Efe – Los hechos ocurrieron en enero de aquel año cuando la Policía Nacional retuvo a cuatro personas que participaban en una manifestación que derivó en disturbios y en la que se protestaba contra la denominada ley Wert, del entonces ministro José Ignacio Wert coincidiendo con su visita a localidad. El juzgado de instrucción 4 de La Laguna acordó abrir juicio oral, pero, al acreditarse la condición de diputado de Rodríguez, la causa fue remitida al Supremo, encargado de juzgar a los aforados. Madrid (España), jueves 29 de octubre de 2020.
La Fiscalía ha solicitado al Tribunal Supremo que pida el suplicatorio al Congreso para interrogar al diputado y dirigente de Podemos Alberto Rodríguez en la causa abierta contra él por un presunto delito de atentado contra agentes de la autoridad.
Según informa el ministerio público, el fiscal ha presentado este jueves un escrito ante el alto tribunal en el que interesa que solicite el suplicatorio a la cámara baja para continuar con la causa.
El Supremo consultó a la Fiscalía sobre la procedencia del suplicatorio después de que el secretario de Organización de Podemos, que goza de aforamiento al ser diputado, declinase acudir al tribunal para prestar declaración voluntaria la semana pasada.
Ya con el informe del fiscal encima de la mesa, el magistrado instructor del caso, Antonio del Moral, decidirá si se dirige formalmente al Congreso para continuar la causa que el Supremo abrió recientemente a Rodríguez por un presunto delito de atentado contra agentes de autoridad.
«En ningún caso he cometido los hechos por los que se me investiga», dijo el dirigente de la formación morada un día antes de su citación.
Este procedimiento parte de una causa abierta en 2014 en el juzgado de instrucción número 4 de San Cristóbal de La Laguna (Tenerife) tras un atestado policial por delitos de atentado contra agentes de la autoridad y lesiones.
En un escrito presentado en 2018, la Fiscalía consideró a Rodríguez autor de un delito de atentado a agente de la autoridad y de una falta de lesiones, y solicitó una pena de un año de prisión y un mes de multa.
El juzgado de instrucción 4 de La Laguna acordó abrir juicio oral, pero, al acreditarse la condición de diputado de Rodríguez, la causa fue remitida al Supremo, encargado de juzgar a los aforados.
