El Tribunal General de la Unión Europea rechaza las medidas cautelares del golpista Puigdemont de su detención en Sassari (Cerdeña) Italia 

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FOTOGRAFÍA. SASSARI (CERDAÑA) ITALIA, 25.09.2201. l procesado golpista huido de la Justicia española expresidente de la Generalidad de Cataluña y presidente de la formación de la derecha separatista gubernamental, Carles Puigdemont Casamajó (JxCat), disfruta de su puesta en libertad por una juez del Tribunal de Apelación del bastión del separatismo en Italia, Sassari (Cerdaña), exhibiendo el puño en alto comunista, siendo un líder de la derecha separatista JxCat. Efe

Lasvocesdelpueblo y Agencias.- Bruselas (Bélgica), viernes 26 de noviembre de 2021. El Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) desestimó este viernes las medidas cautelares que los huidos golpistas del Proceso separatista en la Comunidad autónoma de Cataluña, el expresidente del Ejecutivo secesionista de la Generalidad de Cataluña, Carles Puigdemont Casamajó (Jxcat) y los exconsejeros Antonio Comín Oliveres (Toni Comín) y Clara Ponsatí Obiols solicitaron después de la detención y puesta en libertad del puchista Puigdemont en Sassari (Cerdeña) Italia, el pasado septiembre de 2021.

Por primera vez, hay una Acusación Popular en los casos de euroodenes de los huidos golpistas, que ejerce la también Acusación Popular del Procés, VOX.

A la vista de Sassari (Cerdeña) la Secretaría Jurídica del partido que preside Santiago Abascal Conde, y dirige Marta Castro Fuentes, asistió a la vista anunciando una batalla Jurídica de VOX que continuará también en el Tribunal Generalidad de la Unión Europea, hasta que sean entregados a España los huidos golpistas del Procés.

El Parlamento Europeo suspendió la inmunidad parlamentaria de los tres golpistas huidos del Procés, contra quienes el Tribunal Supremo cursó tres órdenes europeas de detención y entrega, además de tres órdenes de detención y entrega internacionales y nacionales por su participación en el golpe de estado separatista en Cataluña en octubre de 2017.

El TGUE tomó esta decisión, según un comunicado, alegando que «el proceso penal de que se trata está suspendido hasta que el Tribunal de Justicia se pronuncie sobre la petición de decisión prejudicial».

Añadió, además, que «la detención de los diputados no constituye, por sí sola, un perjuicio grave e irreparable», y que «los diputados siguen gozando de inmunidad en sus desplazamientos al lugar de reunión del Parlamento, de modo que sigue siendo hipotético el perjuicio grave e irreparable ocasionado por una detención».