Madrid (España), miércoles 29 de julio de 2026 (Efe).- […] la UCO ya figura en la causa como unidad actuante y, en su condición de policía judicial, «solo habrá de dar cuenta a este instructor». El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha rechazado prohibir a la directora de la Guardia Civil, María de las Mercedes González Fernández (Mercedes González), ejercer funciones de mando sobre la Unidad Central Operativa (UCO) del cuerpo, pese a estar investigada en el denominado caso Leire, una causa en la que se analiza una presunta trama dedicada a obstaculizar investigaciones judiciales que pudieran afectar al PSOE o al Gobierno de Pedro Sánchez Pérez-Castejón.
A través de una providencia, a la que ha tenido acceso Efe, el magistrado desestima la petición formulada por la acusación popular unificada, coordinada por el Partido Popular (PP), para impedir tanto a González como al número dos de la Guardia Civil, Manuel Llamas —también investigado en la causa—, ejercer «cualquier facultad de mando» sobre la UCO y su departamento de delincuencia económica.
Pedraz considera que no es necesaria esta medida porque la UCO ya figura en la causa como unidad actuante y, en su condición de policía judicial, «solo habrá de dar cuenta a este instructor».
El juez añade que, si en algún momento la unidad considera que está siendo «inquietada en sus funciones», deberá comunicarlo al juzgado.
La acusación popular había solicitado limitar las funciones de ambos mandos al considerar que su permanencia en sus cargos es «incompatible con la naturaleza de los hechos investigados», al mantener capacidad de decisión sobre los agentes de la UCO que estarían investigando una presunta actuación destinada a neutralizar sus pesquisas.
Además de pedir que se les apartara del mando operativo, la acusación reclamó que se les prohibiera abrir o resolver expedientes disciplinarios, acceder a documentación relacionada con la investigación o comunicarse con agentes y testigos que han declarado en la causa. Según esta parte, existe riesgo de posibles represalias contra quienes han participado en las diligencias.
La acusación recordó que varios mandos de la UCO declararon bajo juramento sobre supuestas presiones sufridas y que, pese a ello, continúan dependiendo orgánicamente de los responsables investigados.
Pedraz aplaza la declaración de Leire Díez
En la misma providencia, el juez también ha decidido no citar todavía a declarar a Leire Díez, a quien atribuye la presunta coordinación de la trama investigada, al considerar que no es el momento procesal adecuado.
Pedraz explica que está pendiente de recibir la causa que instruye el juez Arturo Zamarriego en el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, donde ya se han practicado diligencias que deberán ser valoradas antes de avanzar con nuevas actuaciones.
Jueves, segundo día de la ola de calor con temperaturas elevadas
El juzgado madrileño comunicó el pasado 14 de julio que se encontraba a la espera de un informe pericial antes de remitir las actuaciones.
El magistrado tampoco considera oportuno, por ahora, llamar a declarar al expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Vicente Fernández, una comparecencia que decidirá «una vez se avance en el análisis del material intervenido y las diligencias acordadas».
La misma decisión afecta a Juan Manuel Serrano, expresidente de Correos y antiguo jefe de gabinete de Pedro Sánchez en el PSOE. Pedraz prevé tomarle declaración después de analizar el contenido de su teléfono móvil, una diligencia prevista para el próximo 18 de agosto.
Asimismo, el juez rechaza de momento citar como investigados a un vicesecretario y a una responsable de recursos humanos de Correos, cuya imputación había solicitado la acusación popular por su presunta relación con la creación del puesto que ocupó Leire Díez en la empresa pública y que la UCO puso bajo sospecha al considerar que podría haber favorecido a la trama investigada.