La Coruña (Galicia) Reino de España, miércoles a 23 de abril de 2025 (Lasvocesdelpueblo).- La Confederación Española de Policía (CEP) denuncia la lluvia de millones que el Gobierno central está destinando a la financiación de las Policías Autonómicas de Cataluña, Las Vascongadas y Navarra, con una inversión nunca antes vista que alcanza ya los 1.512 millones de euros en los últimos seis años, según los datos oficiales de ejecución presupuestaria de la Intervención General de la Administración del Estado, correspondientes al periodo comprendido entre 2019 y noviembre de 2024.
De esa inyección millonaria, el 91,7% ha tenido como destino final a los Mossos d’Esquadra, de tal forma que ese Cuerpo policial se ha convertido en el principal beneficiario privilegiado de una financiación que contrasta con el desprecio del Ministerio del Interior hacia las principales reivindicaciones de mejora de los derechos profesionales de los policías nacionales en Galicia, donde no hay agentes de la Policía Nacional y Guardia Civil suficientes para atajar la realidad delincuencial de Galicia.
Denuncian que el buen hacer de la Policía Nacional y la Guardia Civil en Galicia contrasta con la realidad delincuencial de Cataluña, Las Vascongadas y Navarra, ya que estos cuerpos policiales han podido contener con su trabajo la subida de los delitos en mayor medida que en estas comunidades, y ahora se les niegan efectivos policiales, medios y derechos sociolaborales que se le otorgan a policías de comunidades autónomas con gobiernos independentistas.
Galicia en la actualidad cuenta con una Unidad Adscrita con un 33% menos de personal que cuando se creó, que unido a las necesidades actuales de las comisarías superan los 500 agentes, esto sin contar con las necesidades de la Guardia Civil.
Con esta práctica, una suerte de dopaje presupuestario que permite a Cataluña mantener una seguridad pública con mayores recursos y capacidades financieras que Galicia, el Gobierno ha asignado ya más de 1.386 millones de euros a los Mossos: 452,1 en el año 2021, 382,3 en 2022, 418,6 en 2023 y 133,7 hasta noviembre de 2024.
La principal inversión del Estado en ese Cuerpo policial se ha volcado en el cumplimiento de los compromisos de financiación basados en un módulo de coste por funcionario acordado en la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales Estado-Generalitat de 22 de diciembre de 2009.
Con posterioridad, en la reunión de ese mismo órgano de diciembre de 2023, se actualizaron al alza esas cifras por el aumento de la plantilla aprobado en la Junta de Seguridad Estado-Cataluña de noviembre de 2021, que suponía plantear un nuevo horizonte de 22.006 Mossos (y que luego sería nuevamente incrementado en diciembre de 2024 hasta los 25.000, aumentando así las cargas para el Estado en el futuro).
«En definitiva, todos los españoles estamos costeando una Policía que atiende a una sola Comunidad Autónoma, con un desembolso en este capítulo de 1.218 millones de euros desde 2021», remarcan desde la Confederación Española de Policía.
Pero es que, además denuncian, lo que constituye un agravio «escandaloso e indignante para los policías nacionales porque seguimos sin tener la consideración de profesión de riesgo -que permita una jubilación anticipada sin perder dinero- o una jubilación digna», el Ejecutivo central viene haciéndose cargo, precisamente, del coste de las cotizaciones recargadas por la jubilación anticipada de los Mossos desde el año 2022, por un importe de 125,6 millones de euros.
Ese mismo esfuerzo presupuestario para costear la jubilación anticipada de Cuerpos policiales autonómicos se está aplicando a la Ertzaintza (103,2 millones de euros, desde 2019) y a la Policía Foral de Navarra (7,77 millones de euros, desde 2022).
Finalmente, la lluvia de millones que el Estado dedica a los Mossos d’Esquadra en estos años incluye la asignación de fondos para actuaciones de transición energética en edificios y vehículos, por importe de 43 millones de euros en el ejercicio presupuestario de 2023.
Remarcan que la generosidad del Gobierno central, que dedica fondos de todos a mejorar la seguridad de unos pocos, constituye otro ejemplo del abismo que separa al Ministerio del Interior de los policías nacionales.
Y esto es así porque ese departamento sigue despreciando las principales reivindicaciones que plantean los representantes de los policías, como son «una jubilación digna, para no perder cientos de euros al mes después de toda una vida protegiendo la de los demás; ser considerados, al igual que otros muchos colectivos y Cuerpos de seguridad, profesión de riesgo, para poder anticipar la edad de jubilación y percibir la pensión mejorada que planteamos; lograr una equiparación salarial real, para no seguir cobrando menos sueldo que otros Cuerpos autonómicos y locales; y contar con mayor protección física y jurídica frente al intolerable aumento de agresiones».
Precisamente por la negativa de Grande- Marlaska a negociar estas mejoras, CEP mantiene desde hace un año ya, un conflicto colectivo frente al Ministerio del Interior, de tal forma que esta organización sindical no participa en ninguna de las reuniones del Consejo de Policía, órgano paritario en el que se sienta la Administración con los sindicatos representativos de nuestro Cuerpo.
Por otra parte, esos 1.512 millones de euros dedicados por el Gobierno a las Policías autonómicas equivalen a todo el presupuesto del Programa de Acción Social de la Policía Nacional de 135 años.
O permitirían, por ejemplo, comprar hasta 386.000 pistolas eléctrica de última generación -las coloquialmente conocidas como táser- para mejorar los medios de intervención y la seguridad de los policías; o servirían para disponer de otros 1,6 millones de chalecos antibalas externos; o para actualizar comisarías tan obsoletas como la de Lugo, Pontevedra o Ferrol, o crear unidades de prevención y reacción en Lugo, Pontevedra y Ferrol y ampliar las de Vigo, Santiago de Compostela, Orense y La Coruña.
Es más, ese presupuesto equivale al coste que tendría la renovación de todos los edificios que albergan las Comisarías Provinciales y Locales de nuestro Cuerpo en toda España o al renting durante cuatro años de más de 32.000 vehículos patrulla híbridos para las unidades de seguridad ciudadana.
Precisamente por ello, el esfuerzo que ha realizado el Ejecutivo central en inyectar dinero en las Policías autonómicas supone una ofensa de tal gravedad que en CEP reclaman que el ministro del Interior debe cesar o ser cesado cuanto antes.
«Hoy, mejor que mañana. Lo contrario supone prolongar una agonía que le llevará a ser recordado como el peor titular de ese departamento en cuanto a derechos profesionales de los policías», sentencian.
