Agencias – El Tribunal de la patria debería apercibirles «de las eventuales responsabilidades, incluida la penal, en las que pudieran incurrir», pedía el Gobierno. El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite hoy el incidente de ejecución por desobediencia que el Gobierno en funciones del Presidente Mariano Rajoy Brey promovió contra el Parlamento autonómico de Cataluña -con mayoría absoluta de las coalición separatista excluyente de Artur Mas Gavarró y Oriol Junqueras Vies, Juntos Por El Sí (JxSí) y Candidatura de Unidad Popular (CUP-CC)- por la creación de la Comisión de Estudio del Proceso Constituyente para la creación de la República Catalana. Madrid, 3 marzo 2016. fotografía: La ex líder de la ANC, Carme Forcadell, haciéndose un ‘selfie’ con los diputados de JxSí Lluís Llach, Oriol Junqueras, Marta Rovira y Raül Romeva, tras ser elegida presidenta del Parlamento. Efe
El tribunal de garantías abre así el incidente de ejecución de sus sentencias previsto en la reciente reforma de la Ley Orgánica del TC aunque, según ha informado en una nota, «queda pendiente la resolución» del mismo. En primer término, lo pedido por el ejecutivo en su escrito era la anulación de la comisión del Parlamento autonómico de Cataluña por parte del TC, pero la decisión adoptada por el tribunal en el día de hoy no conlleva esa medida.
Fuentes del alto tribunal informaron de que la admisión del incidente no implica que se desaten las medidas coercitivas previstas por la reforma, sino que se van a estudiar y, en su caso, se adoptarán en un auto futuro. La reforma del Tribunal Constitucional impulsada por el Grupo Popular implica, para un caso como el presente, que se produzca una advertencia a la presidenta del Parlament de Cataluña, Carme Forcadell, y a los miembros de esa comisión de que pueden estar cometiendo delito de desobediencia.
El TC, de hecho, ya ha solicitado sus alegaciones y las del fiscal, que ya obran en poder de los magistrados. La medidas previstas para que el TC obligue a que se cumplan sus sentencias podrían conllevar también multas coercitivas, acordar la suspensión de las autoridades o empleados públicos responsables del incumplimiento o encomendar al Gobierno de la patria, aun en funciones, la ejecución de su fallo, además de las acciones penales que considerase adecuadas el fiscal.
El Gobierno del presidente en funciones Mariano Rajoy Brey pidió en enero al TC que anule la creación por el Parlamento de Cataluña de la citada comisión separatista contra el resto de los catalanes y toda España, con el argumento de que infringe la reciente sentencia del tribunal de garantías que declaró inconstitucional la declaración independentista.
En ese escrito el abogado del Estado señalaba que la citada comisión es «un acto frontal de desacato y de manifiesto incumplimiento». Por eso pedía al TC que «requiera a la señora presidenta del Parlamento de Cataluña y a los miembros de la citada comisión» de que deben abstenerse de esa iniciativa e «impedir» cualquier otra que ignore la sentencia del Constitucional.
Además, el TC debería apercibirles «de las eventuales responsabilidades, incluida la penal, en las que pudieran incurrir», pedía el Gobierno de la Nación.
