacen necesario. El Ejecutivo también contempla la posibilidad de una finalización anticipada si la evolución de la crisis permite levantar antes la declaración.
Según el texto del real decreto, la gestión de la crisis tendrá una «permanencia temporal indeterminada», pese a que se fija como horizonte inicial el final del año.
El Gobierno justifica la medida por una situación que, a su juicio, está «alterando el normal funcionamiento de las administraciones públicas» y ha superado sus capacidades ordinarias en ámbitos como la gestión, acogida, asistencia y seguridad ciudadana.
El Ejecutivo considera necesaria una intervención coordinada de los recursos estatales y locales para hacer frente a la situación y garantizar la continuidad de los servicios esenciales en la ciudad autónoma.
La declaración podrá ser prorrogada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, previo informe del Consejo de Seguridad Nacional.
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El Real Decreto también contempla la posibilidad de modificar el «alcance material o geográfico» de la declaración, de forma que pueda extenderse más allá de Ceuta si fuera necesario.
Al mismo tiempo, la norma deja abierta la posibilidad de una finalización anticipada si desaparecen las circunstancias que han motivado la activación de este mecanismo.
Un mando funcional bajo la dirección de Ángel Víctor Torres Pérez
El real decreto establece la creación de una autoridad funcional al frente de la respuesta a la crisis, responsabilidad que recaerá en el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres Pérez.
Entre sus funciones estará dirigir o coordinar los recursos movilizados en Ceuta, impulsar las medidas necesarias para preservar los servicios esenciales y gestionar los apoyos logísticos que puedan requerirse, incluidos aquellos vinculados a centros que eventualmente puedan habilitarse en otros puntos del territorio nacional.
El Gobierno precisa, no obstante, que esta autoridad funcional no modificará la titularidad de las competencias de las distintas administraciones implicadas ni alterará las relaciones orgánicas o las cadenas de mando establecidas legalmente.
La estructura diseñada pretende, por tanto, centralizar la coordinación de la respuesta sin modificar las competencias que corresponden a cada administración.
Todos los organismos públicos deberán colaborar
La norma establece además una obligación de colaboración para todas las administraciones públicas, organismos y entidades implicados, que deberán aportar los medios humanos y materiales que se encuentren bajo su dependencia cuando sean necesarios para afrontar la situación.
En la gestión de la crisis estarán implicados distintos departamentos ministeriales, entre ellos Asuntos Exteriores; Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes; Defensa; Hacienda; Interior; Transportes y Movilidad Sostenible; Política Territorial y Memoria Democrática; Economía, Comercio y Empresa; Sanidad; Inclusión, Seguridad Social y Migraciones; y Juventud e Infancia.
El Ejecutivo contempla asimismo la participación del resto de ministerios cuando sea necesaria para responder a las necesidades de Ceuta y garantizar el mantenimiento de los servicios esenciales.
Además de recursos humanos y materiales, la colaboración podrá incluir apoyo logístico, técnico, tecnológico y administrativo para las actuaciones que se desarrollen en el marco de la declaración.