El PSC plantea una insolidaridad económica (Cupo catalán) para contentar al separatismo

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BARCELONA (ESPAÑA), 19.12.2017. El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, durante el acto de cierre de la campaña electoral de las elecciones autonómicas catalanas del jueves 21 de diciembre de 2017. Efe.

Efe – Este consorcio, según el Estatuto, sería competente para gestionar la totalidad de los tributos exigidos en su territorio, según se acordase entre el Gobierno central y la Generalitat, si bien a fecha de hoy «todo ha quedado en una pretensión».  Madrid (España), lunes 25 de diciembre de 2017. Fotografía: BARCELONA (ESPAÑA), 19.12.2017.  El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, durante el acto de cierre de la campaña electoral de las elecciones autonómicas catalanas del jueves 21 de diciembre de 2017. Efe.

El experto en financiación autonómica designado por la Comunidad de Madrid para la reforma del sistema, Jorge Onrubia, considera que la hacienda catalana que plantea el líder del PSC, Miquel Iceta, «no es viable» y se «vende» como un «tránsito» hacia un modelo similar al concierto económico vasco.

En una entrevista con Efe, Onrubia subraya que el informe de la Comisión de expertos, que sirve de base a la negociación del nuevo modelo y del que es coautor, propone una administración tributaria integrada porque «fraccionar» la gestión en 17 réplicas es «un disparate» y «lo último que un especialista en administración tributaria recomendaría para luchar contra el fraude fiscal».

Para este profesor de Economía Aplicada en la Universidad Complutense de Madrid e investigador de Fedea, presumiblemente lo que el candidato Iceta persigue es «vender» la idea de que «tener la caja supone mayor continuidad en la entrada de los ingresos», lo que le sitúa en un escenario de «oportunismo» a fin de atraer al sector independentista.

Onrubia explica que «fraccionar» va en contra del ahorro de costes y de la fluidez en los intercambios de información por lo que sostiene que la propuesta del PSC, en definitiva, «es un señuelo electoral».

Por contra, este experto se muestra a favor, como se hace en el informe de ‘sabios’, de una administración tributaria integrada.
El experto también se refiere a la «lealtad institucional» y considera que ningún Gobierno «responsable» va a aceptar la existencia de organismos regionales que gestionen la totalidad de tributos estatales y autonómicos «sin ningún tipo de supervisión por parte de un ente central».

Sobre si la propuesta de Iceta conllevaría una reforma de la Constitución, Onrubia comenta que el Estatuto de Autonomía de Cataluña recoge la posibilidad de crear un consorcio en el que participen, de forma paritaria, la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) y la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC).

Este consorcio, según el Estatuto, sería competente para gestionar la totalidad de los tributos exigidos en su territorio, según se acordase entre el Gobierno central y la Generalitat, si bien a fecha de hoy «todo ha quedado en una pretensión».
Onrubia señala que aunque este consorcio se podría constituir atendido a la norma autonómica «presumiblemente encontraría problemas de constitucionalidad», ya que se extiende a la totalidad de tributos compartidos con el Estado (IRPF, Sociedades o IVA).

En el caso de Cataluña, Onrubia subraya que la creación de una Agencia Tributaria propia supuso una importante reorganización de la actividad, con un aumento en las dotaciones de recursos, aunque «en la práctica apenas se han producido cambios relevantes».

Recuerda que también Andalucía, Baleares, Cantabria, Galicia y Murcia crearon agencias tributarias propias y la Comunidad Valenciana manifestó su intención de dar ese paso, «en cumplimiento de la reforma de su Estatuto, aunque aún no se ha materializado».

Respecto a la propuesta del lehendakari, Íñigo Urkullu, en la que sitúa el concierto económico vasco como referente para el nuevo modelo de financiación, Onrubia sostiene que, a pesar de la controversia, su planteamiento ha quedado como «una especie de manifiesto enunciativo».

«No creo que nadie sensato, sinceramente, considere viable la generalización de este sistema», señala.
En opinión de este experto, «su aplicación dejaría al Estado sin recursos tributarios para sus competencias, además de condenar a las comunidades con baja renta per cápita a prestar sus servicios con sus recursos».

Aunque en su propuesta, Urkullu defiende que el concierto económico vasco y el cupo proceden de un sistema «eficiente y transparente», Onrubia subraya que «el resultado real es que el País Vasco y Navarra no contribuyen a la solidaridad interterritorial, ni tan siquiera a cubrir correctamente el coste de los servicios allí prestados por el Estado».