Agencias – La Audiencia Provincial ordenó reabrir la causa, que fue sobreseída en 2013. El Partido Popular insiste en que los equipos «no contenían información». Es la primera vez que un partido es investigado como persona jurídica. La instructora también cita como testigos a Bárcenas y a su secretaria. Madrid, 23 de enero 2016. Fotografía: Fuerte despliegue policial frente a la sede nacional del Partido Popular, en la calle Génova (Madrid). Foto Jorge París.
La juez que investiga el borrado de los ordenadores del extesorero del PP Luis Bárcenas ha citado al partido y a su actual tesorera, Carmen Navarro, para que el 4 de febrero declaren como investigados, la figura que ha sustituido a la de imputado tras la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal aprobada en solitario por los ‘populares’. El PP ha vuelto ha insistir en una nota que los ordenadores «no contenían información» tras conocer su imputación.
Es la primera vez que una formación política es investigada como persona jurídica, razón por la que la titular del Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid, Rosa Freire, ha citado a Navarro y a otro representante legal cuyo nombre no ha trascendido, según informa Europa Press. Un día antes, el 3 de febrero, están citados como testigos el propio Bárcenas; la que fue su secretaria Estrella Domínguez; el jefe de seguridad del partido en el momento de los hechos investigados, Antonio de la Fuente y el abogado del PP Alberto Durán.
La citación del PP como investigado en un presunto delito por este asunto se produce después de que la Audiencia Provincial de Madrid ordenara reabrir las diligencias previas que fueron archivadas en octubre de 2013 el pasado día 15 de enero. Los magistrados que tomaron esta decisión consideran que la decisión de sobreseer la causa del «borrado» de los discos duros en los ordenadores de Bárcenas se adoptó sin haber practicado ninguna investigación y que se desconoce quién o quiénes ordenaron en la sede del PP la destrucción de dicho material.
«Era público y notorio que Bárcenas estaba siendo sometido a investigación penal por graves delitos», señalaba el auto de la Audiencia que apunta que antes de decidir sobre la causa se debía interrogar al extesorero y consultar los datos que aportó a la Audiencia Nacional en un pen drive y varias carpetas. Así, pidió «examinar dicha documentación, contrastarla, y oír a Bárcenas sobre este extremo».
El PP insiste en que los ordenadores «no contenían información»
Tras conocer que ha sido citado como querellado, el Partido Popular ha difundido un comunicado en el que asegura que su tesorera y gerente, Carmen Navarro, ratificará ante la juez que los ordenadores «no contenían información» y que la que había «estaba contenida en el pendrive» que ya se entregó a los jueces, tal y como consta en su declaración judicial del 15 de julio de 2013.
«El PP siempre ha actuado y actuará en colaboración con la justicia y conforme a la ley», destaca la formación en la nota, en la que subraya que «se trata de un asunto archivado en octubre de 2013 por inexistencia de delito» y que «ahora se reabre» por el archivo de «IU y otros». Los populares añaden que «IU dirige su acusación sobre la tesorera del PP exclusivamente, en razón del cargo que ocupa», en referencia a que no hay verdadera materia para investigar.
Se trata de la segunda causa en la que Navarro se encuentra investigada puesto que seis días más tarde, el 9 de febrero, deberá comparecer igualmente acompañada de abogado ante el titular del juzgado de instrucción 2 de Madrid, Arturo Zamarriego, para aclarar, junto al asesor jurídico del partido, si la formación tuvo o no conocimiento de que Bárcenas había solicitado su reingreso a través de una carta que presuntamente recibió la jefa de personal, Milagros Puentes.
La denuncia contra el PP se interpuso en 2013
IU, ALA, Ecologistas en Acción y Federación los Verdes presentaron la primera querella sobre los ordenadores el 17 de octubre de 2013 ante el exjuez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, que consideró que el caso no era de su competencia y lo remitió a los juzgados de Plaza de Castilla tras advertir de que «la manipulación» de los datos contenidos en los dispositivos podía constituir un delito de encubrimiento o de daños informativos.
El juzgado 32 asumió la investigación pero su titular decidió archivar provisionalmente la investigación hace casi dos años al no apreciar la comisión de delito de daños, debido a que los ordenadores eran propiedad del PP aunque los usara el extesorero. Precisaba que tampoco se podía hablar, por el momento, de delito de encubrimiento porque la Audiencia Nacional aún no ha condenado a Bárcenas y para que haya encubrimiento tiene que estar probado el delito.
El archivo se produjo sin que la magistrada hubiera practicado prueba alguna ni tomara declaración a posibles imputados o testigos. El PP alegó que los discos duros habían sido destruidos para garantizar la confidencialidad de los datos que almacenaban debido a su «alto nivel de criticidad». Dicho sobreseimiento fue recurrido en apelación por las acusaciones. Incluso se llegó a extraviar el sumario de la causa en el traslado del expediente entre los juzgados de Madrid y la Audiencia Provincial de Madrid, el órgano judicial que debía resolver el recurso.
La querella se dirigió contra el propio PP como persona jurídica, al considerarle esta acusación penalmente responsable de los hechos. Es la primera querella que se presentaba en España contra un partido político, después de la reforma del Código Penal del pasado mes de enero de 2014 que lo hacia posible.
