En comunicado conjunto, jueces y fiscales acusan a Sánchez de “dejación de funciones”

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ESPAÑA, 2017-2018, años tristes de la democracia española, un héroe nacional tiene el timón, después de asumir la responsabilidad de todo el caso, dejan parte del caso a la Audiencia Nacional, Pablo Llarena. Este valiente hijo de España, vecino de Cataluña se enfrenta ahora solo -sin el Gobierno de España porque este ejecutivo central llega curiosamente al poder con el apoyo de los golpistas enemigos de España que investiga este gran magistrado- se enfrenta al separatismo que le ataca desde la tierra del yihadismo y golpismo, Bélgica. El gobierno de Pedro Sánchez, le abandona a suerte y los jueces y fiscales ponen los gritos en el cielo. El silencia del gobierno traidor de Sánchez es absoluto, cualquier paso en falso, contra el independentismo le costará a Sánchez su gobierno traidor, lo que podría suponer el fin de su carrera política. Efe

Lasvocesdelpueblo y Agencias – Ante el ataques sufrido por el héroe nacional Pablo Llarena, el magistrado instructor del caso sobre el golpismo en Cataluña, ataques organizados por el separatismo desde Bélgica, han ratificado su compromiso en la defensa de la “soberanía e independencia de la jurisdicción española” y ha calificado de “absolutamente inasumible” y “completamente improcedente el intento de fiscalizar o enjuiciar, ante órganos judiciales extranjeros, la actividad jurisdiccional desarrollada por un magistrado español en el pleno ejercicio de sus funciones”. En un comunicado conjunto, la Asociación Profesional de la Magistratura, Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Foro Judicial Independiente, Asociación de Fiscales y Asociación Profesional Independiente de Fiscales han acusado al Ejecutivo del presidente Pedro Sánchez (PSOE) de “dejación de funciones”. Madrid (España), domingo 26 de agosto de 2018. Fotografía: ESPAÑA, 2017-2018, años tristes de la democracia española, un héroe nacional tiene el timón, después de asumir la responsabilidad de todo el caso, dejan parte del caso a la Audiencia Nacional, Pablo Llarena. Este valiente hijo de España, vecino de Cataluña se enfrenta ahora solo -sin el Gobierno de España porque este ejecutivo central llega curiosamente al poder con el apoyo de los golpistas enemigos de España que investiga este gran magistrado- se enfrenta al separatismo que le ataca desde la tierra del yihadismo y golpismo, Bélgica. El gobierno de Pedro Sánchez, le abandona a suerte y los jueces y fiscales ponen los gritos en el cielo. El silencia del gobierno traidor de Sánchez es absoluto, cualquier paso en falso, contra el independentismo le costará a Sánchez su gobierno traidor, lo que podría suponer el fin de su carrera política. Efe

La mayoría de las asociaciones de jueces y fiscales han exigido hoy al Gobierno que asuma ante la justicia belga la defensa del instructor de la causa del “procés”, Pablo Llarena, a la vez que PP y Ciudadanos han mostrado su apoyo al magistrado y han criticado la posición del Ejecutivo ante el caso.

La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, aseguró ayer que el Ejecutivo defenderá la jurisdicción de España en la demanda civil contra Llarena del expresidente Carles Puigdemont y los cuatro exconsejeros que huyeron con él a Bélgica, pero dejó claro que el amparo legal y el apoyo al juez, que debe comparecer el día 4 de septiembre, le corresponde al propio Poder Judicial.

En un comunicado conjunto, la Asociación Profesional de la Magistratura, Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Foro Judicial Independiente, Asociación de Fiscales y Asociación Profesional Independiente de Fiscales han acusado al Ejecutivo de “dejación de funciones”.

Han exigido al Gobierno que asuma la defensa de Llarena ante la justicia belga a la vez que han defendido la integridad de los jueces españoles, la independencia del poder judicial y la inmunidad de la jurisdicción española, que no puede ser fiscalizada por los tribunales de un país extranjero “valiéndose además de cauces que incurren en claro fraude de ley”.

Además, han recordado que en un informe de la Abogacía del Estado de hace unos días se entendió que “concurrían los requisitos contemplados en la Ley de Asistencia Jurídica al Estado para que España, a través del Ministerio de Justicia, se personase ante los juzgados y tribunales belgas en este asunto”.

Por su parte, la Unión Progresista de Fiscales (UPF) ha considerado en un comunicado que el Estado debe personarse en el procedimiento abierto en Bélgica para defender la inmunidad de jurisdicción de los tribunales españoles.

La UPF ha ratificado su compromiso en la defensa de la “soberanía e independencia de la jurisdicción española” y ha calificado de “absolutamente inasumible” y “completamente improcedente el intento de fiscalizar o enjuiciar, ante órganos judiciales extranjeros, la actividad jurisdiccional desarrollada por un magistrado español en el pleno ejercicio de sus funciones”.

Según varias fuentes jurídicas consultadas por Efe, lo que realmente se está cuestionando es la jurisdicción y la soberanía española y sostienen que la demanda se refiere a la actividad jurisdiccional del magistrado y no a cuestiones privadas ni a declaraciones vertidas en su condición de ciudadano.

No se trataría, por tanto, de defender a Llarena, sino a la propia nación y las mismas fuentes precisan que es imposible separar la función jurisdiccional de este juez del Tribunal Supremo como instructor de la causa -en la que están procesados los cinco líderes independentistas huidos que le demandaron- de las manifestaciones que le atribuyen en la demanda.

Desde los partidos, el secretario general del PP, Teodoro García Egea, se ha referido hoy al asunto afirmando que “Pedro Sánchez es el mejor abogado de Puigdemont contra el juez”.

Asimismo, ha anunciado que su partido promoverá acciones de apoyo a Llarena en el Congreso, en el Senado y en la calle.

También el presidente de la Comunidad de Madrid, el ‘popular’ Ángel Garrido, ha acusado al Gobierno socialista de “dejar tirado al juez que defiende la Constitución frente a los golpistas”.

A través de su cuenta en Twitter, Garrido ha escrito: “este es el orden lógico de las cosas para el Gobierno socialista: en primer lugar, recibir con honores en Moncloa a quien apoya a los golpistas fugados -en alusión al presidente catalán, Quim Torra- y, en segundo lugar, dejar tirado al juez que defiende la Constitución frente a los golpistas”.

La portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, ha asegurado que su partido está “muy decepcionado” con el Gobierno por “no prestar defensa” al juez Llarena en Bélgica, asunto por el que van a exigir una comparecencia “inmediata” al Ejecutivo de Pedro Sánchez.

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, a través de su cuenta de Twitter, ha recalcado: “Sánchez abandona a quienes defienden al Estado en Cataluña”.

“El alquiler de Moncloa es demasiado caro para España: un Gobierno interino claudicante ante los supremacistas que dieron un golpe de Estado contra nuestra democracia. Los españoles deben tomar la palabra”, ha añadido Rivera junto a la etiqueta #Elecciones ya.

 

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