En ruina las entidades que prestan servicios a los MENAS por impagos de la Generalidad

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FOTOGRAFÍA. CATALUÑA (ESPAÑA), 09.12.2019. vista de dos Menores Extranjeros No Acompañados (MENAS) en un centro de acogida de una entidad que presta servicio a los MENAS cuya financiación depende directamente del Gobierno de la Generalidad de Cataluña del presidente Quim torra Pla. Efe

Efe – La patronal del «Tercer Sector» estudia presentar una demanda para reclamar a la Generalitat los intereses de demora por los retrasos en pagar los servicios públicos concertados, que van desde los Centros Residenciales de Acción Educativa (CRAE), a pisos asistidos para jóvenes, servicios de emergencia o centros de acogida. La Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) de la Generalitat acumula desde hace meses impagos de más de 13 millones de euros a las entidades que prestan servicios de acogida de menores, lo que está causando graves problemas de tesorería que hacen zozobrar a estas entidades. Barcelona (España), lunes 9 de diciembre de 2019.

Así lo han denunciado este lunes la patronal La Confederació del Tercer Sector Social y la Federación de Entidades de Atención a la Infancia y Adolescencia (Fedaia) que han alertado de que estos impagos causan «inseguridad jurídica y económica» y «graves dificultades, tensiones y malestar en las organizaciones y en los profesionales».

La patronal del tercer sector estudia presentar una demanda para reclamar a la Generalitat los intereses de demora por los retrasos en pagar los servicios públicos concertados, que van desde los Centros Residenciales de Acción Educativa (CRAE), a pisos asistidos para jóvenes, servicios de emergencia o centros de acogida.

Según La Confederació, los impagos están generando «graves tensiones de tesorería a las entidades y pone en riesgo tanto la sostenibilidad de los servicios como el cumplimiento de las obligaciones laborales», es decir, el pago a sus profesionales.

En un comunicado, la patronal ha recordado que la Generalitat tiene «la responsabilidad última de asegurar los servicios a la infancia y juventud tutelada» y que, por culpa de los retrasos, las entidades han de financiar los servicios con recursos propios o, en la mayoría de casos, endeudándose con bancos, con el correspondiente pago de intereses «y el encarecimiento final de los servicios».

La patronal espera que en los próximos días el Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, del que depende la DGAIA, vaya pagando facturas atrasadas, algunas de las cuales son de antes de septiembre.

La deuda acumulada suma más de 13 millones, de los que seis corresponden a facturas de septiembre que se debían abonar a finales de noviembre y otros 7 millones a facturas anteriores.

Las entidades consideran que la DGAIA ha entrado en una «dinámica insostenible para el sector», que reclama también un plan de recuperación y mejora de la financiación de los servicios de atención a las personas que permita asegurar la cobertura, calidad de la atención, sostenibilidad de los servicios y mejora de las condiciones laborales de los trabajadores.

Las tarifas que paga el Govern están congeladas desde hace 10 años, por lo que las entidades han tenido que asumir incrementos de costes como el IPC, el IVA y los incrementos salariales vinculados a los convenios colectivos.

Si bien en algunos ámbitos, como el de la atención a la dependencia y la discapacidad, la Generalitat ha actualizado los precios de referencia de los servicios, la Confederació lamenta que en el caso de los servicios de infancia «no se prevén mejoras».

Por su parte, la Fedaia ha denunciado que los impagos «provocan situaciones que vulneran la igualdad de oportunidades» y también han recalcado la «infrafinanciación crónica de los servicios sociales y de atención a las personas, que se manifiesta con especial crudeza en el ámbito de la infancia tutelada».

La federación ha alertado de que durante el último año el modelo de atención a la infancia «se ha puesto en cuestión» y ha dado pie a «un doble sistema de protección, diferente para las personas migrantes de llegada reciente y regulado con módulos y ratios diferentes, lo que puede desvirtuar el sistema de protección consolidado a lo largo de más de 30 años».

«Debido a irregularidades e incumplimientos del Govern, este colectivo está sufriendo situaciones de agravio comparativo en función del tipo de recurso residencial que le acoge o de quien lo gestiona, pese a tratarse de recursos de titularidad pública en todos los casos», denuncian los responsables de la Fedaia.

Según estas entidades, las medidas de emergencia adoptadas para atender el incremento en la llegada de adolescentes que migran solos ha hecho que el dinero que perciben las entidades que gestionan los centros en concepto de estancia y gastos (manutención, ropa, desplazamientos, educación, ocio, etc.) «no respondan a una única tarifa y no garanticen, por tanto, el mismo nivel de cobertura».