Lasvocesdelpueblo y Agencias – Jordi Sànchez, el secuestrado de las Fuerzas de seguridad del estado ante la Consejería de Economía y Hacienda del Gobierno cesado de la Generalidad de Cataluña y número dos de Convergencia-PDECAT-JxCat, alias «Jordis», cuenta con los votos favorables de JxCat y ERC, pero la CUP mantiene la abstención y frustra la mayoría absoluta. La defensa de Sànchez plantea a Llarena como opciones la salida de la prisión para ir a los dos debates y votaciones que podría tener el pleno de investidura concediéndole la libertad provisional o un permiso penitenciario; o en su defecto que pueda participar los dos días -sería viernes y domingo- mediante videoconferencia, desplazándose a tal efecto al lugar que determine el magistrado. Madrid (España), martes 10 de abril de 2018. Fotografía: BARCELONA (ESPAÑA), 27.09.2017. Aspecto de uno de los coches de la Guardia Civil que realizaban un registro con motivo del 1-O en la sede de la consejería de Economía del Gobierno de la Generalidad de Cataluña. Archivo Efe.
El número dos de JxCat, Jordi Sànchez, ha pedido hoy al juez del Tribunal Supremo (TS) Pablo Llarena que le permita salir de prisión para someterse a la investidura como presidente de la Generalidad de Cataluña prevista para el viernes o bien participar en la sesión a distancia a través de videoconferencia.
La defensa del exlíder de la organización separatista Asamblea Nacional Catalana (ANC), ejercida por el abogado Jordi Pina, ha alegado en un escrito ante el TS que, a su juicio, la resolución del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, del pasado 23 de marzo, insta al Estado a «garantizar cautelarmente» los derechos «civiles y políticos» del diputado de JxCat, encarcelado en Soto del Real (Madrid) desde el pasado octubre.
Y así, para «garantizar que España cumpla con sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos», el letrado pide a Llarena «la adopción de medidas que hagan posible el ejercicio de tales derechos».
El requerimiento al que se refiere el letrado se remite a la denuncia presentada ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU, organismo formado por 18 miembros que sin embargo aún no se ha pronunciado sobre el fundo de la cuestión, aunque dos de ellos pidieron a España que se adoptaran «las medidas necesarias» para garantizar «que pueda ejercer sus derechos políticos en cumplimiento del artículo 25 del Pacto» Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1976).
La defensa de Sànchez plantea a Llarena como opciones la salida de la prisión para ir a los dos debates y votaciones que podría tener el pleno de investidura concediéndole la libertad provisional o un permiso penitenciario; o en su defecto que pueda participar los dos días -sería viernes y domingo- mediante videoconferencia, desplazándose a tal efecto al lugar que determine el magistrado.
En este contexto, el presidente del Parlamento de Cataluña, Roger Torrent, ha afirmado que el juez Llarena «tiene una oportunidad de oro para rectificar y no vulnerar los derechos políticos» de Sànchez, lo que pasa, ha dicho, por permitirle que el viernes defienda su candidatura a la investidura.
En cambio, el portavoz adjunto de Cs en el Parlamento de Cataluña, Fernando de Páramo, ha presentado un escrito dirigido a Torrent en el que le «recriminan» que «le diga» al juez Llarena «lo que tiene que hacer», sobre el debate de investidura de Jordi Sànchez.
En el caso de que Llarena autorice la participación de Sànchez en el debate del Parlamento, el candidato, en su segundo intento de investidura -el primero no llegó a celebrarse-, tampoco tendría garantizada su elección.
El exlíder de la ANC, al que rechazan Ciudadanos, PSC-Unidos, Cataluña En Común-Podemos y PP, cuenta con los votos favorables de JxCat y ERC, pero la CUP mantiene la abstención y frustra la mayoría absoluta.
Con esta posición de los anticapitalistas, Sànchez sólo podría ser elegido en segunda vuelta si se asegura la delegación de voto del expresidente catalán Carles Puigdemont desde Alemania y la del exconsejero Antoni Comín desde Bélgica.
Pero la mayoría de la Mesa del Parlamento, conformada por JxCat y ERC, ha descartado abrir un debate sobre este asunto en la reunión de hoy, con el compromiso de abordarlo en otra cita antes del próximo pleno del viernes, si bien ha rechazado ya pedir un informe a los letrados.
En el caso de Puigdemont, la Mesa ya autorizó el pasado 3 de abril su delegación de voto, cuando el expresidente catalán estaba encarcelado en Alemania, pese a que ya entonces hubo una advertencia verbal de los letrados ante los riesgos de contravenir las medidas cautelares del Tribunal Constitucional.
Cs y PPC han pedido que esa decisión del día 3 se revoque, una vez Puigdemont ya ha quedado en libertad en Alemania, pero la mayoría soberanista de la Mesa ha evitado abrir este debate hoy.
En el caso de Comín, la Mesa no ha aprobado su delegación porque no lo ha solicitado formalmente para el pleno del viernes, aunque tanto él como ERC apuestan por esta vía.
Torrent ya ha avanzado que cuando llegue la petición de Comín la estudiarán y ha opinado que lo lógico, tanto en el caso del exconsejero como del expresidente catalán, es que se reconociera la delegación de voto de ambos puesto que «tienen los movimientos restringidos» por decisiones judiciales.
La CUP, inamovible en cuanto a la abstención para la investidura de Sànchez, ha querido hoy en cambio reafirmar su apoyo a Carles Puigdemont de forma presencial.
Dos de sus diputados, Carles Riera y Maria Sirvent, se han reunido con el líder de JxCat en Berlín para trasladarle su apoyo -traducido en sus cuatro votos favorables- si él decidiera volver a presentar su candidatura a la presidencia.
Una posibilidad que JxCat se reserva para más adelante, razón por la cual impulsó la reforma de la ley de presidencia, con el fin de habilitar una eventual investidura a distancia de Puigdemont.
La Mesa del Parlamento ha aceptado hoy las enmiendas presentadas por JxCat y por el PP sobre el texto y, tras este trámite, los grupos de la oposición podrán proceder a partir de este momento a solicitar un dictamen al Consejo de Garantías Estatutarias.
