Barcelona (Reino de España), miércoles 28 de mayo de 2025. El Juzgado de León ha decidido archivar la denuncia de los socios de la asociación de profesionales de la Guardia Civil Justicia para la Guardia Civil (JUCIL) contra la dirección nacional de JUCIL, porque al juicio del juez instructor de la causa, «no hay indicios suficientes para calificar como delito los hechos denunciados».
Los denunciantes sí pudieron registrar «gastos irregulares» de la Secretaría nacional de la organización mayoritaria en el Consejo de la Guardia Civil, al reclamar informaciones, fueron expedientados y suspendidos de sus cargos como secretarios provinciales y jefe de Comunicación.
Según informan fuentes de JUCIL a Lasvocesdelpueblo, sin facilitar el auto judicial del archivo de la denuncia, el Juzgado de León «emitió una providencia que confirma el sobreseimiento de la denuncia de cinco miembros de la asociación», puntualizan en la nota.
Añaden: «La juez concluye que los gastos analizados fueron debidamente justificados y resueltas todas las incidencias».
La secretaría general de JUCIL, muy cuestionada por su gestión y su «falta de crítica» al titular del Ministerio de Interior, el socialista Fernando Grande-Marlaska Gómez, y al presidente del Gobierno de España Pedro Sánchez Pérez-Castejón, dice que: «La decisión judicial refuerza el recorrido de la querella presentada contra el exsecretario de comunicación y otros cuatro miembros por difundir informaciones falsas y calumniosas».
«La titular del Juzgado de Instrucción número tres de León ha archivado la denuncia presentada por cinco miembros de JUCIL contra la dirección de esta asociación al constatar que no hay indicios suficientes para calificar como delito los hechos denunciados», han informado desde JUCIL a Lasvocesdelpueblo.
Desde JUCIL, aseguran que «esta denuncia, ahora sobreseída, ha sido el núcleo de una campaña…».
JUCIL, denuncian fuentes cercanas a los expedientados y suspendidos, decidió trabajar con empresas o entidades de gente vinculada al Partido Socialista (PSOE) de Pedro Sánchez Pérez-Castejón.
