El Tribunal Supremo anula los nombramientos para ocupar la Presidencia y Adjuntía de Agencia Española de Protección de Datos

.La sentencia, ponencia del magistrado José Luis Requero, indica que ratifica el auto de medidas cautelares en el que entonces advertía “un indicio cierto” de que el acto impugnado estaba «viciado de raíz» pues desconoce el derecho fundamental del recurrente a acceder a un cargo en condiciones de igualdad desde el momento en que, en puridad, no hay tal proceso sino mera apariencia, con afectación al derecho del recurrente al procedimiento debido para el acceso a un cargo público de especial relevancia.

FOTOGRAFÍA. MADRID (ESPAÑA), 22.02.2021. Detalle de la fachada del Tribunal Supremo del Reino de España. Efe 

Redacción.- Madrid (España), martes 24 de mayo de 2022. La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha declarado nulo el Acuerdo del Consejo de Ministros de 22 de febrero de 2022, por el que se comunicó al Congreso de los Diputados dos ternas de candidatos a la Presidencia y la Adjuntía de la Agencia Española de Protección de Datos.

El tribunal ha estimado la solicitud de allanamiento de la Abogacía del Estado y, por consiguiente, el recurso de casación interpuesto por uno de los candidatos incluido en la terna para la Presidencia, que consideraba lesionado su derecho fundamental a acceder en condiciones de igualdad a las funciones públicas, por lo que declara la nulidad del acto impugnado.

La Sala suspendió cautelarmente este acuerdo mediante auto dictado el pasado 21 de marzo.

La sentencia, ponencia del magistrado José Luis Requero, indica que ratifica el auto de medidas cautelares en el que entonces advertía “un indicio cierto” de que el acto impugnado estaba «viciado de raíz» pues desconoce el derecho fundamental del recurrente a acceder a un cargo en condiciones de igualdad desde el momento en que, en puridad, no hay tal proceso sino mera apariencia, con afectación al derecho del recurrente al procedimiento debido para el acceso a un cargo público de especial relevancia.

La Sala reitera que la vigente normativa regula un procedimiento de selección concurrencial, público y transparente y declaraba como hecho notorio, que un mes y cuatro días antes de convocarse ese procedimiento selectivo se pactó, luego de hecho, se designó y eligió a quien ocuparía la Presidencia y la Adjuntía de la AEPD.

Asimismo, indica que la consecuencia es que al apartarse del procedimiento, alterándolo de raíz hasta el punto de transformar la fase de ratificación parlamentaria por otra de elección, se ha actuado como si no existiese la vigente normativa y que, además, se ha procedido de modo que podría prestarse a dar cobertura formal a una designación ya hecha al hacerse la convocatoria.

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