Madrid, martes 3 de noviembre de 2026 (Lasvocesdelpueblo y EFE).- El Tribunal Supremo ha desestimado de forma definitiva las impugnaciones presentadas por la Fiscalía y la Abogacía del Estado contra la tasación de costas impuesta al condenado socialista exfiscal general del Estado nombrado por Pedro Sánchez Pérez-Castejón, Álvaro García Ortiz. En un decreto dictado por la letrada de la Sala Penal, el alto tribunal ha ratificado en 39.009 euros la factura procesal derivada de su condena penal por revelación de datos reservados, rechazando que exista «desproporción patente, manifiesta o notoria» en los honorarios del abogado Gabriel Rodríguez Ramos, defensor de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
El Supremo frena la ofensiva de la Abogacía del Estado y valida las costas
La resolución del Tribunal Supremo fija de forma irremisible el montante económico que debe asumir García Ortiz tras ser derrotado en la vía judicial. De los 39.009 euros ratificados, un total de 38.508 euros corresponden a la minuta del letrado de la acusación particular y 501 euros a los derechos de la procuradora. La letrada de la Sala de lo Penal fundamenta el rechazo a las pretensiones del condenado al valorar el trabajo profesional desarrollado y la «singular complejidad de la causa», avalada previamente por el informe del Colegio de Abogados de Alcalá de Henares. De este modo, la letrada subraya que «no resulta acreditada la existencia de una desproporción patente, manifiesta o notoria que permita calificar los honorarios incluidos en la tasación como excesivos».
Esta resolución supone la culminación de la factura procesal de una causa en la que García Ortiz fue apartado e inhabilitado tras cometer un delito de revelación de datos reservados en el ejercicio de su cargo. El Supremo impuso al ex alto cargo socialista dos años de inhabilitación especial para el puesto de fiscal general del Estado, el pago de una multa de 7.200 euros, una indemnización de 10.000 euros por daños morales al perjudicado y la asunción íntegra de las costas.
El blindaje sanchista: de la colecta de la UPF al auxilio institucional
La trayectoria procesal contra el ex fiscal general de Pedro Sánchez ha dejado al descubierto el uso instrumental de los organismos públicos y de los colectivos judiciales afines para amortiguar el impacto de sus responsabilidades penales. Durante la instrucción y en la fase de tasación de costas, tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado actuaron sistemáticamente como una línea de defensa institucional del imputado, recurriendo las resoluciones en un intento por rebajar el coste económico derivado de sus abusos delictivos.
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A este auxilio de los servicios jurídicos del Estado se sumó la cobertura económica prestada por la Unión Progresista de Fiscales (UPF), asociación de la que el propio García Ortiz fue presidente portavoz. La UPF coordinó y canalizó la recopilación de aportaciones voluntarias para asumir íntegramente como propio el abono de la multa de 7.200 euros y la indemnización de 10.000 euros impuestas por la sentencia firme del Tribunal Supremo, buscando neutralizar de forma efectiva el impacto punitivo sobre el ex alto cargo.
Un precedente insólito en el Estado de derecho y la maniobra del indulto antes del 29N
El proceso penal que culminó con la condena de Álvaro García Ortiz constituye un hito insólito e inaudito tanto en la historia democrática de España como en el marco institucional de las democracias occidentales. En ningún Estado de derecho de la Unión Europea se había registrado la condena e inhabilitación firme del máximo responsable del Ministerio Público por el uso indebido e inconstitucional del aparato estatal contra un ciudadano particular.
Pese a la gravedad institucional de los hechos acreditados por el Supremo, el Gobierno socialcomunista liderado por Pedro Sánchez ha puesto en marcha los mecanismos de protección política. La solicitud de indulto se encuentra sobre la mesa del ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. El propio presidente del Gobierno ha respaldado públicamente al condenado y no ha descartado otorgar la medida de gracia antes de los comicios del próximo 29 de noviembre, consolidando una maniobra política orientada a garantizar la impunidad de su ex alto cargo judicial.