El juez comunica la suspensión de Puigdemont como diputado y cargo público

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HASSELT (BÉLGICA), 19.09.2018. Carles Puigdemont, expresidente de Cataluña (d), conversa con un representante de la PXL University College de Hasselt, donde pronunció la conferencia inaugural del curso 2018 de Derecho Internacional y Europeo de la PXL University College de Hasselt (Flandes). Efe.

Efe – Esto es así en virtud del artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que prevé que una vez el procesamiento sea firme y se decrete la prisión provisional por un delito relacionado “con bandas armadas o individuos terroristas o rebeldes”, aquel procesado que ostente un cargo público quedará “automáticamente suspendido” en el ejercicio del mismo mientras dure la situación de prisión. Hasselt (Bélgica), 19 de septiembre de 2018. fotografía: HASSELT (BÉLGICA), 19.09.2018. Carles Puigdemont, expresidente de Cataluña (d), conversa con un representante de la PXL University College de Hasselt, donde pronunció la conferencia inaugural del curso 2018 de Derecho Internacional y Europeo de la PXL University College de Hasselt (Flandes). Efe.

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont afirmó hoy que corresponde al Parlamento de Cataluña decidir si debe renunciar a su escaño y se mostró “convencido” de que esa cámara protegerá a sus miembros.

Tras pronunciar la conferencia inaugural del curso 2018 de Derecho Internacional y Europeo de la PXL University College de Hasselt (Flandes), Puigdemont afirmó que “es el Parlamento el que debe decidir (…) Estoy absolutamente convencido de que el Parlamento catalán tendrá una protección de sus miembros como, por otra parte, ha hecho el poder judicial con el juez (Pablo) LLarena”.

Puigdemont insistió en que son los votantes quienes eligen a los parlamentarios y que él fue elegido como cabeza de una lista “que ha obtenido un enorme apoyo”, por lo que consideró que son los ciudadanos quienes pueden pedirle que deje de representarles.

Asimismo, indicó que “no hay ninguna sentencia que nos obligue a dejar el puesto”, en referencia también a los cinco diputados cuyo cargo ha sido suspendido: Oriol Junqueras, Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva y Jordi Sànchez, que se encuentran en prisión.

El juez que instruye la causa abierta por el “procés”, Pablo Llarena, comunicó en julio a la Mesa del Parlamento catalán la suspensión de cargo público de los cinco diputados catalanes que están en prisión preventiva así como del expresidente Carles Puigdemont, todos ellos procesados.

Esto es así en virtud del artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que prevé que una vez el procesamiento sea firme y se decrete la prisión provisional por un delito relacionado “con bandas armadas o individuos terroristas o rebeldes”, aquel procesado que ostente un cargo público quedará “automáticamente suspendido” en el ejercicio del mismo mientras dure la situación de prisión.

Por otra parte, preguntado sobre si la reforma de la Constitución propuesta por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, podría suponer una oportunidad para introducir la cuestión catalana, Puigdemont aseguró no conocer “el propósito concreto” de Sánchez.

“Creo que la reforma constitucional debe ser un proceso serio. Hace falta hablar con todos los grupos que han apoyado a Sánchez, así que no puedo expresarme sobre algo que no conozco todavía”, dijo.

En todo caso, señaló, “lo que demanda la población catalana no es un pequeño cambio de la Constitución española”.

Este martes, la consejera de la Presidencia de la Generalitat, Elsa Artadi, del partido de Puigdemont (JxCat), retó al presidente del Gobierno a incluir en sus planes de reforma constitucional una referencia explícita al “derecho de autodeterminación”, si “cree que hace falta” para habilitar un referéndum en Cataluña.

Puigdemont pronunció hoy la conferencia inaugural en la universidad de Hasselt ante unos 300 alumnos, en un acto al que acudió el exconsejero Lluis Puig, también huido en Bélgica, y posteriormente compareció ante los medios de comunicación.

El expresidente catalán se encuentra desde octubre de 2017 en Bélgica, adonde huyó para evitar ser juzgado en España por los delitos de rebelión y malversación, entre otros, de los que está acusado.

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