Efe.- Estrasburgo (Francia), lunes 8 de mayo de 2023. La comisión del Parlamento Europeo que investiga el uso de Pegasus y programas similares en la Unión Europea pidió este lunes a España que asegure que las 18 personas vinculadas al independentismo catalán cuyo espionaje ha sido reconocido por las autoridades tengan acceso a la autorización judicial del Tribunal Supremo a que se les espiase.
Las recomendaciones forman parte de los documentos producidos por esta comisión parlamentaria tras más de un año de trabajo explorando el uso de este tipo de ‘software’ en diferentes países de la Unión Europa, y que desde el principio dedica a España un espacio destacado tanto por el espionaje al entorno independentista catalán como por el que denunciaron haber sufrido miembros del Gobierno español.
Esta comisión parlamentaria pide a España «dar un acceso adecuado a las personas que fueron objetivo (del espionaje) a la autorización judicial emitida por el Tribunal Supremo al Centro Nacional de Inteligencia» para hacerles objetivo de estas escuchas, así como investigar de manera «completa, justa y efectiva» todos los supuestos casos del uso de estos programas.
En esta investigación, abundan, se incluirían los 47 casos del entorno independentista catalán «para los que no está claro si fueron espiados por el CNI por orden judicial o si alguna otra autoridad había recibido órdenes judiciales para espiarles legalmente», así como el espionaje contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y varios de sus ministros.
Los eurodiputados de esta comisión piden además a España que «coopere con los tribunales para asegurar que las personas espiadas tengan acceso a remedios legales significativos y que las investigaciones judiciales se concluyan los antes posible y de manera imparcial y exhaustiva.
El texto insta al Gobierno a emprender la reforma del marco legal del CNI anunciada por Sánchez en mayo de 2022 para, según dijo, «reforzar las garantías de control con máximo respeto a los derechos individuales y políticos de las personas» y a que invite a Europol a las investigaciones para que «aporte su experiencia técnica».
En general, precisa el texto, el marco jurídico en España «está en línea con los requisitos de los tratados de la Unión Europea» pero «son necesarias algunas reformas» y su puesta en marcha en la práctica debe «estar completamente alineada con los derechos fundamentales y asegurar que se protege la participación pública».
Entre los partidos españoles, casi todos los miembros presentes en la comisión parlamentaria han votado a favor de las recomendaciones: se trataba de los populares Juan Ignacio Zoido y Gabriel Mato, el socialista Juan Fernando López Aguilar o Diana Riba (ERC).
Carles Puigdemont (Junts per Catalunya) votó en contra de unas recomendaciones que, a su juicio, «protegen al Estado español y legitiman el uso de las tecnologías de ciberespionaje en Europa».
Aunque sin derecho a voto por ser miembro suplente, el eurodiputado de Ciudadanos Jordi Cañas se mostró muy crítico con el informe que acompaña a las recomendaciones y cuyo periplo parlamentario ha concluido hoy con su aprobación en comisión, ya que no llegará a ser votado por el pleno.
«Denunciamos las mentiras sobre las cuales se han construido las recomendaciones, pero apoyamos sin embargo las recomendaciones porque, como cualquier demócrata, Ciudadanos no quiere que ningún ciudadano europeo pueda ser investigado ni espiado ilegalmente», aseguró.
Las recomendaciones tendrán que superar aún un último trámite parlamentario con su voto en el pleno del mes de junio, donde aún podrá recibir más enmiendas de los diputados no presentes en esta comisión.
Jordi Solé (ERC), del grupo de Los Verdes/ALE, avanzó que intentarán reforzar «cuestiones relacionadas con la transparencia y la protección de los derechos fundamentales».
«Por ejemplo, una cosa que intentaremos conseguir en el pleno es prohibir aquellos programas que pueden hacer un uso retroactivo de los datos que captan de los dispositivos móviles, aquellos que directamente pueden modificar los datos o que se pueden introducir en las redes sociales de las personas afectadas», explicó Solé.
