Redacción.- Barcelona (España), viernes 25 de junio de 2021. «Os confirmamos que el Tribunal Constitucional (TC) todavía no se ha pronunciado sobre el primer recurso contra el estado de alarma que interpuso VOX». Así han informado hoy fuentes nacionales del partido presidido por Santiago Abascal Conde a Lasvocesdelpueblo.
Fuentes del TC han confirmado a VOX que «sigue en fase de estudio y deliberación y que se volverá a llevar al pleno del próximo mes de julio».
El TC estudia declarar ilegal el primer estado de alarma decretado por el Gobierno de coalición de España del Presidente Pedro Sánchez Pérez Castejón al entender que las medidas aplicadas durante la alarma son de un estado de excepción y no de estado de alarma.
Se trata del borrador del magistrado Pedro González Trevijano, del sector conservador, que da respuesta al recurso de Vox contra el real decreto del estado de alarma del 14 de marzo y las prórrogas posteriores para hacer frente a la pandemia.
La propuesta señala que las restricciones acordadas por el Gobierno excedieron del marco legal del estado de alarma pues suspendieron en vez de limitar el ejercicio de derechos fundamentales, algo que debería haberse acordado bajo el paraguas que otorga el estado de excepción.
El texto considera que la intensidad y gravedad de esas limitaciones, como el derecho de circulación fruto del confinamiento domiciliario, derivaron en una suspensión que no tiene acomodo en la Constitución.
Ahora bien, el ponente no cuestiona las restricciones de esos derechos fundamentales sino el instrumento que utilizó el Gobierno para llevarlo a cabo, pues entiende que el estado de alarma no permite una suspensión generalizada de derechos fundamentales.
El texto, por tanto, no pone en tela de juicio la idoneidad de las medidas restrictivas al enmarcarse en una pandemia global y en que fueron semejantes a las de los países de nuestro entorno, sino que el planteamiento es puramente jurídico, es decir, se utilizó un instrumento legal que no era el más adecuado.
Fuentes jurídicas consultadas por Efe apuntan a que el debate será largo e intenso por tratarse de un asunto de gran calado jurídico en el que ven «sumamente difícil que se alcance la unanimidad» habida cuenta de la división en el tribunal en asuntos de gran trascendencia en los últimos meses como la ley mordaza, el Procés (proceso separatista en Cataluña), el ultraje a la bandera o el asalto al Parlamento de Cataluña.
Y que, además, es de amplía repercusión política por afectar al decreto del estado de alarma en su conjunto hasta tal punto que fijará jurisprudencia respecto del recurso que el Constitucional tiene que resolver más adelante sobre el segundo estado de alarma, aunque solo lo hará en parte.
Esto es así porque los supuestos de hecho son distintos, es decir, durante el segundo estado de alarma no hubo suspensiones sino medidas limitativas aunque sí que hubo «cierto desapoderamiento» y «ausencia» de control parlamentario.
La formación de Santiago Abascal recurrió en amparo al tribunal de garantías para que determine si las acciones del Gobierno constituyen «una flagrante violación» de la Constitución al utilizar de forma «abusiva e injustificada» el estado de alarma y vulnerar derechos fundamentales de los ciudadanos.
Su portavoz, Jorge Buxadé, argumentó que el estado de alarma únicamente permite limitar la libre circulación de personas y subrayó que si el Gobierno pretendía suspender derechos fundamentales, «como ha hecho», debería haber optado por el estado de excepción y pedir autorización al Congreso.
Entre los derechos supuestamente vulnerados figuran los de reunión, manifestación y educación, según Vox, para quien «el Gobierno ha hecho a través del estado de alarma lo que tenía que haber hecho a través del estado de excepción».
