Agencias – Todos los grupos del Parlamento autonómico de Cataluña, salvo el Partido Popular de Cataluña (PPC), han firmado hoy un pacto social contra la corrupción en Cataluña. Este pacto implica asumir un decálogo que incluye medidas como acabar con la financiación opaca de los partidos, conseguir la transparencia total de las administraciones y considerar las prácticas corruptas como delitos contra la democracia. Parlamento de Cataluña (Barcelona), 9 de diciembre 2015. Fotografía: La líder del PP catalán, Alicia Sánchez Camacho. Foto David Borrat.
Este pacto, la firma se ha hecho coincidir con el Día Mundial contra la Corrupción de la ONU, la ha impulsado el llamado Parlamento Ciudadano, una organización que agrupa a entidades y activistas y que quiere funcionar como un parlamento alternativo el oficial. El pacto se han ido añadiendo la Mesa del Tercer Sector, el ANC, Òmnium, la Fapac y asociaciones de vecinos, entre otras muchas entidades, que han conseguido que los grupos parlamentarios aceptaran suscribirlo.
El pacto define la corrupción como «una enfermedad social que afecta a los fundamentos de la democracia y de la equidad», porque «favorece unos partidos en financiarlos ilegalmente y desvía el dinero del pueblo a favor de las minorías que practican la corrupción. » Los firmantes toman «el compromiso de intentar evitar las causas estructurales de la corrupción con medidas contundentes». El pacto prevé una «Comisión Permanente para la implementación dialogada de las medidas adjuntas».
Los diez puntos del decálogo son: Acabar con la financiación opaco de los partidos; lograr la total transparencia y rendición de cuentas de la gestión pública; lograr la trazabilidad de las actuaciones de los responsables públicos; perseguir eficazmente los delitos vinculados a la corrupción; garantizar la independencia de los órganos y autoridades de control; reducir el dinero en efectivo y promover el uso del dinero personalizados; fortalecer los sistemas de control y contrapeso ciudadano; garantizar la función de servicio público de los partidos y de los cargos electos; implantar una gestión pública más eficaz, democrática y transparente; y crear organismos de aplicación y control de la transparencia y el buen gobierno.
Las medidas adjuntas son, entre otros: reducir drásticamente los gastos electorales; publicar todos los ingresos y gastos de todas las administraciones públicas; garantizar la transparencia y el control de las agendas de los cargos públicos; facilitar y proteger la denuncia de casos de corrupción; reforzar la independencia de los medios de comunicación públicos y promover la participación ciudadana.
