Lasvocesdelpueblo y Agencias.- Barcelona (España), jueves 20 de enero de 2022. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña investigará a la consejera de Cultura y diputada de ERC, Natalia Garriga Ibáñez, por malversación y desobediencia grave por los preparativos del 1-O cuando era un alto cargo del departamento de Vicepresidencia, Economía y Hacienda, junto a los también ex cargos de esta consejería Lluís Salvadó y Josep Maria Jové.
En un auto, la Sala de lo Civil y Penal del TSJC ha admitido ante el tribunal de aforamiento la causa penal que se sigue contra Garriga en la sección 21 de la Audiencia de Barcelona, y que tiene su origen en las investigaciones del juzgado de Instrucción 13 de Barcelona, que derivó también en el procesamiento de otros ex altos cargos del Gobierno separatista, de manera que asume la competencia de investigar a la consejera por su condición de aforada.
Como directora de Servicios, dependiente de la Secretaría General del Departamento de Vicepresidencia, Economía y Hacienda de la Generalidad de Cataluña en la época de la celebración del referéndum unilateral del 1-O, Garriga habría intervenido en la «localización y acondicionamiento» de una nave anexa a las instalaciones del CTTI para ser utilizado como un ‘call center’, es decir, para la recogida de información de diversos procesos electorales.
La Sala sostiene que, de acuerdo con la instrucción del juzgado 13 de Barcelona, en esta nave anexa se realizaron una serie de obras de acondicionamiento encaminadas a poder ser usada en la jornada del 1-O de 2017, y que habría firmado la adjudicación de los proyectos básicos y ejecutivos de arquitectura e instalaciones y dirección de obras mediante cuatro contratos.
El importe conjunto de las obras realizadas antes del 1 de octubre de 2017 en el citado local, que, entre otros usos, debía destinarse a centro de recogida de datos y seguimiento del referéndum, ascendió a 1.201.654,68 euros (sin IVA), apunta el ministerio público.
Además de su intervención en esta actividad de contratación. la Sala recuerda que el auto de procesamiento de 4 de abril de 2019 a la actual consejera le atribuyó el «haber conseguido la cesión de varias naves industriales para el almacenamiento de documentación electoral».
En ese auto de procesamiento a Garriga, se le vinculó también al hecho de haber solicitado a otra persona la contraseña de acceso al dominio de internet referèndum.cat y haber hecho gestiones para la eliminación en dicho portal del nombre de usuario y contraseña como requisitos de acceso, para que pudiera acceder todo el mundo.
Además, el fiscal cree que supuestamente hizo de enlace entre Jové y Mercè Martínez, responsable de Proyectos Organizativos y Territoriales de Vicepresidencia, y habría conseguido la cesión de unas naves industriales en Bigas y Riells (Barcelona) para almacenar millones de papeletas y cerca de 6.000 sobres con documentación electoral.
En un auto de 4 de abril de 2019 se declaró el procesamiento de Garriga, además de otros ex altos cargos del ejecutivo separatista, por su presunta e indiciaria participación en un delito de malversación de caudales públicos.
Con el auto de la Sala de lo Civil y Penal, el alto tribunal catalán ha descartado así el archivo de la causa y la acumula a la que se sigue contra Jové y Salvadó.
