Lasvocesdelpueblo y Agencias.- El Pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite este viernes los recursos de inconstitucionalidad que fueron presentados por el Grupo Parlamentario de Vox y por el Grupo Parlamentario del PP en el Congreso de los Diputados contra la reforma para recortar los poderes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cuando está en funciones, entre ellos el de realizar nombramientos en la cúpula judicial, dictado por el Gobierno de coalición socialcomunista tripartito del PSOE, Podemos e Izquierda Unida, que preside Pedro Sánchez Pérez Castejón (PSOE).
Ambos recursos fueron promovidos contra la Ley Orgánica 4/2021, de 29 de marzo, por la que se modificaba la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (LOPD), para el establecimiento del régimen jurídico aplicable al CGPJ en funciones.
En el trámite de admisión, el TC acuerda además dar traslado de la demanda y de los documentos presentados tanto al Congreso de los Diputados, como al Senado y al Gobierno para que puedan personarse en el proceso y formular las alegaciones que consideren convenientes.
Según explica el TC en nota informativa, los recurrentes alegan que la norma impugnada podría contradecir diversos artículos de la Constitución (art. 9.3, 23, 122, 165, 167, 169, entre otros) por defectos formales en su tramitación parlamentaria así como por vulnerar el principio de independencia judicial o la reserva de Constitución para regular el CGPJ.
El tribunal de garantías ha acordado por unanimidad estudiar y revisar los dos recursos. Los ponentes serán el magistrado Juan Antonio Xiol y la magistrada María Luisa Balaguer, ambos del sector progresista.
La proposición de ley impulsada por PSOE y Unidas Podemos fue muy contestada no solo por la oposición sino por el propio CGPJ, que trató sin éxito en varias ocasiones de que el Congreso recabara su opinión antes de su tramitación.
E, incluso, barajó la posibilidad -una vez fue aprobada por el Congreso el pasado 11 de marzo- de acudir al Tribunal Constitucional para plantear un conflicto de competencias con la cámara baja como promovieron un grupo de vocales, cuya petición fue descartada.
La norma volvió a salir a relucir durante el acto de apertura del Año Judicial cuando el presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, criticó duramente esta iniciativa señalando que «la urgencia de esta reforma y su propio contenido se han querido fundamentar en una pretendida pérdida de confianza parlamentaria de nuestra institución, ignorando que el Consejo goza, por voluntad constitucional, de plena autonomía respecto de los demás poderes públicos».
Por otra parte, el Pleno ha admitido también a trámite el recurso del PP contra la Ley de la Eutanasia, que recurrió en el límite de los tres meses que la ley marca para los recursos parlamentarios, y que se suma al de Vox, que ya fue admitido a trámite si bien el TC rechazó suspender su entrada en vigor de forma cautelar, como solicitaba ese partido.
El portavoz nacional del PP y alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, dijo entonces que su partido con este recurso «lo único que hace es, en un Estado de derecho, apelar al Tribunal Constitucional», porque «hay determinados aspectos de esa ley de eutanasia que pueden ser inconstitucionales».
Mientras que la ministra de Igualdad, Irene Montero, criticó esta acción que sitúa al PP «siempre del lado reaccionario a cualquier avance de derechos. Esa es su idea de libertad, recurrir poder decidir libremente el fin de la vida».
Asimismo, el Pleno también ha admitido a tramite los dos recursos de Vox y PP contra el Decreto Ley de los ‘riders’, que establece la condición de asalariados para los repartidores de plataformas digitales, los llamados «riders».
