El número del Gürtel confirma la financiación ilegal del PP

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MADRID (ESPAÑA), 18.1.2018. Juicio del Gürtel. Vista desde la sala de prensa de la Audiencia Nacional de la declaración de Pablo Crespo. Efe.

Efe – Por los trabajos realizados para el PP «se cobró con dinero en efectivo que no se declaró y que fue a parar en su práctica totalidad a la llamada caja B de Correa y parte de la facturación fue pagada a través de los empresarios». San Fernando de Henares (Madrid), viernes 19 enero de 2018. Fotografía: MADRID (ESPAÑA), 19.1.2018. Juicio del Gürtel. Vista desde la sala de prensa de la Audiencia Nacional de la declaración de Pablo Crespo. Efe.

El presunto número dos de la trama Gürtel, Pablo Crespo, ha confirmado hoy en el juicio la financiación irregular del PP de Valencia para las campañas electorales de 2007 y 2008 mediante dinero b no declarado y aportado por empresarios que tenían contratos con la Administración.

Además ha asegurado que aunque no sabe quién encargó los actos de campaña ha explicado que se hizo a la empresa de la trama Orange Market y que el responsable en Valencia de la misma era el también acusado Álvaro Pérez, El Bigotes, «que tenía mucha relación con personas del PP de Valencia» e hizo gestiones con los expresidentes regionales Francisco Camps y Alberto Fabra para intentar cobrar.

Entre las personas con las que hablaba El Bigotes, Crespo ha mencionado además a los acusados Ricardo Costa, exsecretario general del PP de Valencia; David Serra, exvicesecretario de la formación regional, y Vicente Rambla, exvicepresidente del Gobierno valenciano.

Asimismo ha indicado que El Bigotes contactaba con otras personas que no están encausadas como la senadora popular y exalcaldesa de Elda (Aliante) Adela Pedrosa, así como miembros de la Ejecutiva del partido, exconsellers del Gobierno regional y presidentes provinciales del partido en Valencia, Alicante y Castellón ya que «su trabajo consistía en mantener esas relaciones».

«Álvaro Pérez me decía que estaba haciendo gestiones con todos e incluso no sé si directas o indirectas con quien entonces era presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps», ha recalcado.

Asimismo Crespo ha indicado que hubo «un conflicto con unas facturas de vallas publicitarias de la campaña del entonces candidato a la alcaldía de Castellón Alberto Fabra», expresidente de la Generalitat valenciana.

«Esas facturas las tendría que haber pagado en principio Fabra y creo que Pérez se puso en contacto con el PP de Castellón y con Fabra», quien «las derivó y dijo que era una cuestión que debía pagar la sede regional, ya que había elecciones autonómicas y municipales al mismo tiempo y finalmente no pagaban ni unos ni otros», ha relatado.

Y ha abundado en que «eso acabó perdido hasta que en esa dinámica de facturar a empresarios la deuda que tenía contraída el PP se le facturó a una empresa de Castellón».

También ha indicado que llegaron a recibir una cantidad de 123.000 euros «del grupo parlamentario popular con un cheque».

Al igual que dijo en su declaración el presunto cabecilla de la trama, Francisco Correa, Crespo ha señalado que Ricardo Costa le dijo que el partido no tenía suficiente dinero para pagar los trabajos electorales de Orange Market para el partido y que la única forma de que la empresa lo cobrara era que facturara a dichos empresarios.

Los nueve empresarios acusados en esta causa confesaron estos pagos en jornadas anteriores de la vista a cambio de un acuerdo por el que la Fiscalía modificará su petición de cárcel para ellos por multas.

Crespo ha concretado que el dinero que facturaron a esos empresarios se correspondía a la deuda que el PP tenía con Orange Market que era de tal entidad que si no se hubiera cobrado habría que haber cerrado la empresa.

Según la fiscal se trata de empresas que tenían contratos con administraciones públicas valencianas y que no podían legalmente realizar donaciones al partido para las campañas electorales.

Por los trabajos realizados para el PP «se cobró con dinero en efectivo que no se declaró y que fue a parar en su práctica totalidad a la llamada caja B de Correa y parte de la facturación fue pagada a través de los empresarios».

Crespo ha explicado que realizaron para el PP trabajos de organización de mítines y de publicidad y ha comentado que desconoce si se llegó a elaborar un presupuesto formal para que lo aprobara el partido «aunque Álvaro Pérez tenía la confianza necesaria para presentar hojas impresas».

A Crespo le ha parecido muy elevado el presupuesto que le ha indicado la fiscal de más de 4.600.000 euros para la campaña electoral de 2007 pero ha aclarado que lo habitual era que el inicialmente previsto se multiplicara incluso por dos por el «frenesí» de la campaña y en función de como fueran las encuestas.