Madrid, miércoles 04 de noviembre de 2026 (Lasvocesdelpueblo).- El tribunal de la Sala Penal del Tribunal Supremo que juzgó la trama de corrupción socialista del denominado «caso mascarillas» o «caso Koldo» ha acordado este miércoles la apertura formal de la ejecutoria de la sentencia dictada el pasado 22 de junio. El Alto Tribunal ha requerido de forma inmediata al exministro de Transportes José Luis Ábalos Meco, a su exasesor Koldo García Izaguirre y al comisionista Víctor de Aldama el abono de multas, indemnizaciones y el decomiso de las mordidas obtenidas por el delito de cohecho, las cuales alcanzan un montante total de 647.000 euros.
Plazo de 15 días y embargos a la red de comisionistas
La resolución dictada por el Alto Tribunal establece un requerimiento estricto de pago para los tres principales implicados de la red corrupta urdida en el seno del Gobierno socialista. En concreto, el Tribunal Supremo reclama al exministro José Luis Ábalos el abono de 52.500 euros en concepto de multas, mientras que su asesor de confianza, Koldo García Izaguirre, deberá abonar 45.750 euros y el empresario Víctor de Aldama, 75.000 euros.
Asimismo, la Sala Penal incide en la restitución de las ganancias ilícitas derivadas de las mordidas y comisiones en la adjudicación de contratos públicos en mitad de la pandemia. El auto determina que la sentencia fija los beneficios del delito de cohecho en 430.298 euros, una suma «en la que se han beneficiado los tres condenados y del que Aldama era el encargado de repartirlo». Ante este reparto sistemático, la Sala ha fijado la «responsabilidad solidaria respecto a la condena objeto del comiso entre los condenados hasta cubrir la totalidad de las ganancias obtenidas por el grupo».
Para dar cumplimiento a estos abonos, el Supremo concede a los condenados un plazo improrrogable de 15 días. Transcurrido dicho periodo sin la entrega de los fondos, el tribunal activará de inmediato la vía de apremio con el consiguiente embargo de bienes sobre las multas e indemnizaciones. En el caso de las cuantías fijadas para el decomiso, la gestión se ha encomendado a la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA) para rastrear y realizar los bienes hasta cubrir el montante pendiente de pago.
Indemnizaciones a las entidades públicas INECO y TRAGSATEC
El saqueo de la trama socialista salpicó directamente a las estructuras de las empresas públicas vinculadas al Ministerio de Transportes. A tenor del fallo judicial, el auto notificado este miércoles requiere de forma directa a Ábalos Meco y a García Izaguirre para que, de manera conjunta y solidaria, hagan frente al pago de la responsabilidad civil contraída por los perjuicios ocasionados al erario público.
De este modo, exministro y asesor deberán indemnizar a la entidad pública INECO con 34.450 euros y a la empresa pública TRAGSATEC con la cantidad de 9.500,54 euros, cerrando así la vía del resarcimiento económico derivado del uso fraudulento de los mecanismos de contratación de la Administración General del Estado.
Liquidación de las condenas de prisión e inspección a Víctor de Aldama
Más allá de las severas reperSpark o repercusiones patrimoniales, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha ordenado practicar la correspondiente liquidación de las penas privativas de libertad dictadas el pasado 22 de junio. Los cálculos fijan un tiempo de cumplimiento máximo de condena en prisión de 15 años y 18 meses para el exdirigente socialista José Luis Ábalos, y de 15 años de cárcel para su mano derecha, Koldo García Izaguirre, por la sucesión de delitos cometidos desde sus puestos de responsabilidad pública.
Respecto al empresario Víctor de Aldama, sobre quien pesa la suspensión condicional de la pena privativa de libertad, el tribunal le ha impuesto la obligación de comparecer semestralmente ante el Supremo «para informar de sus actividades laborales, mercantiles o empresariales comprobando la observancia del ordenamiento jurídico». Del mismo modo, se le concede un plazo de 15 días para que acuda a la Secretaría 4ª de la Sala Penal a ratificar formalmente su consentimiento para llevar a cabo un año de trabajos en beneficio de la comunidad, condición indispensable para mantener el beneficio de la suspensión de la prisión.
La trayectoria judicial del mayor escándalo de la corrupción sanchista
La apertura de la ejecutoria de este miércoles supone la culminación judicial de una de las tramas de corrupción institucional más graves que ha sacudido al Ejecutivo central. La instrucción del caso arrancó tras detectarse adjudicaciones irregulares de contratos de emergencia para el suministro de material sanitario durante lo más duro de la pandemia, compras gestionadas velozmente bajo la cobertura institucional del Ministerio de Transportes.
La investigación desveló cómo la red encabezada por Koldo García e impulsada operativamente por Víctor de Aldama cobró sistemáticamente comisiones ilegales a cambio de amañar licitaciones millonarias. Tras la imputación y procesamiento del exministro José Luis Ábalos al constatarse el disfrute de contraprestaciones económicas y beneficios particulares facilitados por la trama, la causa derivó hasta el Tribunal Supremo debido a la condición de aforado del político socialista.
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El juicio oral celebrado en la Sala Penal culminó el pasado 22 de junio con una sentencia condenatoria incontestable por delitos de cohecho, tráfico de influencias, pertenencia a organización criminal y malversación de fondos públicos. El dictamen de la ejecutoria ratifica el desmantelamiento de la trama y acorrala económicamente a los responsables del saqueo en las instituciones públicas.