Madrid (España), lunes 22 de junio de 2026 (Efe).- El enfrentamiento político en torno a la causa judicial que afecta a María Begoña Gómez Fernández (Begoña Gómez), la mujer del presidente del Gobierno de España y secretario general del Partido Socialista (PSOE), Pedro Sánchez Pérez-Castejón, se ha intensificado este lunes después de que el juez Juan Carlos Peinado la citase para entregar su pasaporte. El Ejecutivo y sus aliados parlamentarios han criticado duramente la actuación del magistrado, mientras que el Partido Popular ha defendido el respeto a las resoluciones judiciales y a las decisiones del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
La polémica aumentó después de que la comisión permanente del CGPJ acordase estudiar si el juez Peinado pudo haber cometido una falta disciplinaria grave al incluir en uno de sus autos una referencia a la posibilidad de que los escoltas de Begoña Gómez pudieran ayudarla a abandonar España.
Desde Moncloa consideran que la citación de Gómez y de su asesora, Cristina Álvarez, prevista para el próximo miércoles con el objetivo de entregar sus pasaportes, supone un nuevo episodio de una actuación que califican de «persecución» contra la esposa del presidente del Gobierno. Fuentes del Ejecutivo han insistido en que el procedimiento evidencia, a su juicio, una actuación «sin límites».
El Gobierno ya había reaccionado en términos similares tras la decisión del juez de abrir juicio y establecer medidas cautelares el pasado sábado, calificando la actuación del magistrado de «obsesión» y «desproporción». Además, desde el Ejecutivo han subrayado que la nueva citación coincide con la comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso para informar sobre la situación política y los casos judiciales que afectan al PSOE.
La portavoz socialista, Montse Mínguez, ha señalado que en el partido no son «ingenuos» ante esta coincidencia temporal. En la misma línea, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha afirmado que la instrucción del juez es «insólita» y «muy anómala desde cualquier punto de vista».
Begoña Gómez y Cristina Álvarez, citadas para entregar el pasaporte
También la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha reclamado que los órganos superiores de la judicatura «pongan orden» en un procedimiento que ha definido como «errático, anómalo y que nadie comprende».
Las críticas también han llegado desde los socios parlamentarios del Ejecutivo. La portavoz de los comunes dentro de Sumar, Aina Vidal, ha asegurado que espera «poco o nada» del juez Peinado y del CGPJ, al tiempo que ha acusado al magistrado de estar «riéndose de todos» con sus decisiones.
Por su parte, la secretaria política de Podemos, Irene Montero, ha denunciado que la «derecha judicial» está haciendo «más política con las togas que el Gobierno desde las leyes» y ha acusado a determinados sectores judiciales de actuar sin pasar por las urnas.
El PP, en cambio, ha optado por reivindicar el respeto institucional. Su presidente, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado que respeta la decisión del CGPJ, aunque ha matizado que la apertura de un estudio disciplinario al juez no convierte a Begoña Gómez en inocente.
Feijóo ha considerado que algunos aspectos del auto del juez Peinado, como la referencia a los escoltas, pueden ser objeto de debate sobre su proporcionalidad, pero ha defendido que ni la actuación del Consejo ni esa parte del auto afectan a los hechos investigados ni a las responsabilidades que pudieran derivarse.
«Cuando una sentencia o una resolución te gusta, se apoya, y cuando no te gusta, se critica», ha señalado el líder popular, en referencia a la postura del Gobierno ante las decisiones judiciales.
Desde Vox, el portavoz nacional, José Antonio Fúster, ha acusado al Ejecutivo de impulsar un «ataque» contra el juez Peinado utilizando al CGPJ.
Según Vox, Sánchez estaría dispuesto a «atacar a los jueces» para mantenerse en el poder y el Consejo habría incurrido en una «ilegítima intromisión» al analizar la actuación del magistrado.