Barcelona, martes 6 de octubre de 2026 (Lasvocesdelpueblo).- Una pavorosa ramificación judicial destapa la violencia institucional e intimidatoria presuntamente ejercida desde los entornos de poder del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) contra la independencia judicial en España. La Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia de la Audiencia Nacional investiga formalmente una presunta operación criminal coordinada por la denominada «fontanería del PSOE», dirigida a amedrentar, desacreditar y presuntamente atentar contra la vida de la juez decana de Badajoz, Beatriz Biedma Rojano, con el claro objetivo de apartarla a la fuerza del procedimiento de corrupción económica que instruía de forma directa contra el hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez Pérez-Castejón.
El denominado Caso Leire Díez destapó la existencia de una presunta estructura mafiosa de fontanería política capitaneada por la exmilitante socialista María Leire Díez Castro. Según las investigaciones de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, este grupo de WhatsApp integrado también por Luis José Sáenz de Tejada, Javier Pérez Dolset y Joaquín Parra, funcionaba como una cloaca encargada de articular campañas de desestabilización mediática, seguimientos ilegales y la interposición de denuncias falsas ante la Fiscalía contra la magistrada. La gravedad de las pesquisas aumentó drásticamente al hallarse en una libreta de Díez anotaciones manuscritas explícitas como «Jueza de Badajoz. La Celsa. Heroína o gitano», confirmando que la directiva de la trama controlaba de forma centralizada los movimientos de presión sobre el terreno recurriendo a redes criminales.
La trama presuntamente planificó la total destrucción reputacional y familiar de la instructora valiéndose del canal de YouTube «Magistrado Anticorrupción TV», administrado por Sáenz de Tejada, donde se llegaron a publicar cerca de noventa vídeos vejatorios. En dichas emisiones se descalificaba gravemente a la juez, advirtiéndole explícitamente con frases intimidatorias como «Te van a venir más sorpresitas» y aireando públicamente el conocimiento del colegio al que asistían sus hijos menores de edad. El plan de asedio incluyó un meticuloso hackeo y borrado selectivo del ordenador de la víctima para apoderarse de sus comunicaciones de correo electrónico y WhatsApp de carácter estrictamente confidencial.
Este masivo despliegue de las «cloacas» tenía como finalidad última blindar la impunidad del hermano del jefe del Ejecutivo en el caso judicializado bajo el nombre de Diligencias Previas 965/2024 de la Plaza n.º 3 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Badajoz. En dicho procedimiento, David Sánchez Pérez-Castejón fue investigado por presuntos delitos de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, prevaricación y fraude a la Hacienda Pública. La causa judicializaba su polémico e injustificado fichaje como coordinador de actividades de los conservatorios de música de la Diputación de Badajoz, así como su residencia fiscal ficticia en Portugal para evadir impuestos en España mientras cobraba un sueldo público de los contribuyentes.
La firmeza institucional exhibida por la juez Beatriz Biedma durante la fase de instrucción del caso, rechazando sistemáticamente las presiones gubernamentales y las maniobras de recusación destinadas a apartarla de la investigación del hermano del presidente, provocó que la trama de la fontanería socialista elevara el nivel de hostilidad a un escenario delincuencial sin precedentes. Tras agotar las vías de asfixia burocrática, la red mafiosa optó de forma concertada por activar contactos directos con el crimen organizado y el narcotráfico de Badajoz. El hostigamiento, lejos de cesar tras la culminación de la instrucción parlamentaria, se mantuvo activo en el tiempo, obligando al encausado a sentarse en el banquillo en un proceso penal que culminaría con una histórica sentencia condenatoria por corrupción en el seno de la administración pública.
El salto cualitativo hacia la violencia extrema quedado comprado por las espeluznantes grabaciones de audio y testimonios recabados por la policía judicial de la Guardia Civil. En sede policial, un antiguo integrante de la banda delictiva de Badajoz conocido bajo el alias de «Moto Ratón» desveló con absoluta crudeza la verdadera finalidad del encargo recibido por parte de los operadores de la red vinculada al PSOE. El testigo directo de la banda criminal confirmó que, al emplear los querellados la palabra explícita de «eliminar» a la magistrada o simular «darle un sustillo», el mandato real transmitido a los sicarios era, lisa y llanamente, asesinar físicamente a la juez Biedma.
Asimismo, las declaraciones tomadas por la UCO a Cintia Rocho —conocida en el mundo del narcotráfico como «La Celsa» y líder de la banda criminal de Los Rochos— ratificaron paso por paso la trama homicida. Los narcotraficantes admitieron que la fontanería socialista les hizo entrega de un dossier de inteligencia ilegal que contenía la dirección exacta del domicilio particular de la magistrada, los datos de matrícula de su vehículo privado, el gimnasio específico que frecuentaba y fotografías íntimas de ella y de las personas de su entorno familiar más cercano. A cambio de ejecutar el crimen, los emisarios políticos les prometieron textualmente que la Fiscalía del Estado procedería a retirar de forma inmediata todos los graves cargos y delitos penales que pesaban sobre los miembros del clan de Los Rochos.
Ante este escenario mafioso, la juez decana Beatriz Biedma Rojano adoptó la contundente decisión de personarse formalmente ante el Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional en calidad de acusación particular y perjudicada directa. En sus comparecencias, la magistrada ha alertado de que sufrió una estrategia sistemática de aislamiento, humillación y control de su vida privada orientada estrictamente a minar su resistencia personal y forzar su exclusión obligada de los procedimientos que afectaban a Moncloa. Biedma calificó la situación de un «absoluto infierno» humano y profesional, denunciando penalmente un acoso total e intolerable por el mero hecho de ejercer sus funciones jurisdiccionales con independencia frente al Gobierno central.
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La juez decana hizo hincapié ante el tribunal en la escalada de la idoneidad intimidatoria de la trama, apuntando de forma alarmante el peligro real sufrido en Extremadura. La magistrada recordó que la red criminal de Los Rochos a la que acudieron los querellados contaba con un amplio historial de violencia explícita, destacando el preocupante dato de que Jesús Rocho —hermano de la líder del clan— falleció a consecuencia de múltiples disparos en un ajuste de cuentas en Badajoz en diciembre de 2024, precisamente mientras la instrucción contra el hermano del presidente del Gobierno se encontraba en pleno curso y bajo la dirección de la propia juez Biedma.
La ofensiva jurídica de Vox, personado firmemente como acusación popular en la causa, se inició mediante una querella interpuesta el 21 de septiembre de 2026 frente a María Leire Díez Castro, Luis José Sáenz de Tejada y Jacobo Teijelo por delitos graves de atentado contra la autoridad judicial, coacciones, tráfico de influencias y pertenencia a organización criminal o grupo criminal. El partido denunció la instrumentalización ilícita de influencias políticas sobre el Ministerio Fiscal y la puesta en marcha de un plan coordinado durante al menos siete meses para desestabilizar el Estado de derecho y erosionar la separación de poderes.
Hoy, martes 6 de octubre de 2026, la formación liderada por Santiago Abascal, bajo la dirección de la letrada Marta Asunción Castro Fuertes, ha presentado una trascendental ampliación de la querella ante la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia de la Audiencia Nacional. El escrito judicial incorpora formalmente la imputación del delito de proposición para el delito de homicidio o asesinato (conforme al artículo 141 del Código Penal, en relación con los artículos 17.2, 138 y 139) tras salir a la luz las confesions de los sicarios sobre las órdenes explícitas de matar a la juez. Vox destaca en el texto que los hechos constatados mediante la declaración de los testigos presenciales concretan el dolo de los querellados y el riesgo cualificado creado para la integridad física de la magistrada.
En este nuevo escenario procesal, la acusación popular solicita formalmente que se amplíe de inmediato el ámbito subjetivo de la investigación criminal para identificar y procesar a todas las personas que resultaban directamente beneficiadas por estas maniobras de coacción judicial. El escrito fundamenta que los tres querellados principales actuaban bajo un reparto de funciones estable y de forma totalmente concertada para obtener un beneficio de impunidad que excedía con creces su propio ámbito personal. Por ello, sitúa el provecho de la trama de forma personal en la órbita de figuras directamente vinculadas al PSOE y al presidente del Ejecutivo socialista.
Como diligencias de investigación inaplazables, Vox ha solicitado formalmente a la Audiencia Nacional la citación obligatoria en calidad de testigos del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez Pérez-Castejón; de su hermano, David Sánchez Pérez-Castejón; y del exjefe de fila del PSOE en Extremadura, Miguel Ángel Gallardo. Asimismo, el escrito reclama que la UCO remita con urgencia la copia íntegra de las grabaciones de audio originales de los contactos con los narcotraficantes, los atestados informáticos sobre el canal difamatorio de YouTube y la imagen forense de la libreta incautada a Leire Díez donde figura registrada la anotación comprometedora.