Agencias – El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, llamó este viernes a la «rebelión» contra el proyecto de ley presentado ayer por la oposición en el Parlamento que promete dar la propiedad a quienes ocupan viviendas subvencionadas por el Estado, pues asegura que es una estrategia para privatizar el programa social. Barcelona, 30 enero 2016. Fotografía: En la imagen, el presidente venezolano, Nicolás Maduro. Efe.
«Frente a la burguesía, rebelión, frente al intento de privatizar la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV) rebelión, rebelión, rebelión y punto», dijo Maduro durante un acto del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). El presidente aseguró que se trata de «un proyecto que amenaza gravemente el derecho a la vivienda y el hábitat en Venezuela» y que de aprobarse «se acabaría la Gran Misión Vivienda Venezuela».
En este sentido, reiteró a los militantes del PSUV la solicitud que les hizo ayer de movilizarse en las calles para explicar a los venezolanos el supuesto alcance negativo del proyecto de ley opositor. «Irían a privatizar todas las viviendas que hemos entregado, un millón de viviendas, irían a cobrarles o a expropiarles por los terrenos donde han sido construidos y más», aseguró.
La GMVV, puesta en marcha en 2011, es uno de los programas bandera del Gobierno venezolano a través del cual, según cifras del Ejecutivo, se han otorgado un millón de viviendas a familias de bajos recursos. El proyecto de ley fue presentado ayer por el jefe de la bancada parlamentaria opositora, Julio Borges, y aprobado con los votos de la oposición, cuyos representantes aseguraron que estas viviendas son entregadas bajo condiciones que prohíben la venta o la hipoteca del inmueble.
«Las personas a las que se les entregan las casas son solamente residentes permanentes, pero no son dueños, se les limita absolutamente la propiedad a la gente y eso lo disfrazan con un concepto falso que llaman ‘propiedad familiar'», dijo Borges durante la presentación del proyecto.
Esto, según el opositor, significa que el Gobierno tiene control sobre la vivienda, pudiendo incluso desocupar a los residentes en el momento en que lo considere. Para que sea aprobado, el proyecto aún debe ser sometido a una segunda discusión.
