España| Entrada en vigor de la Ley Trans que permite a los menores la mutilación genital

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FOTOGRAFÍA. MUNDO, 12.11.2022. Detalle de una persona transgénero (transexual) mirando en el espejo. Imagen Freepik/Lasvocesdelpueblo (Ñ Pueblo)

Lasvocesdelpueblo y Agencias.- Madrid (España), miércoles 1 de marzo de 2023. El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este miércoles la reforma de la ley del aborto, que permite abortar libremente a las mujeres mayores de 16 años durante las primeras 14 semanas de gestación, y la ley trans, que facilita la autodeterminación de género a los menores, ambas impulsadas por el Ministerio de Igualdad y que entrarán en vigor el 2 de marzo.

La ley del aborto elimina la necesidad de contar con el consentimiento paterno para las menores de 16 y 17 años y establece los hospitales públicos como centros de referencia para esta práctica.

El texto recoge la creación de un registro de objetores de conciencia para el personal sanitario y elimina la obligación de informar a la mujer sobre las prestaciones y ayudas de apoyo a la maternidad y también el plazo de reflexión de tres días.

La ley trans, promovida por el Ministerio de Igualdad del Gobierno de coalición de España que preside Pedro Sanchez Pérez Castejón, titular de la dirigente de Podemos y diputada de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados, Irene Montero Gil, reconoce la autodeterminación de género para mayores de 16 años, cualquier persona podrá cambiar su sexo registral sin necesidad de presentar informes médicos o psicológicos ni someterse a procesos de hormonación.

Se despatologiza el proceso de rectificación registral de la mención relativa al sexo, al que podrán acceder libremente las personas mayores de 16 años. Los menores de entre 14 y 16 deberán contar con el apoyo de sus padres, mientras que entre los 12 y los 14 años será necesaria una autorización judicial.

Los menores de 12 años no podrán cambiar su sexo, pero sí su nombre en los documentos oficiales.

Para el desarrollo y ejecución de la ley trans, el Gobierno tiene un plazo de un año desde su entrada en vigor para dictar cuantas disposiciones resulten necesarias.