El separatismo exige “retirar la Guardia Civil de Cataluña” y “dimisión” de Teresa Cunillera

Lasvocesdelpueblo
FOTOGRAFÍA. PARLAMENTO AUTONÓMICO DE CATALUÑA 8BARCELONA) ESPAÑA, 26.09.2019. El presidente de la Generalidad de Cataluña, Quim Torra Pla (d) junto al consejero de Interior, Miquel Buch (i) hablan durante la segunda jornada del debate de política general celebrado este jueves en el Parlamento de Cataluña, que vota las propuestas de resolución de los grupos parlamentarios. Efe

Efe – El Parlament ha aprobado este jueves, con los votos a favor de JxCat, ERC y la CUP, una resolución en la que se pide la “retirada” de los efectivos de la Guardia Civil que se encuentran en Cataluña, así como la dimisión de la delegada del Gobierno, Teresa Cunillera. Parlamento de cataluña (Barcelona) España, jueves 26 de septiembre de 2019. 

En la segunda y última jornada del debate de política general en el Parlament, el pleno ha aprobado esta resolución con los 65 votos a favor de JxCat, ERC y la CUP, ocho abstenciones de Catalunya en Comú Podem y 56 votos en contra de Ciudadanos, el PSC y el PPC.

La resolución, impulsada inicialmente por JxCat y ERC, defiende “la retirada de Cataluña de los efectivos de la Guardia Civil, dado que se han mostrado abiertamente como una policía de carácter político que está centrada en perseguir a determinados colectivos políticos y sociales”.

Asimismo, el texto aprobado reclama la “dimisión inmediata” de la delegada del Gobierno en Cataluña, la socialista Teresa Cunillera, por ser “manifiestamente incapaz de garantizar los derechos fundamentales de la ciudadanía”.

Según denuncia la resolución, “se ha abusado de la legislación impulsada bajo la excusa de combatir el terrorismo, con tal de atemorizar a la ciudadanía y coartar la protesta y la disidencia”.

Por ello, reclama que “se detengan las operaciones policiales de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado” que impliquen una “utilización especulativa y arbitraria de los tipos penales asociados al terrorismo con tal de reprimir el activismo social y político”.

Además, el Parlament “denuncia un Gobierno español y una cúpula del poder judicial manifiestamente sesgada y que actúa claramente preocupada por garantizar la razón de Estado e imponer sus propios sesgos ideológicos”.

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