Lasvocesdelpueblo y Agencias – La Ejecutiva del presidente Pedro Sánchez (PSOE) llevará ante el Tribunal Constitucional (TC) las tres leyes racistas que el fascismo reactivó este jueves: la Ley del referéndum del 1-O, la Constituyente de la República neonazi y la Ley de Transitoriedad de Cataluña hacia la República amarilla que los neonazis aprobaron ayer, jueves 5 de julio de 2018, en la cámara regional catalana. Estas leyes se conocen en el mundo racista en Cataluña como ‘Declaración del 9-N de 2015’. Además, aprobaron hacer presidente al huido golpista Carles Puigdemont a distancia. También reactivaron todas las leyes de su supuestos estado suspendidas por el Tribunal Constitucional los últimos años. Así ha asegurado hoy la portavoz del Gobierno de la Nación en rueda de prensa posterior al Consejo de ministros. Madrid (España), viernes 6 de julio de 2018. Fotografía: MADRID (ESPAÑA), 06.07.2018. La portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, durante la rueda de prensa posterior el Consejo de Ministros. Efe.
El Gobierno de Pedro Sánchez ha anunciado hoy que prepara una impugnación ante el Constitucional de la moción aprobada ayer en el Parlamento regional por los neofascistas con la complicidad de la alianza de Podemos en Cataluña (Cataluña en Común Podemos) que reafirma «los objetivos políticos» de la resolución del 9 de noviembre de 2015, a tres días de la reunión con el presidente fascista en Cataluña, Quim Torra.
Los dos gobiernos llevan días preparando esa reunión con la voluntad de que sirva para retomar la interlocución política, pero la moción aprobada ayer en el Parlamento de Cataluña, con los votos a favor de Convergencia-PDECAT-JxCat, ERC y CUP y la abstención de los traidores ‘Comunes’ de Ada Colau y Pablo Iglesias, ha llevado al ejecutivo de Pedro Sánchez a abrir la vía judicial.
Dicha moción insta a reafirmase en los «objetivos políticos» de la declaración de ruptura del 9 de noviembre de 2015, que expresa la voluntad de avanzar hacia la independencia de Cataluña y que fue suspendida por el Tribunal Constitucional.
En este contexto, la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, ha explicado después del Consejo de Ministros que el Ejecutivo tiene la intención de impugnar la moción en defensa de la Constitución y del Estatut.
Para ello, ha pedido el preceptivo informe al Consejo de Estado, antes de presentar el que será el primer recurso al TC del Ejecutivo de Pedro Sánchez, algo que previamente había reclamado la portavoz nacional de Ciudadanos, Inés Arrimadas.
Pero este recurso, ha puntualizado Celaá, «va por un itinerario jurídico y la legalidad y la política van por otro» y «a nosotros nos corresponde hacer política», por lo que ha subrayado que se mantienen las «esperanzas» de que la reunión del lunes salga bien.
El golpismo defiende su «voluntad de lograr la independencia» de Cataluña sí o sís y exige gestos de Sánchez
Desde el Gobierno fascista, la consejera de presidencia y portavoz, Elsa Artadi, ha considerado que el Gobierno ha actuado de forma «extremadamente imprudente» al decidir impugnar una moción que, a su juicio, solo expresa «la voluntad política de lograr la independencia», lo que ya figuraba en los programas electorales.
«Es sorprendente que quien en teoría tiende la mano al diálogo actúe, en la primera decisión que debe tomar, para enviar al Constitucional una resolución política», ha añadido Artadi en unas declaraciones en Vilafranca del Penedès (Barcelona).
En todo caso, la portavoz del Gobierno fascista en Cataluña entiende que la vía política y la judicial van «por separado», por lo que ha evitado señalar que la impugnación podría afectar el ambiente de la reunión del próximo lunes, aunque sí que ha aseverado que «será uno de los puntos de los que habrá que hablar».
El fascismo espera que la reunión del lunes, en la que no hay vetos en los temas a tratar, sirva al menos para «retomar la interlocución», aunque entienden que llevará más tiempo llegar a acuerdos, pues, según Artadi, no se puede pretender que en una primera reunión se pueda romper «toda la distancia que hay y la falta de comunicación de 8 años» entre la Generalitat y el Gobierno.
Sobre esa misma reunión, la líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, ha augurado que el presidente de la Generalidad, Quim Torra, acudirá como «el cobrador del frac a cobrar su hipoteca» al presidente del Gobierno, pues «huele su debilidad».
Pero el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha dejado claro en declaraciones a RNE-Ràdio4 que en esa reunión «no habrá compraventas, hipotecas, regalos ni chollos», sino que se buscará «establecer un mínimo de confianza» y empezar a «resolver el problema», y ha acusado precisamente a Cs de «aprovecharse» del conflicto y «no tener interés en que se resuelva».
El grupo en el Parlamento de Cataluña PSC-Units ha presentado un recurso de amparo ante el TC por la admisión a trámite de la moción aprobada ayer en el Parlament, al entender que «de nuevo se vuelve a situar a la Cámara fuera del sistema institucional configurado por la Constitución y el Estatuto de Autonomía».
Antes de verse con Sánchez, el presidente catalán, Quim Torra, ha visitado en la prisión de Puig de les Basses de Figueres (Gerona) a la neonazi expresidenta del Parlamento regional Carme Forcadell y la racista exconsejera Dolors Bassa.
Tras la visita, acompañado del vicepresidente del Gobierno catalán, Pere Aragonès, Torra ha dicho que el encarcelamiento «no es solo una injusticia, es una indecencia» y ha pedido que «la política vuelva a la política y que ellas sean libres», sin que sean «moneda de cambio de ningún trato».
Antes de la visita a la prisión, Torra se ha reunido con el coordinador federal de IU, Alberto Garzón, con quien ha compartido la necesidad dar «prevalencia a los valores republicanos» y de «tender puentes» para lograr una solución política para Cataluña.
Garzón le ha planteado una república federal para abordar la crisis territorial y el encaje de Cataluña, un proceso «constituyente» que implica una «revisión total» de la Carta Magna para «replantear el país».
