Efe – Puigdemont alegó en su recurso que durante la celebración del referéndum ilegal de independencia del 1-O no hubo «ningún tipo de violencia», por lo que no cree justificado el delito de rebelión que se le imputa. Por su parte, Junqueras denunciaba en el recurso contra su procesamiento por rebelión que sufre un «calvario inmerecido» por las «piruetas argumentativas» con las que el juez del Supremo Pablo Llarena pretende «criminalizar» al independentismo, pese a la «evidente falta de violencia». Madrid (España), miércoles 6 de junio de 2018. Fotografía: MADRID (ESPAÑA), AÑO 2018. Vista de un furgón policial, a su salida del Tribunal Supremo. Archivo Efe
El Supremo revisa hoy los recursos presentados por el expresident catalán Carles Puigdemont, el exvicepresident Oriol Junqueras y otros doce inculpados contra los procesamientos dictados en el caso abierto por el «procés».
El juez de este caso, Pablo Llarena, procesó por delitos de rebelión, malversación o desobediencia a miembros del Govern y del Parlament, así como a dirigentes independentistas.
Recurrieron sus procesamientos, además de los citados, los exconsellers Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva, Dolors Bassa, Carles Mundó, Lluís Puig y Clara Ponsatí y los exparlamentarios Josep Nuet, Anna Simó y Carme Forcadell.
A ellos se suma el recurso presentado por el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart y por el excandidato a president y diputado de JxCAT Jordi Sànchez.
Todos ellos recurrieron y ahora la Sala que revisa las decisiones de Llarena en el Supremo celebrará una vista a puerta cerrada con presencia de los abogados defensores, fiscal, abogado del Estado y acusación popular (esta última también ha recurrido pidiendo agravar las acusaciones por las que se procesa a los inculpados).
El Supremo ha rechazado las peticiones de los exconsellers Jordi Turull y Josep Rull y del expresidente de la Asamblea Nacional de Cataluña Jordi Sànchez de estar también presentes en la vista, «al no ser preceptiva su presencia».
Los exconsellers Jordi Turull y Josep Rull y el diputado de JxCat Jordi Sànchez recurrieron ante el Tribunal Supremo su procesamiento argumentando que, a diferencia de su caso, nadie ha sido acusado de sedición por las protestas contra La Manada, en las que un ministro tuvo que salir escoltado (en referencia al ministro de Justicia, Rafael Catalá).
En su escrito, defienden que las concentraciones del 1 de octubre o del 20 de septiembre de 2017 ante la Consellería de Economía son «actos legítimos de protesta ante actuaciones judiciales».
Puigdemont alegó en su recurso que durante la celebración del referéndum ilegal de independencia del 1-O no hubo «ningún tipo de violencia», por lo que no cree justificado el delito de rebelión que se le imputa.
Por su parte, Junqueras denunciaba en el recurso contra su procesamiento por rebelión que sufre un «calvario inmerecido» por las «piruetas argumentativas» con las que el juez del Supremo Pablo Llarena pretende «criminalizar» al independentismo, pese a la «evidente falta de violencia».
