Madrid (Reino de España), jueves 31 de julio de 2025 (Lasvocesdelpueblo y Agencias).- CASO FISCAL GENERAL DEL ESTADO ÁLVARO GARCÍA ORTIZ | El juez estudia la suspensión de Álvaro García Ortiz, como fiscal y como fiscal general del Estado tras la apertura del juicio oral para que el dirigente socialista afín al Partido Socialista (PSOE) esté fuera de las instituciones hasta su condena o absolución.
El juez del Tribunal Supremo Ángel Hurtado ha pedido opinión a las partes sobre la petición de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), de que se suspenda cautelarmente como fiscal general del Estado, y también como fiscal, al procesado Álvaro García Ortiz, una vez que se abra juicio oral contra él por revelación de secretos.
Hurtado adopta esta decisión en una providencia notificada este jueves junto a un auto en el que levanta la suspensión de la tramitación de la causa abierta al fiscal general del Estado, que decretó el pasado 14 de junio mientras se resolvía el recurso de apelación contra su procesamiento.
Una vez confirmado el procesamiento y levantada esta suspensión en la tramitación de la causa -acordada a petición de la fiscal jefe provincial de Madrid, María Pilar Rodríguez Fernández (Pilar Rodríguez), que finalmente ha quedado exonerada-, el juez puede ya dictar el auto de apertura de juicio oral a Álvaro García Ortiz.
En ese auto podría dejar resuelta la petición de suspensión cautelar de APIF, acusación popular en esta causa, en caso de que no lo haga en resolución aparte tras recibir la opinión de las partes al respecto.
Tres días de plazo a las partes para informar
Hurtado ha dado un plazo de tres días a las partes -Fiscalía, defensa y acusaciones- para que se pronuncien sobre la solicitud de suspensión cautelar del fiscal general planteada por APIF para, según argumenta esta acusación, evitar «la distorsión inaceptable» que supondría que el fiscal designado para el juicio en vez de «promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad», como dice la Constitución, actúe «al servicio del propio acusado».
En su escrito al juez, APIF, que pide seis años de prisión para García Ortiz, invoca el artículo 145.1 del Reglamento del Ministerio Fiscal, que dispone que se podrá acordar, motivadamente, «la suspensión cautelar de cualquier miembro del Ministerio Fiscal contra el que se siga un procedimiento penal».
Suspensión que se acordará, añade, cuando se dicte auto de apertura de juicio oral o de prisión por delito cometido en el ejercicio de sus funciones.
Sin embargo, al ser el fiscal general el interesado y tener que abstenerse, al igual que su teniente fiscal y el fiscal jefe inspector -por haber intervenido ambos en el procedimiento a su superior-, APIF deja en manos de Hurtado la adopción de dicha medida.
«Ante la inoperancia de los mecanismos previstos reglamentariamente, corresponde al juez instructor adoptar medidas cautelares que resulten necesarias para preservar el buen desarrollo del proceso», argumenta en su escrito.
El Tribunal Supremo sitúa al fiscal general a las puertas de juicio al confirmar su procesamiento
Y es que, según explica, si siguiera siendo fiscal general en el juicio, «él sería el superior jerárquico del fiscal designado para intervenir y, en calidad de tal, podría impartirle órdenes».
«Evidentemente, esto provocaría una distorsión inaceptable», advierte.
Por ello y «para evitar esta insólita situación, que dinamitaría los principios constitucionales que rigen el funcionamiento del Ministerio Fiscal», cree imprescindible esa suspensión de Álvaro García Ortiz.
En este punto plantea que «resultaría sumamente paradójico que el juez instructor estuviera legitimado para adoptar medidas cautelares tan contundentes como la prisión provisional (…) o un embargo de millones de euros para asegurar las responsabilidades pecuniarias que pudieran generarse (…), pero no para suspender provisionalmente de empleo a un funcionario ya acusado».
