Efe – El Tribunal de Cuentas ha reclamado un total de 4,1 millones de euros a una treintena de cargos y exaltos cargos del Gobierno de la Generalitat presidido por Carles Puigdemont por la desviación de dinero público para la organización del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. Madrid (España), miércoles 29 de enero de 2020.
Según han confirmado fuentes del Tribunal de Cuentas, la instructora de la causa ha levantado un acta de liquidación provisional por importe de 4.146.274 euros, de los que 3.903.294 euros corresponden al principal de los daños ocasionados a los fondos públicos y 242.980 euros a intereses.
El Tribunal de Cuentas ha citado este martes a los representantes legales de Puigdemont, del exvicepresidente Oriol Junqueras y del resto de cargos de la Generalitat para fijar la liquidación provisional de los gastos ocasionados por el referéndum.
Los partidas de fondos públicos desviados más importantes corresponden a los 1,2 millones de euros invertidos en envíos portales a cargo de la empresa Unipost, de las que hace responsables a Puigdemont y al exvicepresidente, Oriol Junqueras, entre otros miembros del Govern, y los 1,4 millones con destino a infraestructuras informáticas de la Generalitat.
Tras escuchar sus alegaciones, la instructora ha requerido el depósito o el aval por ese importe que deberán realizar en el plazo de quince días.
En el caso de que no cubran dicha cantidad, el Tribunal podrá iniciar el procedimiento de embargo de sus bienes o, en su caso, de sus nóminas, como sería el caso de Carles Puigdemont en el Parlamento Europeo.
Al margen de estas cantidades, el Tribunal de Cuentas volverá a llamar a miembros y altos cargos de la Generalitat por las actividades que realizaron con su acción exterior vinculada con el referéndum del 1-O, según han avanzado los abogados de Sociedad Civil Catalana y de Abogados Catalanes por la Constitución presentes en la vista de este martes.
Manuel Miró y Manuel Zanón, portavoces de esas dos asociaciones, han agradecido la labor del Tribunal de Cuentas para evitar que se utilice dinero público para crear estructuras de Estado y «malgastar ese dinero en actuaciones ilegales, en las que la Generalitat no tiene competencias».
Miró ha explicado que de esos 4,1 millones «responde todo el Gobierno de forma solidaria» y ha apuntado que, a parte de esa cantidad vinculada con los gastos del referéndum, en pocos meses se volverá a llamar a las partes para hacer un acta complementaria, en las que se van a incluir los gastos ilegales de las denominadas «embajadas en el exterior».
Ha recordado que la sección de fiscalización del Tribunal de Cuentas ya hizo un informe, presentado en marzo de 2018, en el que analizaba todos los gastos de la acción exterior de la Generalitat y no solo los vinculados al referéndum.
«Habla de cifras astronómicas -ha continuado-, de 400 millones de gasto entre 2011 y 2017 y unos 24 millones de embajadas», ha relatado.
