Agencias – El Consejo de Ministros del gobierno en funciones de España del presidente Mariano Rajoy Brey ha decidido hoy dar instrucciones para recurrir ante el Tribunal Constitucional (TC) las funciones de la Consejería de Asuntos Exteriores de la Generalidad de Cataluña y la Comisión de Estudios del Proceso Constituyente que se creará en el Parlamento autonómico de Cataluña para trabajar sobre el borrador de la nueva Constitución de la República Catalana entre otras cuestiones. Madrid, 22 enero 2016. Fotografía: La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros. efe.
La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría Antón, ha anunciado hoy esta decisión del Ejecutivo, adoptada tras estudiar los correspondientes informes presentados por los ministros de Hacienda y Administraciones Públicas y de Justicia. De este modo, el Ejecutivo impugnará el decreto que regula las atribuciones de la Consejería de Asuntos Exteriores, Relaciones Institucionales y Transparencia de la Generalitat en tanto que también está recurrida la ley de Acción Exterior catalana.
La Consejería, dirigida por Raül Romeva, es una de las principales novedades del Ejecutivo del president de la Generalitat, Carles Puigdemont Casamajó. El Consejo de Ministros también ha decidido recurrir la creación de la comisión de estudio del Proceso Constituyente en el Parlamento catalán, aprobada el miércoles 20 de enero gracias al voto favorable de Las formaciones Juntos Por El Sí, la CUP y Cataluña Sí Que Se Puede (CSQSP), la candidatura de Podemos al 27-S 2015.
Se trata de una comisión para abordar el «carácter y principios marco de un proceso constituyente en Cataluña», además de la «identificación de las reformas de cambio social, político y nacional que han de configurar dicho proceso». Aunque inicialmente debía tener rango legislativo, JxS y la CUP aceptaron rebajar la comisión a solo de estudio para contar con el apoyo de (CSQSP), eliminando además el término «Transición Nacional» del nombre de la misma.
La vicepresidenta del Gobierno ha explicado que aún no se ha decidido la fórmula para acudir al TC, es decir, si se interpondrá un recurso de inconstitucionalidad o un conflicto de competencias entre administraciones. Respecto a la Consellería de Exteriores, Sáenz de Santamaría ha dicho que, con su creación, el Gobierno catalán desarrolla la Ley de Acción Exterior de la Generalidad de Cataluña que fue recurrida por el Ejecutivo ante el TC, que aún no ha sentenciado sobre el recurso.
Lo que estudian los servicios jurídicos del Estado es la fórmula «para poner de manifiesto que se ha producido ese desarrollo» de la ley recurrida por el Gobierno. Si no se tratara del desarrollo de esa ley, ha continuado la vicepresidenta, la fórmula para acudir al TC sería «clarísimamente» un conflicto de competencias pero como «hay un proceso abierto sobre la misma cuestión» y «trae causa de la anterior», se está estudiando.
Respecto a la comisión de estudios creada en el Parlament, la vicepresidenta ha señalado que la propuesta que se llevó a la Junta de Portavoces de la cámara autonómica fue una «comisión legislativa de proceso constituyente». En esa reunión, ha argumentado, el propio secretario general del Parlament advirtió que se trataba «clarísimamente» de una infracción de la sentencia del Tribunal Constitucional que prohibía abrir un proceso de esa naturaleza, por lo que «se transformó en comisión de estudios».
«Indudablemente, este Gobierno tiene que tener la suficiente agilidad y, también, prudencia, para evitar que lo que quería hacerse de una manera no acabe convirtiéndose en otra a través de otra fórmula», ha declarado Sáenz de Santamaría. El Gobierno, ha agregado, analizará «muy bien» «a qué se va a dedicar» la comisión de estudios «y cuál va a ser el futuro de las decisiones que ahí se adopten», con el objetivo de ver «si algunas cosas se hacen para evitar otras» mediante «un uso del derecho que tampoco está permitido».
«Las cosas son lo que son y también lo que se persigue con ellas», ha subrayado. Así, el Gobierno ha dado instrucciones a la Abogacía del Estado para que prepare la fórmula procesal más adecuada para proceder a la interposición de los correspondientes recursos o conflictos de competencias ante el Tribunal Constitucional.
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