El juez no permitirá que delincuentes Puigdemont y exconsejeros huidos se personen en la causa

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ARDID (ESPAÑA), 16.10.2017. Momento de la llegada a la prisión del furgón de la Guardia Civil que traslada a los dirigentes extremista fanáticos golpistas separatistas en Cataluña de ANC y Òmnium a Soto del Real, los Jordis -Jordi Sánchez y Jordi Cuixart. Efe

Lasvocesdelpueblo y Agencias – El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena no permitirá que el golpista separatista expresident catalán, Carles Puigdemont, ni dos de los exconsejeros huidos en Bélgica Clara Ponsatí y Lluís Puig se personen en la causa que instruye contra el Gobierno catalán cesado ni tengan acceso a las diligencias hasta que no regresen a España. Madrid (España), miércoles 13 de diciembre de 2017. Fotografía: MARDID (ESPAÑA), 16.10.2017. Momento de la llegada a la prisión del furgón de la Guardia Civil que traslada a los dirigentes extremista fanáticos golpistas separatistas en Cataluña de ANC y Òmnium a Soto del Real, los Jordis -Jordi Sánchez y Jordi Cuixart. Efe 

De esta forma, el juez ratifica la decisión que tomó en este mismo sentido la antigua instructora de la causa en la Audiencia

MADRI (ESPAÑA), 16.10.2017. Llegada esta noche a la cárcel de Soto del Real, en Madrid, de un furgón de la Guardia Civil con los líderes de las organizaciones fanáticas extremistas separatistas en Cataluña, Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, respectivamente. La juez Carmen Lamela ha enviado a prisión por sedición a los líderes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y de Òmiunm Cultural por promover el asedio a la Guardia Civil el 20 de septiembre tras dejar libre al mayor de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluis Trapero, al que ha prohibido salir de España. Además de a estos tres investigados por sedición, la juez ha interrogado por videoconferencia a la intendente de los Mossos Teresa Laplana, para la que ha acordado las mismas medidas cautelares que para Trapero: comparecencias quincenales, retirada del pasaporte, prohibición de salir de España y fijar domicilio y teléfono para estar localizable. La Fiscalía había pedido para ella prisión bajo fianza de 40.000 euros, mientras que para Trapero la pidió sin fianza como para los presidentes de ANC, Jordi Sánchez; y de Ómiunm, Jordi Cuixart, los únicos a los que finalmente la juez ha enviado a la cárcel con carácter provisional. A último hora de la noche, Sánchez y Cuixart abandonaban la Audiencia Nacional en un furgón de la Guardia Civil que les ha trasladado hasta la cárcel de Soto del Real, en el norte de Madrid, a donde han llegado a las 23,30 horas para ingresar en prisión, siguiendo la orden judicial. Nada más conocer su ingreso en prisión, representantes de ANC y Òmnium han anunciado movilizaciones de protesta en Cataluña para mañana a las 12.00 y a las 19.00 horas. Para denegar la prisión de Trapero, la juez ha explicado en un auto que por el momento no puede vincularle con el asedio a la Guardia Civil de los días 20 y 21 de septiembre durante un registro en la Consejería de Economía en una operación policial para impedir el 1-O. En esa resolución, la juez deja claro que la investigación se circunscribe hasta el momento a ese episodio, ya que hasta la fecha son los únicos denunciados por la Fiscalía, sin que hayan sido objeto de ampliación. La actuación de Trapero esos días “no aparece todavía suficientemente perfilada hasta el punto de poderle vincular en este momento a hechos tan graves como los que esos días sucedieron, sin perjuicio de lo que pueda determinarse en una fase más avanzada de la investigación”, advierte Lamela. De hecho, destaca que existen elementos que vinculan a Trapero con la estrategia independentista como es el contenido del documento EnfoCat hallado en el domicilio del ‘número dos’ de la Consejería de Economía, Josep María Jové Lladó, arrestado en la operación policial en la que se produjo el asedio. A Sánchez y Cuixart, la juez les asigna un papel más activo, el de “promotores y directores” de las concentraciones del 20 de septiembre, ya que ambos se mantuvieron al frente “durante todo el día, llevando la iniciativa en una pretendida negociación con los guardias civiles, alentando y dirigiendo la acción de los congregados, incitándoles a permanecer en el lugar e impartiéndoles órdenes”. Para decretar la prisión, Lamela aprecia en el auto riesgo de reiteración delictiva, “ya que viene operando dentro de un grupo organizado de personas”, y también observa “alta probabilidad” de que los investigados puedan ocultar, alterar o destruir fuentes de prueba. Además de los hechos del 20 de septiembre, Lamela destaca también que el 1 de octubre, desde las mismas cuentas de whatsapp utilizadas ese día para promover el asedio frente a la Consejería, también “realizaron llamadas a los participantes animándoles a permanecer en los colegios y presentar resistencia a las autoridades policiales”. También recuerda la actuación de Cuixart en Badalona (Barcelona) el 25 de septiembre después de que la Guardia Urbana hubiera incautado unos carteles en apoyo al 1-O que se hallaban en el interior de un vehículo. Ese día Cuixart y otras personas exigieron a los agentes la devolución de los carteles a lo que estos se negaron, por lo que el líder de Òmnium y el teniente de alcalde de la localidad, José Antonio Téllez, “sustrajeron del interior del vehículo oficial todo el material intervenido” e impidieron a los agentes recuperarlo. Con respecto a los hechos del 20 de septiembre, la magistrada relata como que desde estas entidades se lanzaron mensajes en las redes sociales no para participar en una manifestación pacífica, sino para la “protección” de sus gobernantes con consignas como “para parar a la Guardia Civil”. Tanto es así que algunos de los congregados pincharon ruedas y destrozaron diversos coches mientras otros empujaron a los agentes, y hubo quienes bloquearon la salida de un vehículo. “Todos estos hechos de carácter objetivo ponen de manifiesto (…) que la actuación de ambos investigados, apelando a la resistencia, estaba orientada a impedir la aplicación de la Ley y de las resoluciones”, indica el auto. Con ello, según la juez, pretendían “impulsar y asegurar la celebración del referéndum ilegal de independencia y con ello la proclamación de una República catalana, independiente de España, contraviniendo con ello la Constitución”. La juez apunta a Cuixart y Sánchez como los “interlocutores” de las movilizaciones, pero sin que aceptaran las opciones que los especialistas de seguridad ciudadana proponían para evitar o disminuir los riesgos, ni que trataran de desconvocar o diluir esas concentraciones. En este sentido recoge el llamamiento de Sánchez a los congregados frente a la Consejería de Economía: “Que nadie se vaya a casa, será una noche larga e intensa”. Del mismo modo, señala que el líder de Òmnium pidió que la movilización ante Economía no se detuviera y recuerda como ambos, subidos a un coche de la Guardia Civil, llamaron a “la movilización permanente”. En una providencia a la que ha tenido acceso Efe, Llarena desestima el escrito de la defensa de los tres investigados, ejercida por el abogado Jaume Alonso-Cuevillas, en los que pedía su personación en tanto que éstos no se encuentran a disposición de la Justicia española. Efe

Nacional, Carmen Lamela, quien, después de derivar al Supremo la causa contra el Gobierno catalán cesado y los “Jordis”, únicamente se ha quedado con la parte de la investigación que afecta a los Mozos de Escuadra y al exjefe de este cuerpo policial Josep Lluís Trapero.

El juez Llarena suscribe las palabras de Lamela y considera que “no ha lugar a autorizar la representación de Carles Puigdemont, Clara Ponsatí y Lluís Puig hasta que estos se pongan a disposición de este Juzgado mediante su comparecencia personal”.

Los tres se encuentran en Bélgica junto con los exconsejeros Antoni Comín y Meritxell Serret desde finales de octubre y sobre ellos pensaban sendas órdenes europeas de detención hasta la semana pasada, cuando el juez del Supremo ordenó que las retirasen para que no se rompiese la continencia de la causa.

No obstante, en cuanto alguno de ellos entre en España será detenido en las mismas condiciones que los otros imputados por el proceso separatista.

Será mañana cuando el juez belga que examinaba la extradición de Puigdemont y los exconsellers huidos celebre la vista en la que, previsiblemente, se les retirarán los cargos en ese país.

De los imputados en esta causa, el golpista exvicepresidente de la Generalidad Oriol Junqueras, el exconsejero Joaquim Forn y los líderes de entidades fanáticas extremistas separatistas ANC y ÓMNIUM CULTURAL, los “Jordis” -Jordi Sánchez (ANC) y Jordi Cuixart (Ómnium)- son los únicos que siguen en prisión provisional.

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