Efe – La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela atribuye a Trapero un delito de pertenencia a organización criminal y dos de sedición por su actuación durante el asedio a la Conselleria de Economía el 20 de septiembre y en el referéndum del 1-O, donde la juez cree que hubo una «total inactividad» de los Mossos, que respondía un plan de la cúpula de la Policía autonómica. Madrid (España), viernes 6 de abril de 2018. Fotografía: BARCELONA (ESPAÑA), 31.08.2018. Rueda de Prensa sobre los atentados terrorista islamistas de Barcelona y Tarragona. En la imagen, el delincuente ex mayor de los Mozos de Escuadra, Josep Lluís Trapero, en liberta con prohibición de salir de España. Archivo ACN.
El exjefe y el exdirector de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluis Trapero y Pere Soler, respectivamente, recurrirán en los próximos días su procesamiento en la Audiencia Nacional por sedición y organización criminal en relación al asedio a la Conselleria de Economía y por el 1-O.
Según han informado a Efe fuentes jurídicas, ambos ex altos cargos de la policía autonómica recurrirán el auto de procesamiento que ayer dictó contra ellos la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, que también procesó al ex secretario general de Interior César Puig y a la intendente Teresa Laplana.
Lamela atribuye a Trapero un delito de pertenencia a organización criminal y dos de sedición por su actuación durante el asedio a la Conselleria de Economía el 20 de septiembre y en el referéndum del 1-O, donde la juez cree que hubo una «total inactividad» de los Mossos, que respondía un plan de la cúpula de la Policía autonómica.
A Soler y a Puig también les procesa por organización criminal al considerar que, junto con Trapero, integraban una organización jerarquizada «bajo una dirección común en cuya cúspide se encontraba el president de la Generalitat de Cataluña» Carles Puigdemont, que tenía como objetivo la celebración del 1-O y la declaración de independencia del 27 de octubre.
Sin embargo, a estos últimos solo les procesa por un delito de sedición al atribuirles responsabilidad únicamente en el 1-O, al igual que a Laplana, a quien atribuye también un único delito de sedición, esta vez por su actuación durante el asedio.
En su auto de procesamiento, notificado ayer a las partes, la juez da a los procesados un plazo de tres días para interponer un recurso de reforma ante el juzgado que dirige y subsidiariamente uno de apelación para ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.
Según Lamela, el 1-O se dieron órdenes a los agentes autonómicos para «que no actúen, que no hagan nada, que se mantengan al margen, que no intervengan, y que solo observen e informen y se sitúen en posición segura».
Estas sospechas se apuntalan con la declaración de un testigo protegido de Lleida, identificado en el sumario como «1-O», que desveló que los Mossos tenían orden de informar de los movimientos de los otros cuerpos y de su actitud de total «pasividad» incluso cuando los guardias civiles eran agredidos.
Para vigilar a los policías, los mossos usaron como «ojeadores» a personas civiles a los que situaban en un punto elevado para avisarles de la llegada de las fuerzas de seguridad.
El procesamiento de Trapero, sus jefes políticos y Laplana en este tribunal se une al de los otros 25 líderes políticos del «procés» que fueron procesados en el Tribunal Supremo por el juez Llarena el pasado 23 de marzo, 13 de ellos por rebelión.
