El voto por correo encara la recta final del 29N bajo la sombra de los precedentes judiciales de fraude y el varapalo del Supremo al censo exterior

Los electores disponen hasta el jueves 19 de noviembre para solicitar el sufragio postal y hasta el miércoles 25 para depositarlo, en unos comicios marcados por la reciente suspensión cautelar del Tribunal Supremo sobre las inscripciones irregulares en el censo exterior por la llamada «ley de nietos» y con los sondeos situando a PP y Vox al borde o por encima de los 200 escaños.

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FOTOGRAFÍA. SEVILLA (ANDALUCÍA) REINO DE ESPAÑA, 23 DE JULIO DE 2023. Detalle de votos por correo entregados en una mesa electoral en las Escuelas Profesionales de la Sagrada Familia Nuestra Señora de los Reyes de Sevilla (SAFA). Efe
FOTOGRAFÍA. SEVILLA (ANDALUCÍA) REINO DE ESPAÑA, 23 DE JULIO DE 2023. Detalle de votos por correo entregados en una mesa electoral en las Escuelas Profesionales de la Sagrada Familia Nuestra Señora de los Reyes de Sevilla (SAFA). Efe

Madrid, martes 17 de noviembre de 2026 (Lasvocesdelpueblo y EFE).- Los electores españoles que deseen ejercer el voto por correo en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre entran en la recta final del calendario legal y podrán tramitar su solicitud únicamente hasta este jueves, 19 de noviembre, inclusive. La petición, que resulta imprescindible para emitir el sufragio a distancia, puede formalizarse por vía telemática a través de la página web de Correos o de manera presencial en cualquiera de sus oficinas distribuidas por todo el territorio nacional, en un proceso electoral marcado por el escrutinio judicial sobre la limpieza censal y por unas encuestas que otorgan una holgada mayoría parlamentaria a la suma de Partido Popular y Vox.

Requisitos, identificación y plazos improrrogables del voto postal

Para poder ejercer el voto por correspondencia es obligatorio obtener el certificado de inscripción en el Censo Electoral, documento que acredita que el ciudadano reúne los requisitos legales para participar en los comicios. Quienes opten por la tramitación telemática en el portal oficial de Correos deben verificar su identidad mediante sistemas de autenticación y firma electrónica, admitiéndose exclusivamente los certificados digitales de persona física reconocidos por el Ministerio de Industria e incluidos en la lista de prestadores cualificados de servicios electrónicos de confianza, además del Documento Nacional de Identidad electrónico (DNI-e).

Por su parte, los ciudadanos que acudan en persona a una oficina postal tienen que presentar el original de su DNI, pasaporte o permiso de conducir. La normativa contempla como única excepción a las personas enfermas o con discapacidad que no puedan formular la petición por sí mismas; en tales supuestos, tras acreditarlo mediante un certificado médico oficial, pueden autorizar a otra persona para realizar el trámite en su nombre a través de una autorización notarial o consular. Para evitar esperas en los últimos días de plazo, la sociedad estatal mantiene operativo un servicio de cita previa en su aplicación móvil, su portal web y la Oficina Virtual.

Una vez registradas las peticiones, Correos las traslada a las delegaciones provinciales de la Oficina del Censo Electoral, organismo que desde el pasado 9 de noviembre remite a los solicitantes las papeletas y sobres oficiales a la dirección postal indicada en el formulario, que no tiene por qué coincidir con el domicilio habitual de empadronamiento. El plazo para depositar el sobre con el voto en cualquier oficina de Correos permanecerá abierto hasta el miércoles 25 de noviembre dentro del horario habitual de apertura. La entidad recuerda que, una vez admitida la solicitud por la Oficina del Censo Electoral, el ciudadano queda dado de baja en la lista de votantes presenciales y ya no podrá introducir su papeleta en la urna de su colegio electoral el 29 de noviembre.

Precedentes judiciales de fraude: de las condenas del Supremo en Melilla a las tramas de Mojácar

La limpieza del voto por correo vuelve a situarse en el centro del debate público ante la existencia de precedentes penales acreditados en los archivos judiciales españoles. El caso más grave con sentencia firme se remonta a las elecciones al Senado de 2008 en Melilla. En febrero de 2021, la Sala Segunda del Tribunal Supremo ratificó las condenas de dos años de prisión, inhabilitación y multa por delitos electorales y falsedad documental contra el entonces líder de Coalición por Melilla, Mustafa Aberchán, y el exsecretario general del Partido Socialista en la ciudad autónoma, Dionisio Muñoz, además de confirmar las penas para otros quince implicados en una red organizada de compra de votos por correo a cambio de dinero y promesas de empleo.

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La resolución del Alto Tribunal declaró probado que los integrantes de la trama captaban a electores en situación de vulnerabilidad para que solicitaran el voto postal y entregaran posteriormente la documentación electoral recibida en sus domicilios a los intermediarios de la red, quienes elegían la papeleta y la depositaban en Correos sin intervención real del titular del sufragio. Años más tarde, durante las elecciones municipales de mayo de 2023, las fuerzas de seguridad volvieron a intervenir en Melilla —donde se llegó a solicitar el voto por correo para casi el 20 % del censo— y en el municipio almeriense de Mojácar, donde la Guardia Civil detuvo a siete personas, incluidos candidatos de la lista local del PSOE, por presunta compra de votos postales ofreciendo entre 100 y 250 euros por papeleta.

El freno del Tribunal Supremo al censo CERA y el análisis sobre la seguridad actual

A los precedentes penales en el voto por correspondencia nacional se suma en este ciclo electoral el varapalo judicial propinado por el Tribunal Supremo a la gestión gubernamental del Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA). Mediante los autos de 8 y 10 de septiembre de 2026 —confirmados el pasado 12 de octubre al desestimar los recursos de reposición de la Abogacía del Estado y la Junta Electoral Central—, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo acordó suspender cautelarmente los efectos electorales de las inscripciones masivas en el CERA derivadas de los expedientes de nacionalidad tramitados al amparo de la Ley de Memoria Democrática que no acrediten documentalmente el vínculo directo de exilio exigido por la norma.

El Alto Tribunal adoptó esta medida preventiva tras los recursos interpuestos por Vox y la asociación Iustitia Europa ante el incremento exponencial de nuevos electores inscritos desde el extranjero sin la debida certificación consular. Aunque el auto judicial no anula las nacionalidades concedidas, sí impide que dichas inscripciones alteren el censo de las elecciones del 29 de noviembre hasta que exista sentencia firme.

Desde el punto de vista técnico y jurídico, el sistema ordinario de voto por correo en España presenta hoy mayores cortafuegos que en 2008. Tras los escándalos judiciales y las instrucciones dictadas por la Junta Electoral Central al amparo de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), actualmente es obligatorio que el elector exhiba su documento de identidad original tanto en el momento de solicitar el voto como al entregar personalmente el sobre certificado en la oficina de Correos, cerrando así la puerta a que terceros depositen sobres ajenos sin poder notarial o consular. Asimismo, las mesas electorales comprueban a las 20:00 horas, antes de introducir los sobres en la urna, que cada voto postal corresponde a un elector censado en esa sección y que no ha votado presencialmente. No obstante, los expertos jurídicos advierten de que el punto más vulnerable sigue residiendo en la coacción previa o la compra de voluntad antes de que el ciudadano acuda a la ventanilla postal, así como en la necesidad de vigilar cualquier alteración extraordinaria de los censos.

Las encuestas sitúan a PP y Vox con mayoría absoluta a doce días de las urnas

En paralelo al cierre del plazo postal, los últimos sondeos publicados a menos de dos semanas de la cita con las urnas consolidan una clara ventaja del bloque de la derecha, con la única excepción del barómetro oficial del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Según la encuesta preelectoral del CIS difundida el pasado 12 de noviembre a partir de 45.074 entrevistas, el PSOE de Pedro Sánchez figuraría en primera posición con una estimación del 33,3 % de los votos, seguido del Partido Popular con el 25,5 %, Vox con el 18,4 % y Frente Amplio con el 4,7 %.

Sin embargo, el conjunto de las encuestadoras privadas contradice de plano la proyección del organismo dirigido por José Félix Tezanos y dibuja una mayoría absoluta holgada por encima de los 176 escaños para la suma de PP y Vox:

– Sigma Dos para El Mundo (13 de noviembre): El primer seguimiento diario en campaña otorga al PP entre 126 y 132 escaños y a Vox entre 63 y 70 diputados, situando a ambas formaciones en torno a los 200 parlamentarios. El PSOE caería hasta una horquilla de entre 103 y 108 escaños, mientras que Frente Amplio obtendría entre 9 y 15 y Podemos quedaría fuera del Congreso.

– NC Report para La Razón (16 de noviembre): Sitúa al Partido Popular en cabeza con el 32,1 % de los sufragios, seis puntos por delante del PSOE (26,1 %), mientras que Vox se consolida como tercera fuerza política con el 19 % de los votos.

– GAD3 para ABC: Proyecta 136 escaños para el Partido Popular y 63 diputados para Vox, lo que permitiría sumar 199 representantes frente a los 119 del PSOE y los 10 de Frente Amplio.

– 40dB para El País y Cadena SER (16 de noviembre): Recorta la distancia en porcentaje directo dejando al PP en el 31,5 % y al PSOE en el 30,3 %, con Vox en el 18 %, aunque las simulaciones provinciales bajo la Ley D’Hondt siguen otorgando al bloque de PP y Vox alrededor de 190 escaños, cifra suficiente para alcanzar la mayoría absoluta en el 94 % de los escenarios calculados.