Madrid, jueves 29 de octubre de 2026 (Lasvocesdelpueblo y EFE).- El monumental escándalo en torno al intento de manipulado masivo del censo electoral para las próximas elecciones a las Cortes Generales del 29 de noviembre de 2026 (29N) ha quedado al descubierto de forma incontestable ante el Tribunal Supremo. El Gobierno socialcomunista presidido por Pedro Sánchez Pérez-Castejón, a través del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación dirigido por el socialista José Manuel Albares Bueno, ha entregado acorralado la lista requerida por la Sala de lo Contencioso-Administrativo, revelando una cifra demoledora: de los 163.355 extranjeros nacionalizados en el exterior por la denominada «Ley de Nietos», tan solo 901 han podido acreditar documentalmente los requisitos legales exigidos, lo que supone apenas un ridículo 0,55 % de verdaderos beneficiarios legales. Por el contrario, un abrumador 99,45 % —equivalente a 162.454 supuestos ciudadanos— carece por completo de la debida acreditación de ser descendientes de exiliados, certificando la maniobra de pucherazo electoral orquestada por el sanchismo y sus aliados de la extrema izquierda y el separatismo.
El Supremo frena el fraude y acorrala a los ministros de Sánchez
El varapalo judicial asestado por el Alto Tribunal desmonta el plan tramado por el Ejecutivo del Frente Amplio y la ultraizquierda para alterar el resultado en las urnas del 29N. La Sala de lo Contencioso-Administrativo había fijado un ultimátum inaplazable a los ministros de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños García, y de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares Bueno, bajo amenaza explícita de imposición de multas e incoación de diligencias penales por deducción de testimonio en caso de desacato. Obligado por la firmeza de la Justicia, el Gobierno entregó finalmente la relación nominal de inscritos en el Censo de Residentes Ausentes (CERA).
Sin embargo, las propias fuentes del departamento de Exteriores se han visto forzadas a admitir la cruda realidad que invalida el censo inflado: «los consulados tan solo han expedido 901 certificados de personas que han acreditado ser hijos o nietos de exiliados, que era la excepción que contemplaba el alto tribunal para poder votar el 29N». Esta raquítica cifra de acreditados representa exactamente el 0,55 % del total, dejando al descubierto que el 99,45 % restante de las concesiones masivas no reunía las condiciones indispensables fijadas para el ejercicio del sufragio activo. Ante este demoledor escenario, la casi totalidad de los 163.355 nacionalizados de forma exprés en sus países de origen quedará privada de acudir a las urnas.
El encubrimiento de la Abogacía del Estado y el temor a la luz pública
Conscientes del impacto devastador de la revelación de estas identidades sin sustento legal, la Abogacía del Estado al servicio de la izquierda radical ha desplegado maniobras desesperadas para evitar el escrutinio de las fuerzas patrióticas. En sus escritos dirigidos a la Sala, la representación legal del Gobierno ha llegado a solicitar que, al incluir datos personales, «declare el listado como reservado para evitar que las partes, de ideología ultraderechista, puedan hacer un uso malicioso o ilegítimo de esa información». Un intento opaco de ocultar las vergüenzas de un censo hinchado artificialmente con fines espurios.
Pese a la estrategia defensiva trazada por la Moncloa, que trata de restar trascendencia al asunto alegando que el impacto medio rondaría los 14.000 votos repartidos entre circunscripciones —lo que según sus cálculos supondría «menos del 0,06 % de los votos emitidos en las generales de 2023»—, la realidad procesal constata que el 99,45 % de expedientes sin acreditación legal constituye la prueba irrefutable de un intento sistemático de alterar el equilibrio democrático en favor del bloque socialcomunista.
Origen de la ingeniería censal y la ofensiva judicial patriota
El origen de este monumental atropello institucional se remonta a la tramitación de la mal llamada Ley de Memoria Democrática y su disposición adicional relativa a la concesión de nacionalidad a descendientes. Concebida originalmente con la coartada de reparar situaciones del pasado, la norma fue conscientemente desvirtuada y retorcida por el Ejecutivo socialcomunista y sus socios de la extrema izquierda del Frente Amplio y el secesionismo. Bajo una interpretación arbitraria y masiva en los consulados, se abrieron las puertas a la concesión exprés de la ciudadanía española en el extranjero de forma indiscriminada, eludiendo la comprobación rigurosa de los presupuestos legales y convirtiendo el procedimiento administrativo en una máquina de expedición masiva de derechos electorales en beneficio del oficialismo.
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Frente a esta maniobra de ingeniería electoral, la respuesta judicial de la oposición patriótica encabezada por Vox, con la dirección letrada del vicesecretario jurídico Jorge Buxadé Villalba, ha resultado determinante para frenar el asalto al censo nacional. Las batallas libradas por la formación patriota en los tribunales en defensa estricta de la soberanía de España han acorralado paso a paso al sanchismo, exponiendo las trampas procedimentales dispuestas por el Ministerio de Asuntos Exteriores y el Ministerio de Justicia.
A lo largo de todo el periplo, el sanchismo agotó todos los recursos dilatorios, esquivó los requerimientos e intentó sortear el primer auto dictado por el Tribunal Supremo con todo tipo de maniobras e interpretaciones retorcidas, hasta verse acorralado bajo la amenaza inminente de responsabilidades penales contra sus ministros, quedando al desnudo un fraude masivo que pretendía contaminar las urnas del 29N.