Efe.- Estrasburgo (Francia), lunes 8 de mayo de 2023. La comisión de investigación del Parlamento Europeo sobre el caso Pegasus asumió este lunes que fueron las «autoridades españolas» quienes espiaron a políticos independentistas catalanes, a 18 de ellos con autorización judicial, aunque puso en duda la proporcionalidad de las escuchas.
«Sobre la base de una serie de indicadores, algunos de los cuales se admitieron en la comisión de Secretos Oficiales (del Congreso de los Diputados), se asume que la vigilancia a los objetivos catalanes se llevó a cabo por parte de autoridades españolas», señaló el informe con las conclusiones de la comisión, tras más de un año de trabajo.
El Gobierno español siempre ha defendido en el Congreso de los Diputados que las investigaciones se efectuaron con autorización judicial y que está obligado a guardar secreto sobre las mismas.
El informe de la comisión del Parlamento Europeo, que fue aprobado por 30 votos a favor, 3 en contra y 4 abstenciones, apuntó también a Marruecos como el «posible» responsable del espionaje a los teléfonos móviles del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, de la ministra de Defensa, Margarita Robles, y del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.
El texto recoge que el Centro Nacional de Inteligencia ha reconocido el espionaje a 18 independentistas catalanes -todos ellos con autorización judicial-, entre ellos al actual presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, o al expresidente Carles Puigdemont, aunque este último no directamente sino a través del teléfono de su mujer.
«En cuanto a los 18 casos en los que se había emitido una orden judicial, la legalidad ha sido verificada y confirmada por el Defensor del Pueblo, pero su especialidad, adecuación, excepcionalidad, proporcionalidad y necesidad sólo puede ser verificada por un tribunal», señala el informe.
Respecto a los otros 47 individuos vinculados al independentismo que también fueron espiados según el informe de Citizen Lab «sigue sin estar claro si fueron seleccionadas por el CNI con una orden judicial o si otra autoridad recibió órdenes judiciales para seleccionarlas de forma legal», dice el informe.
Añade, además, que «no ha sido posible evaluar en qué medida» estas 47 personas «constituyeron una amenaza inminente a la seguridad nacional o la integridad territorial del Estado».
La comisión de investigación -que viajó a Madrid para analizar el caso español- asegura que «España tiene un sistema judicial independiente con suficientes salvaguardias», pero al mismo tiempo, dice que las explicaciones que dio la presidenta del CNI, Esperanza Casteleiro Llamazares, «fueron limitadas y dejaron muchas preguntas en el aire».
Puigdemont se abstuvo en la votación porque, en su opinión, «el informe muestra la gravedad de los hechos, pero desgraciadamente, hace seguidismo del Gobierno español», al afirmar que el sistema judicial español es garantista.
Jordi Cañas, eurodiputado de Ciudadanos, no pudo votar el informe porque no es miembro de la comisión, pero afirmó que el texto «miente» y se mostró «convencido» de que la ponente del texto, la liberal Sophie in ‘t Veld, «sabe que lo que dice no se puede demostrar» y «que lo que está haciendo es arrojar una sombra de dudas sobre una democracia sólida como la nuestra».
Desde ERC, en cambio, la eurodiputada Diana Riba -que también fue espiada- mostró satisfacción con el texto porque «aborda ampliamente lo que es el ‘Catalangate’ y «constata que el marco legal del Estado español está obsoleto».
El eurodiputado del PP y exministro del Interior Juan Ignacio Zodio, votó a favor del texto porque, entre otros motivos, «niega las acusaciones del secesionismo catalán y que estos políticos secesionistas hayan sido ‘víctimas’ de ningún abuso, pues las declara ‘objetivo’ de vigilancia por motivos de seguridad nacional», según dijo en un comunicado.