Madrid, martes 20 de octubre de 2026 (Lasvocesdelpueblo).- La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha declarado extinguida la responsabilidad criminal derivada de la sentencia de la causa del golpe Procés respecto de los condenados golpistas separatistas Oriol Junqueras Vies, Dolors Bassa Coll, Jordi Turull Negre y Raül Romeva Roure, en aplicación de la Ley de Amnistía del Gobierno de coalición socialcomunista del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y la ultraizquierda Movimiento Sumar, que preside el socialista Pedro Sánchez Pérez-Castejón. El Alto Tribunal se ha visto forzado a asumir en su integridad la parte dispositiva del fallo dictado por el Tribunal Constitucional —órgano de mayoría socialcomunista y presido por el afín al PSOE Cándido Conde-Pumpido Tourón—, que concedió el amparo a la exconsejera del Govern separatista de la Generalitat de Catalunya por la extrema izquierda secesionista Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Dolors Bassa Coll. Asimismo, el tribunal ha acordado poner en conocimiento del Ministerio de Justicia su resolución para la cancelación de los antecedentes penales de los implicados, dando cumplimiento al peaje exigido por el separatismo para mantener a Sánchez en el poder en una legislatura que finalizará el próximo domingo 29 de noviembre de 2026 (29N).
El auto emitido por la Sala formada por los magistrados Andrés Martínez Arrieta (presidente), Manuel Marchena (ponente) y Antonio del Moral, no solo da trámite a la extinción de las penas y remite las actuaciones al Ministerio de Justicia para borrar el historial delictivo de Junqueras, Bassa, Turull, Romeva, así como de Joaquín Forn, Meritxell Borrás, Carme Forcadell y Josep Rull, sino que contiene un durísimo alegato en defensa de la independencia judicial frente al sometimiento político del Tribunal Constitucional. El Supremo resume y acata formalmente el fallo del órgano de Conde-Pumpido que declaró nulos los autos del propio Alto Tribunal al considerar que la amnistía debía cubrir el delito de malversación, pero desmonta de forma tajante el trasfondo ideológico y la injerencia cometida desde la alta corte.
En su resolución, los magistrados del Supremo censuran abiertamente el lenguaje ofensivo e improcedente utilizado por los siete magistrados de la mayoría socialcomunista del Constitucional para justificar el amparo. La Sala subraya que atribuir a la interpretación del Supremo conceptos como «drástica contradicción», «reducción teleológica» o «distanciamiento de la lógica» representa un intento burdo de camuflar la intensidad de la invasión en la jurisdicción ordinaria. Los jueces remarcan que esta descalificación vertida desde el TC alcanza a catorce magistrados en total, entre ellos cinco componentes del propio Tribunal Constitucional que firmaron un voto particular denunciando la «reiterada suplantación del rol funcional que corresponde al Tribunal Supremo».
Asimismo, el Tribunal Supremo deja constancia de que la sentencia redactada por el bloque sumiso al sanchismo quiebra la doctrina histórica del propio Tribunal Constitucional y vulnera de forma flagrante el artículo 54 de su propia Ley Orgánica, el cual le obliga a abstenerse de juzgar las actuaciones de los órganos jurisdiccionales. El Supremo advierte de que convertir al TC en una especie de última instancia casacional desdibuja el marco fijado en la Constitución Española de 1978, donde se garantiza la independencia de los jueces ordinarios frente a un órgano de naturaleza política cuya labor debería limitarse a preservar los derechos fundamentales sin suplantar el criterio técnico de la jurisprudencia consolidada durante décadas.
El origen del proceso: La sentencia histórica del Tribunal Supremo contra el golpe separatista de 2017
Para comprender el alcance de la impunidad decretada por el entorno del Gobierno socialcomunista, cabe recordar los hechos probados de la histórica Sentencia 459/2019, dictada por el Tribunal Supremo el 14 de octubre de 2019. Aquella resolución judicial dejó acreditado cómo el Ejecutivo separatista de la Generalitat de Cataluña, de la mano de los partidos secesionistas y las entidades afines, desplegó un plan coordinado para dinamitar el orden constitucional, desobedecer sistemáticamente los mandatos del Tribunal Constitucional y del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, e imponer de forma unilateral la ruptura de la unidad de España mediante la convocatoria del ilegal referéndum del 1 de octubre de 2017.
El fallo de 2019 condenó a las principales cabezas del golpe por los delitos de sedición y malversación de fondos públicos. Se probó fehacientemente que los mandos políticos del secesionismo no solo promovieron la movilización multitudinaria en las calles y levantaron a masas para impedir el cumplimiento de resoluciones judiciales —como ocurrió en el asedio al Departamento de Economía en septiembre de 2017—, sino que además desviaron millones de euros de las arcas públicas catalanas para financiar la logística, la propaganda exterior y el acondicionamiento de las urnas y papeletas del proceso ilegal.
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Entre las principales condenas impuestas por el Alto Tribunal figuraban los 13 años de prisión e inhabilitación absoluta para el exvicepresidente separatista Oriol Junqueras Vies por sedición en concurso real con malversación. De igual modo, los exconsejeros Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa fueron castigados con penas de 12 años de cárcel e inhabilitación por los mismos delitos. Por su parte, Joaquín Forn y Josep Rull recibieron penas de 10 años y medio de prisión por sedición, mientras que la expresidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, fue condenada a 11 años y medio por su papel determinante en la tramitación legislativa de la desconexión unilateral.
El tribunal dejó meridianamente claro en su sentencia condenatoria que la actuación de los golpistas no constituyó un mero ejercicio de libertad de expresión ni de debate político, sino una grave insurrección institucional orientada a despojar al pueblo español de su soberanía nacional sobre el territorio de Cataluña. El uso ilícito del erario público para sufragar este asalto a la legalidad representaba una quiebra absoluta del deber de custodia de los recursos de todos los ciudadanos, agravando la gravedad de la conducta delictiva.
Hoy, la decisión impuesta por el Tribunal Constitucional bajo la batuta del sanchismo borra de un plumazo aquellas penas e inhabilitaciones, logrando que el Estado abdique de la persecución penal frente a quienes perpetraron el mayor ataque a la democracia y a la unidad de la Patria en la historia reciente, todo ello empaquetado en un acuerdo político destinado a garantizar la permanencia del socialismo en el Palacio de la Moncloa.