Lasvocesdelpueblo y Agencias – El Tribunal Constitucional (TC) de la patria debatirá en el pleno que comienza hoy una propuesta de sentencia que establece que la prohibición del gobierno secesionista antiespañol de Juntos Por El Sí (JxSí) de las corridas de toros invadió competencias estatales, tal y como defendía el recurso que el Grupo Popular en el Senado planteó en 2010. Madrid (España), martes 4 de octubre de 2016. Fotografía: El diestro José Tomás torea con la muleta a su segundo toro durante la tercera corrida de la Feria de la Virgen de San Lorenzo de Valladolid en donde ha compartido cartel con José Mari Manzanares y el rejoneador Leonardo Hernández. Archivo Efe.
«La actividad taurina constituye un mercado económico propio, de producción de bienes y servicios, que se configura como un sector económico de primera magnitud (…) y es evidente que una norma prohibitiva es un elemento distorsionador y desequilibrante del mercado, que afecta a otros territorios e intereses diversos», argumentaba el recurso que podría aceptar el TC.
La ponente de la sentencia, la magistrada Encarnación Roca, la llevará a su debate al pleno que se desarrollará entre hoy y el jueves y, si como todo parece indicar, recaba el apoyo de la mayoría de los magistrados, el fallo será dictado en estos días.
Según el recurso -avalado por 50 senadores-, la prohibición catalana vulneró la Constitución porque iba más allá de lo que le permitía el decreto de transferencias a las comunidades autónomas en materia de espectáculos.
El decreto permitía a las Comunidades Autónomas Españolas (CCAA) la regulación de los mismos, pero no la capacidad de prohibirlos.
El recurso se basaba también en el principio constitucional no escrito de la unidad del orden económico nacional, que estaría contravenido por la decisión del Parlamento autonómico español en la región catalana.
«La actividad taurina constituye un mercado económico propio, de producción de bienes y servicios, que se configura como un sector económico de primera magnitud (…) y es evidente que una norma prohibitiva es un elemento distorsionador y desequilibrante del mercado, que afecta a otros territorios e intereses diversos», argumentaba el recurso que podría aceptar el TC.
