El Tribunal rechaza todas las acusaciones y mantiene en libertad al Guardia Civil de «La Manada»

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Antonio Manuel Guerrero, el guardia civil condenado a 9 años de cárcel por abusos sexuales a una joven en los Sanfermines de 2016 junto a otros cuatro miembros de La Manada, a su llegada a la Audiencia de Sevilla. Archivo Efe

Efe – Para los magistrados la prueba practicada pone de manifiesto que la actuación de Guerrero “en ningún momento estuvo encaminada a procurar el incumplimiento” de las medidas cautelares. La sala critica asimismo que la primera información del suceso la tuviera tres días después de los hechos y el “revuelo” que adquirió el mismo a raíz de un tuit de la Policía Nacional cuando “no consta se le diera la menor trascendencia” oficial. Los magistrados añaden que este incidente “guarda una semejanza casi absoluta” con el “caso Turull“, referido por la defensa del guardia civil, y en el que uno de los investigados con el pasaporte caducado trató de renovarlo, “lo que no dio lugar a su reingreso en prisión”. Pamplona (Navarra) España, martes 24 de julio de 2018. Fotografía: Antonio Manuel Guerrero, el guardia civil condenado a 9 años de cárcel por abusos sexuales a una joven en los Sanfermines de 2016 junto a otros cuatro miembros de La Manada, a su llegada a la Audiencia de Sevilla. Archivo Efe

La Sección Segunda de la Audiencia de Navarra ha acordado mantener en libertad provisional al guardia civil integrante de La Manada acusado de intentar renovar el pasaporte en la comisaría de Tablada (Sevilla).

El fallo ha sido adoptado por mayoría de dos a uno, ya que cuenta con el voto discrepante del presidente del tribunal, y rechaza la petición de encarcelamiento de las acusaciones por quebrantamiento de medida cautelar y riesgo de fuga.

Antonio Manuel Guerrero estuvo en la citada comisaría el pasado 25 de junio, según su versión, porque debía entregar el pasaporte, tal y como fijan las medidas cautelares de su libertad provisional, pero no lo tenía en su poder y además creía que puede estar caducado.

La Policía sin embargo mantuvo en un informe elaborado a petición de la Sección Segunda de la Audiencia de Navarra que Guerrero, condenado a 9 años de cárcel por abusar de una joven madrileña en los sanfermines de 2016, pidió renovar su pasaporte y se marchó cuando se le comunicó que el sistema alertaba de que no podía hacerlo, ya que tiene prohibido salir del país y debe entregar su pasaporte en los juzgados.

La resolución cuenta con el voto particular discrepante del presidente de la Sección Segunda de la Audiencia, Francisco Cobo, quien aboga por el encarcelamiento del condenado al estimar que este quebrantó la medida cautelar impuesta en el auto dictado el pasado 21 de junio.

Para los otros dos magistrados sin embargo la prueba practicada pone de manifiesto que la actuación de Guerrero “en ningún momento estuvo encaminada a procurar el incumplimiento” de las medidas cautelares.

Al contrario, dicen, “valorada desde un punto de vista racional y lógico, se acomoda más a las explicaciones dadas por su dirección letrada, como lo revela de manera inequívoca el contenido de la conversación telefónica mantenida con el funcionario que atendió su llamada al 091 el día 22 de junio cuando viajaba hacia Sevilla”.

Una llamada en la que “solicitó información acerca de cómo cumplimentar el requerimiento de este tribunal” de hacer entrega de su pasaporte en el plazo de 4 días.

Y agrega el auto que al solicitar dicha información, “explicó sin ambages cual era su situación y con qué fin quería saber si su pasaporte se encontraba caducado”, a lo que se le respondió que la manera de comprobar el estado de su pasaporte era “acudir a tal efecto a la Oficina del pasaporte de su localidad, llegando incluso su interlocutor a facilitarle el teléfono de la misma”.

El auto destaca que del mismo modo debió de ser entendido por los cuatro funcionarios de la oficina de Tablada que han prestado declaración como testigos y por los tres mandos policiales “al no constar que hubieran tomado iniciativa alguna al respecto” cuando recibieron la minuta de una de las funcionarias, que además “contenía varios errores”.

La sala critica asimismo que la primera información del suceso la tuviera tres días después de los hechos y el “revuelo” que adquirió el mismo a raíz de un tuit de la Policía Nacional cuando “no consta se le diera la menor trascendencia” oficial.

Todo ello, asevera, “hace pensar que la comparecencia del Sr. Guerrero en la oficina de Tablada, desde un punto de vista lógico y racional, atendiendo al sentido común, no generó ninguna respuesta porque en ningún momento se dio a la misma la importancia que ahora pretenden atribuirle las acusaciones, quienes tampoco han acreditado suficientemente el elemento intencional indispensable para poder extraer de lo ocurrido las consecuencias que ahora se pretenden”, precisa.

Los magistrados añaden que este incidente “guarda una semejanza casi absoluta” con el “caso Turul”, referido por la defensa del guardia civil, y en el que uno de los investigados con el pasaporte caducado trató de renovarlo, “lo que no dio lugar a su reingreso en prisión”.

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