Enfermeros de Madrid y Vizcaya se personan y piden “prisión” para Sánchez, Simón e Illa

FOTOGRAFÍA. ESPAÑA, 26.04.2020. Vista de una imagen ilustra la sede de Justici-. Foto Freepik (freepik.es)-Lasvocesdelpueblo (Ñ Pueblo)

Redacción – El Colegio de Enfermería de Madrid (CODEM), por acuerdo unánime de la Comisión Permanente de su Junta de Gobierno, ha decidido personarse y adherirse a la querella que ha interpuesto el Consejo General de Enfermería de España ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo contra el “presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez; el Ministro de Sanidad, Salvador Illa Roca; el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón Soria; y varios cargos de su departamento por presuntos delitos contra la seguridad de los trabajadores”. Madrid (España), domingo 26 de abril de 2020.

Desde el órgano regional entienden “que se han infringido las normas de prevención de riesgos laborales y por no facilitar los medios de protección necesarios para el desempeño de su actividad, al que están obligados legalmente, poniendo de este modo en riesgo la salud y la vida de los trabajadores”. “En la misma querella, también se imputan otros delitos que pudieran haberse producido, como es la imprudencia grave con resultado de lesiones o de muerte”, tal y como señalan en un comunicado.

El CODEM ha adoptado esta medida, en defensa de los intereses profesionales de sus colegiados, “debido a las deficientes medidas de protección que vienen sufriendo las enfermeras madrileñas ante la pandemia del COVID-19, cuestión sobre la que se ha pronunciado en múltiples ocasiones desde el comienzo de la crisis sanitaria”.

El presidente del Colegio, Jorge Andrada, ya trasladó por carta al ministro de Sanidad la preocupación de las enfermeras madrileñas “ante la reiterada y alarmante carencia de medios de protección, así como de la falta de test de detección rápida del coronavirus para poder determinar la dimensión real de la infección entre los profesionales sanitarios”, exigiendo que estos fuesen puestos urgentemente a disposición de los profesionales e incluso solicitando, como una solución que paliara al menos en parte esos problemas, que el Gobierno permitiera a la Institución la compra de material para su entrega directa.

“La desprotección de los profesionales en la asistencia directa a los pacientes con COVID-19, por la falta de material o por su carácter defectuoso en algunos casos, ha sido sin duda la causa principal del alto número de profesionales sanitarios contagiados y presuntamente causa del fallecimiento de varios de ellos”, circunstancia que obliga al Colegio a tomar las medidas legales y a exigir responsabilidades a las autoridades sanitarias encargadas de la gestión de la emergencia sanitaria.

Apoyo de Vizcaya

Por su parte el Colegio de Enfermería de Vizcaya también ha manifestado su apoyo y respaldo a esta querella contra el presidente del Gobierno y el ministro de Sanidad, junto a otros cargos de su Ministerio, por un presunto delito contra la seguridad de los trabajadores. La querella también plantea otros presuntos delitos, como la imprudencia grave, con resultado de lesiones o muerte.

Tal y como ha aseverado María José García Etxaniz, presidenta del Colegio de Enfermería de Bizkaia, “el origen de esta actuación judicial radica en un acuerdo adoptado por unanimidad hace semanas por la Comisión Ejecutiva del Consejo General de Enfermería, ante la falta de suficiente material de seguridad para proteger a los profesionales en la asistencia de los pacientes con COVID-19 y el consiguiente contagio masivo entre profesionales sanitarios y el posterior fallecimiento de varios de ellos, como desgraciadamente ha ocurrido en Bizkaia, con nuestra compañera Encarni”.

Para la presidenta del Colegio de Enfermería de Vizcaya, “lejos de haberse subsanado esta situación con el devenir de la pandemia, hemos constatado nuevamente con un ejemplo palmario, como ha sido el escándalo de las mascarillas defectuosas”, apuntan.

El Consejo de Enfermería de Vizcaya sentencia que “vemos que las autoridades siguen sin garantizar el derecho de los profesionales a disponer de los medios necesarios para que los y las profesionales podamos desempeñar nuestra actividad con las medidas de seguridad e higiene adecuadas, de forma que no pongamos así en peligro grave nuestra vida, salud o integridad física”.

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