Efe – La Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) establece en su artículo 702, a diferencia de en la fase de instrucción, en la que el presidente del Gobierno y los miembros de su Ejecutivo, entre otros cargos, deben declarar desde su despacho o su domicilio y pueden hacerlo por escrito, que una vez abierto juicio oral, «están obligados a declarar» y «lo harán concurriendo ante el Tribunal». San Fernando de Henares (Madrid), (España), miércoles 19 de abril de 2017. Fotografía: El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy. Archivo Efe.
El tribunal del juicio del caso Gürtel dictará una resolución con una fundamentación razonada de su decisión de que declare como testigo el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que contará con un voto particular discrepante del presidente de la Sala, Ángel Hurtado.
Así lo ha adelantado Ángel Hurtado al comienzo de la sesión de hoy de la vista, en la que ha explicado que en la resolución se detallarán la fecha y otros aspectos de esta diligencia que ha prosperado al considerarla pertinente los otros dos magistrados de la Sala, José Ricardo de Prada y Julio de Diego.
El tribunal admitió ayer por mayoría de dos magistrados contra uno la petición de que Rajoy testifique planteada por José Mariano Benítez de Lugo, letrado de la acusación ejercida por la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE), a la que se opuso la fiscal, el abogado del Estado y el PP.
El tribunal tendrá que decidir de qué manera testifica el jefe del Ejecutivo, si lo hace de forma presencial ante el tribunal o por videoconferencia.
La Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) establece en su artículo 702, a diferencia de en la fase de instrucción, en la que el presidente del Gobierno y los miembros de su Ejecutivo, entre otros cargos, deben declarar desde su despacho o su domicilio y pueden hacerlo por escrito, que una vez abierto juicio oral, «están obligados a declarar» y «lo harán concurriendo ante el Tribunal».
Pero añade en el siguiente artículo que su citación «se hará de manera que no perturbe el adecuado ejercicio de su cargo».
Además, esa misma ley abre una vía para que la declaración de Rajoy se realice por videoconferencia, por decisión del propio tribunal o a petición del citado, «por razones de utilidad, seguridad o de orden público» o cuando la comparecencia le «resulte gravosa o perjudicial».
De hecho, la misma Audiencia Nacional optó por la videoconferencia para tomar declaración en 2014 al entonces presidente de la Generalitat, Artur Mas, entre otros altos cargos, en el juicio por el asedio al Parlament.
Pero Rajoy no podrá declarar por escrito, un instrumento reservado para la Familia Real y también para cargos como el presidente del Gobierno, pero en este último caso solo cuando se trate de hechos conocidos por razón de su cargo y Rajoy no era jefe del Ejecutivo entre 1999 y 2005.
