El Tribunal pregunta a la Fiscalía si debe investigar a Torra por usurpación de funciones

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FOTOGRAFÍA. BARCELONA (ESPAÑA), AÑO 2020. el delincuente expulsado del Parlamento de Cataluña tras su condena de inhabilitación de un año y medio y multa de 30 mil euros por el delito de desobediencia, Quim Torra. Efe

Lasvocesdelpueblo y Agencias – Según el escrito de la querella interpuesta este miércoles, 5 de febrero de 2020, contra el condenado a un año y medio y multa de 30 mil euros por desobediencia, Quim Torra Pla, ante el Tribunal superior de Justicia de Cataluña -institución judicial regional que condenó a ese delincuente separatista después de las querellas del partido político VOX de Santiago Abascal Conde- “la pérdida de la condición de diputado autonómico en el Parlamento de Cataluña comporta automáticamente el cese como presidente, de acuerdo con lo previsto en el Artículo 152.1 de la Constitución Española y el Artículo 67.2 del Estatuto de Autonomía de Cataluña («la pérdida de la condición de diputado conllevaría también la pérdida del cargo de Presidente de la Generalidad de Cataluña», según el estatuto catalán)”. Barcelona (España), jueves 6 de febrero de 2020. 

Constitución española. Artículo 152.1: “En los Estatutos aprobados por el procedimiento a que se refiere el artículo anterior, la organización institucional autonómica se basará en una Asamblea Legislativa, elegida por sufragio universal, con arreglo a un sistema de representación proporcional que asegure, además, la representación de las diversas zonas del territorio; un Consejo de Gobierno con funciones ejecutivas y administrativas y un Presidente, elegido por la Asamblea, de entre sus miembros, y nombrado por el Rey, al que corresponde la dirección del Consejo de Gobierno, la suprema representación de la respectiva Comunidad y la ordinaria del Estado en aquélla. El Presidente y los miembros del Consejo de Gobierno serán políticamente responsables ante la Asamblea”.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha registrado este jueves la querella que el PP interpuso ayer, miércoles 5 de febrero de 2020, contra el delincuente expulsado del Parlamento de Cataluña tras su condena de inhabilitación de un año y medio y multa de 30 mil euros por el delito de desobediencia, Quim Torra, por usurpación de funciones, y ha preguntado a la Fiscalía si debe admitirla a trámite y abrir una investigación.

Según ha informado hoy el TSJC, la sala civil y penal del alto tribunal catalán ha registrado la querella del PP contra Torra y ha designado, por turno de reparto, a la magistrada Maria Eugènia Alegret como ponente del procedimiento.

Como es habitual en este tipo de procesos, una vez el TSJC ha registrado la querella la ha trasladado a la Fiscalía para que el ministerio público presente un informe con su criterio sobre si se debe admitir o no a trámite.

En su querella, que el PP interpuso ayer ante el TSJC, el partido liderado por Pablo Casado acusa a Torra de un delito de usurpación de funciones públicas al considerar que Torra no puede ejercer el cargo una vez se le retiró el acta de diputado autonómico.

El escrito denuncia que Torra “se empecina” en mantenerse en el cargo “en abierta y franca rebeldía” frente a la Constitución y el Estatuto de Cataluña, “actuando de facto” como presidente.

Según el PP, la pérdida de la condición de diputado comporta automáticamente el cese como presidente, de acuerdo con lo previsto en el artículo 152.1 de la Constitución Española y el artículo 67.2 del Estatuto de Autonomía de Cataluña.

Sin embargo, añade la querella, Torra ha seguido ejerciendo “de facto” aunque de forma ilegal las funciones de presidente de la Generalitat, ya que ha presidido la última reunión del Gobierno catalán y este jueves se ha reunido con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Por ello, el PP considera que todas las actuaciones de Torra como presidente desde que perdió el acta de diputado, además de “nulas” desde el punto de vista administrativo, tienen una indudable relevancia penal, como es el delito de usurpación de funciones, castigado con entre uno a tres años de prisión.

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