Madrid, martes 22 de septiembre de 2026 (Lasvocesdelpueblo).- Escándalo diplomático por la llamada ‘Ley de Nietos’: La formación política Vox denuncia nacionalizaciones masivas sin acreditar el exilio. La formación patriota aporta un documento oficial de Transparencia que demuestra la imposición a los consulados de la polémica Instrucción de Sofía Puente, cuestionada formalmente por el Alto Tribunal.
El partido político Vox ha solicitado formalmente al Tribunal Supremo la declaración testifical de altos cargos del Ministerio de Asuntos Exteriores y de varios cónsules generales de España en el exterior. La formación patriota denuncia la presunta aplicación irregular y masiva de la disposición adicional octava de la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática, conocida popularmente como la ‘Ley de Nietos’.
Para sostener su acusación, han aportado una resolución oficial de Transparencia que acredita que el Gobierno instruyó a los consulados para aplicar de forma sistemática criterios que la propia justicia ha puesto en entredicho.
La polémica se centra en la llamada Instrucción de Sofía Puente —y su posterior modificación del 5 de noviembre de 2024—, dictada por la entonces Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública. Según el escrito de Vox, la Dirección General de Españoles en el Exterior y de Asuntos Consulares reconoció explícitamente haber impuesto de manera uniforme estos criterios a todas las oficinas consulares.
Sin embargo, el propio Tribunal Supremo ya advirtió formalmente en su momento que dicha instrucción «no parece ajustarse al contenido de la propia norma legal que interpreta», abriendo la puerta a una aplicación extensiva e ilegal de la ley.
Aluvión de solicitudes e irregularidades en Argentina
El impacto cuantitativo de la norma es masivo: la ‘Ley de Nietos’ ha generado cerca de 2,5 millones de peticiones de nacionalidad, de las cuales ya se han concedido aproximadamente 570.000. Hasta mayo de 2026, las oficinas consulares tramitaron presencialmente más de 1,2 millones de expedientes.
El foco principal de la avalancha se sitúa en Argentina, donde el Consulado General de España en Buenos Aires lidera la lista global con 645.052 solicitudes registradas hasta junio de este año.
Junto al volumen de datos, Vox incorpora en su escrito informaciones periodísticas que apuntan a graves irregularidades procedimentales, especialmente en el Consulado General de España en Rosario. De acuerdo con estas investigaciones, el consulado habría agrupado de manera masiva los expedientes de numerosos familiares en torno a un único ascendiente español sin exigir que cada solicitante acreditara de forma individualizada la condición de exiliado del abuelo o bisabuelo.
Esta reutilización de documentación aceleró los trámites de manera fraudulenta, detectándose casos donde más de treinta personas de una misma familia obtuvieron el pasaporte español en bloque.
Exigencia de responsabilidades en el Supremo
Ante lo que consideran una interpretación ilegal de la Ley de Memoria Democrática y un riesgo directo en la configuración fraudulenta del censo electoral de los residentes ausentes (CERA), Vox ha pedido al Alto Tribunal que cite a declarar de forma urgente a la actual Directora General de Españoles en el Exterior, Carolina de Manueles Álvarez, y a la exdirectora Sofía Puente.
La petición del partido también se extiende a los cónsules de España en Rosario y Buenos Aires, así como a todos los diplomáticos que han estado al frente de las oficinas consulares con mayor volumen de tramitación desde el año 2022, fecha en la que entró en vigor la normativa. Con esta ofensiva judicial, la formación busca determinar si las nacionalizaciones se ajustaron al estricto derecho o si se ejecutó un proceso de nacionalización masiva al margen de las exigencias legales.