El Tribunal ve “indicios de criminalidad” del alto cargo del PP Serafín Castellano en Valencia por amaño de contratos

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Serafín Castellano, el exalto cargo del PP -Delegado del Gobierno de España- en la comunidad valenciana. lasvocesdelpueblo

Agencias – El Juzgado de Instrucción número 2 de Sagunto aprecia “suficientes indicios de criminalidad” contra el exdelegado del actual Gobierno en funciones del presidente Mariano Rajoy Brey, del Partido Popular (PP), en la Comunidad Valenciana, Serafín Castellano, por el supuesto amaño de contratos para la extinción de incendios y ha levantado el secreto de sumario. Valencia, 5 febrero 2016. Fotografía: Serafín Castellano, el exalto cargo del PP -Delegado del Gobierno de España- en la comunidad valenciana- durante un acto del PP en Valencia. lasvocesdelpueblo

 Están imputados un ex alto cargo de la Generalidad Valenciana y tres de la Generalidad de Cataluña

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana en un comunicado, el juez aprecia motivos suficientes para el procesamiento de Castellano y el resto de imputados, que se conoce ahora como investigados, más de 30. Asimismo, el instructor del caso considera que ha desaparecido el riesgo de “alterar, destruir u ocultar” pruebas.

Vídeo: Rita Barbera llorando en los brazos de Serafín Castellano: “¡Qué hostia, qué hostia! no han dado”

Además del ex delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana están imputados un ex alto cargo de la Generalidad Valenciana y tres de la Generalitat de Cataluña. En estas diligencias está investigado (denominación que sustituye a la de imputado tras la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal), entre otros, Serafín Castellano, por supuestas irregularidades cometidas en su etapa como exconseller de Justicia de la Generalitat.

Castellano fue detenido en mayo de 2015 y quedó en libertad, con medidas cautelares (retirada del pasaporte y prohibición de la salida del territorio nacional). La causa nace de una denuncia interpuesta por la Fiscalía Anticorrupción en mayo de 2015, momento en el que se acordó el secreto de las actuaciones para practicar cuantas diligencias fuesen necesarias “para el esclarecimiento de los hechos, su naturaleza y personas presuntamente responsables” y garantizar el éxito de la investigación.

Delitos: Falsedad en documento público y negociación fraudulenta a funcionario público, etc.

Hasta este momento hay más de 30 personas y 20 empresas investigadas por amañar, supuestamente, concursos públicos de ámbito autonómico, nacional e internacional (Italia y Portugal) para servicios de extinción de incendios con medios aéreos.

Las diligencias están abierta por organización criminal, alteración del precio en concurso público, falsedad mercantil, prevaricación, cohecho, malversación, falsedad en documento público y negociación fraudulenta a funcionario público. En el auto de Instrucción 2 de Sagunto se acuerda el cese del secreto de las actuaciones “al haber podido identificar a los presuntos responsables de los delitos investigados respecto de los que existen indicios racionales de criminalidad en relación a los hechos que constan en las presentes diligencias”.

La resolución del juez permitirá a todas las partes personadas en la causa tener acceso “a la totalidad de las presentes diligencias” porque, según argumenta el magistrado instructor, ha desaparecido el riesgo de “alterar, destruir u ocultar nuevas fuentes de prueba”. Además de Castellano, la causa se sigue contra un ex alto cargo de la Generalidad Valenciana y un alto cargo del Cuerpo de Bomberos de la Generalitat de Cataluña.

La operación policial del 13 de enero se saldó con la detención

Los dos fueron arrestados el pasado 13 de enero en el marco de la operación policial desarrollada por el Grupo 24 de la UDEF por orden del juez instructor, que acordó la libertad provisional con la adopción de las mismas medidas cautelares que impuso al ex delegado del Gobierno. La operación policial del 13 de enero se saldó con la detención, por decisión policial, de otra veintena de personas, entre ellas, dos altos cargos más de la Generalitat de Cataluña, a los que la propia Policía dejó en libertad.

El dispositivo incluyó la práctica de 20 registros en empresas y viviendas en la Comunitat Valenciana, Cataluña, Andalucía, Baleares, Extremadura, Madrid y Castilla-La Mancha.

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