El juez exige a Rajoy, nuevo responsable de la Generalidad, que aclare el coste total del 1-O

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BARCELONA (ESPAÑA), 29.09.2017. El vicepresidente de la Generalidad de Cataluña, Oriol Junqueras (c), el consejero de la Presidencia, Jordi Turull (d), y el consejero de Asuntos Exteriores, Raül Romeva, durante la rueda de prensa ofrecida este mediodía. Efe.

Efe – El juez de Barcelona que investiga los preparativos del 1-O ha recurrido al artículo 155 de la Constitución para pedir a los ministerios de Economía y Hacienda que den las “órdenes oportunas” para que la Generalitat aclare el coste del referéndum ilegal.
Así lo solicita el magistrado sustituto del Juzgado de instrucción número 13 de Barcelona en una providencia del pasado 23 de noviembre a la que ha tenido acceso Efe, que figura en el sumario del procedimiento abierto a varios altos cargos del Govern por los preparativos del referéndum del 1-O. Barcelona (España), martes 12 de octubre de 2017. Fotografía: BARCELONA (ESPAÑA), 29.09.2017. El vicepresidente de la Generalidad de Cataluña, Oriol Junqueras (c), el consejero de la Presidencia, Jordi Turull (d), y el consejero de Asuntos Exteriores, Raül Romeva, durante la rueda de prensa ofrecida este mediodía. Efe.

El juez requirió el pasado 30 de octubre a la consellería de Economía y Hacienda de la Generalitat, cuando su titular Oriol Junqueras ya había sido destituido por aplicación del artículo 155 de la Constitución, que desglosara el coste del referéndum del 1-O, incluidos los actos de campaña y la estancia de los observadores internacionales, y que detallara a qué partida y consellería se cargó.

El magistrado, que planteó este requerimiento a instancias de la Guardia Civil, dio diez días a la Generalitat para que respondiera.
En su nueva providencia, del pasado 23 de noviembre, el magistrado remarca que la Generalitat ha respondido a su requerimiento indicando “el desconocimiento o inexistencia de cualquier tipo de gasto” para el referéndum.

Ante esta situación, el magistrado ha requerido, a través de la Delegación del Gobierno en Cataluña, a los ministerios de Economía y Hacienda para que, “en virtud de las potestades que le confiere la aplicación del artículo 155 de la Constitución Española”, proceda a dar “las órdenes oportunas para la exacta y puntual cumplimentación” de su solicitud.

Concretamente, el oficio inicial, ahora remitido al Gobierno, pide a la Generalitat que detalle los costes relativos al “traslado y estancia de los distintos observadores internacionales invitados” para verificar los resultados del referéndum, así como los pagos al personal empleado para llevar a cabo la consulta.

CATALUÑA (ESPAÑA), 1.10.2017. Fotografía publicada en el Twitter del Ministerio del Interior que muestran las primeras urnas y papeletas incautadas por la Policía, en Barcelona. Efe

El juez quiere también saber cuánto costó el acto de inicio de la campaña del referéndum que JxS y la CUP celebraron en la antigua plaza de toros de Tarragona, concretando el alquiler del local, así como la clausura de la misma, que tuvo lugar en un escenario instalado en la Font Màgica de Montjuïc.

Otros gastos que el juez ha solicitado son los de la creación y mantenimiento de las páginas web sobre el referéndum, de los medios informáticos utilizados en la emisión y escrutinio de los votos y de los dispositivos electrónicos que fueron adquiridos para verificar los sufragios emitidos en relación con el censo disponible.

Asimismo, el magistrado ha preguntado a Economía cuánto gastó la Generalitat en los informes previos a la celebración del referéndum, en la creación de la publicidad sobre la consulta y su difusión en medios de comunicación y en el material electoral empleado, lo que incluye urnas, papeletas, sobres y gastos de envío a cargo de la empresa Unipost.

Finalmente, el instructor pide a la Generalitat que detalle cada una de las partidas y de las consellerías a las que se “repercutió” el coste del referéndum.

El Govern de Carles Puigdemont se gastó 502.639 euros en publicidad en los medios de comunicación relacionada con el referéndum del 1-O, según afirma la Guardia Civil en un informe, que destaca la dificultad de obtener una cifra fiable por las “argucias” de la Generalitat y pide que se auditen sus cuentas.

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