El PP impulsa una reforma urgente del TC para inhabilitar a Artur Mas

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La sede del Tribunal Constitucional de la patria, Foto archivo Efe.

Lasvocesdelpueblo  y Agencias – El candidato del Partido Popular (PP) a las próximas elecciones autonómicas catalanas del domingo 27 septiembre 2015, Xavier García Albiol, y el portavoz del PP en el Congreso de los Diputados de la patria, Rafael Hernando, han presentado este martes, 1 de septiembre 2015, en el registro del Congreso una reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (TC) para dotar a esta institución de mecanismos para hacer cumplir las resoluciones y actuar contra las personas que las incumplan. <Fotografía: Sede del Tribunal Constitucional de la patria y miembros del grupo del PP en el Congreso de los Diputados este martes, durante una reunión de trabajo sobre la propuesta del PP. Foto facilitada por el PP por Twitter>.

Albiol, que ha apuntado al presidente separatista catalán, Artur Mas Gavarró, ha afirmado que la reforma incluiría multas y la inhabilitación de los dirigentes políticos que hagan caso omiso a las sentencias dictadas por el Tribunal Constitucional de la Nación. “Es un mensaje muy claro a aquellos que quieren romper Cataluña del resto de España de que la broma se ha terminado”.

“Esta resolución que presenta el grupo del Partido Popular, es la evidencia que nadie podrá saltarse las resoluciones del Tribunal Constitucional. Y es un mensaje muy claro de que para aquellos que quieren romper Cataluña del resto de España, de que la broma se ha acabado”, dijo en candidato del PP en catalán y en español.

“Nadie va a proclamar la independencia de Cataluña”, reitero dos veces el candidato del PP al 27-S “porque”, ha dicho Xavier García Albiol, la reforma del PP “dota de recursos al Tribunal Constitucional para que su resoluciones, para que sus sentencias se ejecuten por parte, tanto de funcionarios como de autoridades” del conjunto de Estado de la Nación, dijo Albiol.

El PP quiere poner en marcha la reforma esta misma legislatura aprovechando su mayoría absoluta y dentro de la tramitación de la ley de presupuestos generales del Estado. Según anunciaron Albiol y Hernando, se tramitará por la vía de urgencia. La reforma dotaría el TC de capacidad para sancionar y suspender funcionarios, dirigentes y autoridades que no acaten sus resoluciones. Albiol ha hecho un llamamiento al resto de formaciones contrarias a una eventual declaración unilateral de independencia (DUE), y en especial a Unión Democrática de Cataluña (UDC) para que apoyen la reforma cuando se tramite en el Congreso.

La propuesta del Partido Popular

La propuesta de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional de la patria que el PP ha presentado en el Congreso contempla la posibilidad de que losmiembros del grupo del PP en el Congreso de los Diputados este martes, durante una reunión de trabajo sobre la propuesta del PP magistrados no sólo multen o suspendan los cargos públicos que no apliquen sus sentencias, sino que puedan encargar al gobierno español “la ejecución sustitutoria” de estas resoluciones en detrimento de las competencias autonómicas o locales. Además, establece que en los casos de situaciones “de especial trascendencia constitucional” donde haya un “incumplimiento notorio” y “se trate de la ejecución de las resoluciones impugnadas”, el tribunal pueda adoptar medidas de ejecución sin necesidad de escuchar las partes.

Mediante la presentación de la reforma como proposición de Ley por parte del grupo parlamentario del PP, y no como proyecto de ley del gobierno de la Nación, el PP ahorra algunos pasos establecidos para dar garantías a las normativas, como es el dictamen del Consejo de Estado.

El texto que el partido de la gaviota ha registrado en el Congreso propone sanciones “coercitivas” y la “inhabilitación de las autoridades o empleados públicos” cuando se incumplan las resoluciones del TC, y permite “encomendar al gobierno de la Nación, aunque esté en funciones, la ejecución sustitutoria”, y” todo ello sin el perjuicio de que puedan exigirse las responsabilidades penales que correspondan”.

Según el texto, el procedimiento que se seguirá ante un incumplimiento es, en primer término, la solicitud por parte del Tribunal de un informe a la parte obligada a actuar, ya partir de que se reciba el informe o caduque el plazo previsto los magistrados tendrán manos libres para imponer las sanciones que consideren oportunas o bien suspender los cargos que hayan incumplido.

Podrá actuar sin escuchar a las partes cuando crea que se dan situaciones de incumplimiento notorio aunque después deberá dar audiencia a las partes y al Ministerio Fiscal para determinar si mantiene o revoca las medidas adoptadas.

La reforma implica una modificación del artículo 83 de la Ley Orgánica del TC para establecer que “todos los poderes públicos están obligados al cumplimiento de lo que el Tribunal Constitucional resuelva” y “los juzgados y tribunales prestarán con carácter preferente y urgente al Tribunal Constitucional el auxilio jurisdiccional que éste solicite.

También modifica el artículo 92 para establecer que el Tribunal Constitucional podrá señalar a sus sentencias quien las debe ejecutar, las medidas que deberá adoptar y “resolver las incidencias de la ejecución” cuando se produzcan. En este marco, “podrá recibir auxilio de cualquiera de las administraciones y poderes públicos para garantizar la efectividad de sus resoluciones” y estas le darán este auxilio “con carácter preferente y urgente”.

Además, las partes (Fiscalía, abogado del Estado o las administraciones implicadas) podrán proponer al Tribunal “las medidas de ejecución necesarias para garantizar el cumplimiento efectivo de sus resoluciones”.

En caso de que el mismo TC o alguna de las partes advierta que una de las resoluciones no se cumple los magistrados podrán “requerir a las instituciones, autoridades, empleados públicos o particulares a quien corresponda llevar a cabo su cumplimiento para que en el plazo que se les fije informen al respecto”. Una vez recibido este informe o transcurrido el plazo si el Tribunal apreciara el incumplimiento total o parcial de su resolución podrá adoptar diversas medidas.

La primera es una multa de entre 3.000 y 30.000 euros “a las autoridades, empleados públicos o particulares que incumplan”, pero también “la suspensión en sus funciones” a las autoridades o empleados públicos de la administración responsable del incumplimiento “durante el tiempo preciso para asegurar la observación de los pronunciamientos del Tribunal”.

En tercer lugar, puede ordenar “la ejecución sustitutoria de las resoluciones recaídas en los procesos constitucional” y en este sentido “requerir la colaboración del Gobierno de la Nación con el fin de que, en los términos fijados por el Tribunal, adopte las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de las resoluciones “.

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